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de actualidad

Una reforma controvertida

La enmienda de la Constitución con el fin de incluir un techo máximo de déficit que en el preacuerdo se ajusta al 0,4% del déficit estructural máximo de las Administraciones Públicas a partir de 2020, ha sido aprobada con los votos de PP y PSOE, que han pasado así una reforma muy polémica y que no ha tenido el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios ni de buena parte de la opinión pública, que considera que no debería haberse hecho una reforma de estas importancia sin convocar un referéndum.

En palabras del Gobierno y del principal partido de la oposición, la medida es necesaria para mandar un mensaje de firmeza y de confianza en el pago de la deuda a los mercados ante las posibles turbulencias que se avecinan de cara al otoño.

Sin embargo, esta idea no es compartida por algunos economistas, que consideran que el estado pierde así una herramienta de política fiscal, al limitar el gasto, típico motor de la economía en épocas de crisis y estancamiento por la falta de consumo. Además, pone en peligro el futuro del gasto social en el estado del bienestar en un momento de grave crisis, lo que puede ser muy contraproducente.  Como afirma Juan Torres López en su blog: “¿Qué adelantaría un país con tener estabilidad presupuestaria si al mismo tiempo carece del capital social y de las estructuras –físicas, educativas, sanitarias, sociales, culturales, relacionales o empresariales…- que son imprescindibles para que sus empresarios puedan crear riqueza y sus ciudadanos adquirir el imprescindible capital humano y el bienestar adecuado?”

La reforma fue gestionada por procedimiento de urgencia alcanzando la mayoría parlamentaria necesaria para su tramitación al Senado.  PSOE y PP consideran que dicho procedimiento venía contemplado en la Constitución y se justifica por la necesidad de aprobarla lo antes posible (antes del fin de la legislatura actual).

Por parte de los grupos contrarios, una enmienda de esta importancia debería tener una mayor legitimidad democrática contando con un mayor consenso de todos los grupos en el Congreso y convocando una consulta popular (referéndum).  Es, por ejemplo, la opinión de Ruben Martínez Dalmau, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia: “¿Quién puede, pues, legítimamente reformar una Constitución democrática? Si la Constitución no es otra cosa que la voluntad del poder constituyente, la respuesta a esta pregunta, desde el constitucionalismo democrático, no puede ser otra: sólo el pueblo puede modificar legítimamente su Constitución. Lo contrario es negar la naturaleza de la legitimidad del sistema democrático en el que creemos vivir”

Sin embargo, para el también catedrático Javier Pérez Royo se trataría de una necesidad para la supervivencia de la Unión Europea, y el inicio de reformas constitucionales en todos los países de la zona euro, cuyo precedente es la reforma constitucional alemana de 2009. “Puesto que no es posible todavía una Constitución Europea, hay que homogeneizar al menos las Constituciones de los distintos países en un tema tan decisivo como este.”, afirma.

Determinados especialistas consideran que es una medida que por sí sola no soluciona nada, ya que como dice José Manuel García-Margallo, vicepresidente de la comisión de asuntos económicos y monetarios del Parlamento Europeo: “se necesita un Gobierno económico, un presupuesto común, una cierta armonización fiscal, obligaciones comunes y un plan de choque para empezar a crecer”.  ya que si no se hace así podríamos asistir a la ruptura europea en dos, “un final que no interesa a nadie porque hasta los países que tienen sus cuentas más saneadas verían drásticamente mermadas sus exportaciones por la sobrevaloración de sus divisas y con su mercado natural, el europeo, gravemente debilitado. Eso sin contar con que los países europeos, aisladamente considerados, no tendrían peso alguno en los organismos internacionales que son los que deciden en este mundo globalizado”.

En el ambiente, espoleado especialmente por los partidos opositores y por movimientos afines del 15M se ha visto esta medida como una prueba más de una democracia con déficit no sólo presupuestario, sino también de representatividad.  Falta por ver también como puede afectar esto a las posibilidades del candidato socialista de cara a las elecciones del 20N, de cara a la posibilidad de remontar una diferencia que según los últimos sondeos estaba en trece puntos con respecto a Mariano Rajoy.

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