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Siria: Dos preguntas

La situación siria ha entrado en un callejón sin salida. Cuando se cumple el primer aniversario del levantamiento popular inspirado en la primavera árabe de Túnez y Egipto, el régimen de el Assad está decidido a resistir a cualquier precio, no dudando en sacar la artillería pesada para aplastar las revueltas que tienen su epicentro en Homs. Mientras, la comunidad internacional asiste impotente debido en parte al veto de China y Rusia de cualquier intervención militar. ¿Hay algo más que se pueda hacer? ¿Llegarán a tiempo las fuerzas de la ONU de evitar una guerra civil, que algunos consideran que existe ya de facto?

“Siria no es una primavera. Siria es, sobre todo, un tablero en el que se libra una partida que afecta a toda la región. En un bando se encuentran Arabia Saudí, las monarquías del golfo y Turquía (además de EE UU y la UE); en el otro, el régimen de Bashar el Assad, Irán, Hezbolá y Hamás…”

Así comentaba Ramón Lobo la situación siria en su blog para mostrarnos el complejo entramado de intereses estratégicos que se ponen en juego en torno a la cuestión siria y que ponen en jaque cualquier tipo de solución unánime y pactada por parte de las partes implicadas. Para comprender bien las dificultades, es necesario conocer tanto la situación interna del país, con una revuelta que presenta muchas dudas, como la situación de los países de la región, ya que todos se juegan algo en el futuro de Siria.

Y es que la situación en Siria se puede sintetizar a grandes rasgos intentando responder a dos preguntas clave:

¿Cuándo se le podrá llamar guerra civil al levantamiento que está sufriendo Siria?

En Siria nos encontramos con dos rebeliones paralelas: por un lado, la resistencia pacífica que viene utilizando técnicas bien conocidas de desobediencia civil ya utilizadas en Túnez y Egipto, como  las manifestaciones fugaces y espontáneas en diferentes puntos del país, y por otro lado, la rebelión armada, compuesta en gran medida por desertores del ejército, organizada en torno al Ejército Libre Sirio (ELS). La segunda forma de rebelión, consecuencia de la insuficiencia de la primera para lograr sus objetivos, va ganando adeptos día a día y hace temer que en el país estalle una guerra civil abierta.  Otros consideran que esta guerra ya ha empezado.

Para comprender los riesgos que supone una guerra civil para el futuro de Siria, hemos de entender que se trata de un país cuya composición religiosa presenta una peligrosa falla entre chiíes y suníes, enfrentados por su diferente concepción del Islam.  Tenemos así a la minoría alauita (que es una secta chiita), en la que se apoya una élite militar y burocrática que es la que sostiene al régimen, frente a una mayoría suní que ahora se rebela.  A la minoría alauita en el poder se unen también las minorías cristianas y drusa que temen las represalias que puedan sufrir por parte de los sunitas si estos llegasen a derrocar el régimen.

¿Pero por qué tiene el poder esta minoría? Para responderlo hemos de remontarnos al final de la I Guerra Mundial, cuando Francia establece un protectorado sobre Siria.  Para asegurarse un mejor control del país, estimuló las tendencias separatistas llegando a crear un auténtico estado independiente alauí, que duraría hasta la II Guerra Mundial.  Con la independencia, los granjeros alauíes, al abrigo de la ideología laicista y panarabista del partido Baaz, se fueron haciendo con todos los resortes del poder, incluidos las fuerzas armadas y el servicio de inteligencia.  El Baaz se hizo con el poder en 1963, y en 1970, uno de sus dirigentes, el general alauí Hafed el Assad, padre del actual gobernante, conquistó la presidencia.  Los alauíes, que ya eran la minoría hegemónica en el país, afianzaron aún más su poder a través del pacto que estableció Hafed el Assad con la burguesía suní de Damasco y Alepo: los alauíes llevarían las riendas del estado y los comerciantes suníes se dedicarían a sus negocios.

Alauíes y cristianos sirios han convivido pacíficamente con la mayoría suní durante décadas.  Pero el que la revuelta contra el Assad esté mayoritariamente protagonizada por suníes, y que las minorías alauí y cristiana se mantengan en general al lado del presidente, presagia lo peor.  En Homs los barrios suníes y alauíes están separados por puestos de control y se han cometido docenas de asesinatos sectarios. Por otro lado, resulta significativo que Alepo y Damasco, las dos grandes ciudades donde la burguesía mercantil suní se ha beneficiado del régimen, han permanecido hasta hace poco al margen de las revueltas. 

¿Por qué no interviene militarmente la comunidad internacional?

Una respuesta sencilla haría mención al veto de China y Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero hay más: los intereses de los actores regionales – sunitas y chiitas – por ganar influencia en la zona, y el miedo de una parte importante de la comunidad internacional a que una intervención en siria acabe degenerando en una situación de caos insuperable. El precedente de la invasión de Irak tampoco ayuda.

La falla antes mencionada entre sunitas y chiitas en Siria es homologable con la que atraviesa todo el Oriente Próximo. De hecho, uno de los grandes miedos es que esta rivalidad presente en Siria se internacionalice con tropas de uno u otro bando, convirtiéndose en un conflicto regional de consecuencias imprevisibles.  La sombra de Irán es clave en estas percepciones. Desde el triunfo de la revolución islámica en 1979 que puso al mando al primer gobierno chií en un país musulmán, los dirigentes suníes del resto de países han mirado con recelo a su vecino persa. De ahí que la transferecia de poder en Irak consecuencia de la invasión estadounidense de 2003 haya causado temor en gran parte de los países árabes, que denunciaron que el nuevo liderazgo en Bagdad suponía la existencia de un “arco chií” que les daba continuidad geográfica desde Teherán hasta un Líbano dominado por Hezbolá, pasando por Siria. Irán, por su parte, acosado por sanciones internacionales debido a su programa nuclear, no está dispuesto a perder a uno de sus principales aliadosIgnacio Álvarez-Ossorio, profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Alicante y autor de Siria contemporánea, traza alguno de los principales intereses en juego por parte de los países de la región:

  • Arabia Saudí: pretende exportar su modelo ultraortodoxo de Islam wahhabí al resto del mundo árabe y recuperar el terreno perdido en las últimas décadas para condicionar la labor de los gobiernos islamistas recién elegidos en Túnez y Egipto.
  • Irán: su objetivo es conservar a toda costa “el arco chií” e incluso extenderlo a otros países del golfo con población chií, como Bahrein. En este sentido hay que entender su intento de finalizar un programa nuclear que le consolidaría como potencia regional además de ser un arma disuasoria frente a sus grandes enemigos: Arabia Saudí, EE UU e Israel.
  • Líbano: Hezbolá, ahora en el gobierno, ha expresado un apoyo sin fisuras al presidente sirio y asumido como propia la tesis de un complot internacional e islamista, fomentado por Arabia Saudí y otros reinos del Pérsico, con la connivencia de EE UU. Lo que más le preocupa es que la caida de el Assad y una eventual llegada al poder de los suníes, apoyada por Ankara y Riad le deje aislado, revitalizando de paso a la comunidad suní libanesa.
  • Turquía: quiere ganar peso en la región y convertirse en un referente ideológico para los nuevos movimientos islamistas con su modelo de “islamodemocracia”, aunque está por ver si dicho modelo es realmente exportable a países muy diferentes.

Por otra parte, el veto ruso-chino a la intervención en Siria no puede entenderse sin aludir a los intereses estratégicos y comerciales que ambos países tienen con Siria, como afirma Ramón Lobo. El régimen sirio es uno de los últimos aliados de Rusia, procedente de la Guerra Fría, y también uno de sus principales clientes. Tanto rusos como chinos vieron como una derrota que su abstención en el caso de Libia sirviera para cambiar el régimen de Gadaffi. Ni uno ni otro quiere, por otra parte, sentar un precedente que podría ser empleado en un futuro cercano para intervenir en otros países (léase Irán), ni allanar el camino a EE UU para que refuerce su posición en la región.  No obstante, Moscú está intentando liderar unas conversaciones de paz con la oposición, conversaciones que creemos, cada día se vuelven más complicadas.

En un interesantísimo debate en The Economist, dos especialistas en Oriente Próximo se preguntan si la intervención militar de la comunidad internacional hará más daño que bien, o si por el contrario, es la única manera de acabar con el sufrimiento de la población, obligando a el Assad a dejar el poder. Ed Husain, miembro del Consejo de Estudios del Medio Oriente que asesora al Ministerio de Relaciones Exteriores británico, se muestra en contra de la intervención ya que: “la intervención militar en Siria está mal concebida, es cortoplacista, contraproducente, y probablemente generará más muertes y masacres de las que detendrá. (…) Siria es el hogar de variados y numerosos sectas religiosas, tribus, grupos étnicos y rivalidades históricas. En contraste con los levantamientos en Yemen, Egipto y Libia, no hemos sido testigos de defecciones políticas y militares de alto nivel dentro del país. Y las ciudades más grandes de Siria como Damasco y Alepo, han permanecido hasta ahora en relativa calma. Cualesquiera sean las razones; el miedo de, o un apoyo a Bashar al-Assad, la oposición no ha logrado movilizar a grupos clave dentro de Siria que nos hagan pensar que el régimen está perdiendo el control.” Husain considera que la política exterior no puede someterse al impulso moral o a la indignación, ya que “en un intento por detener la matanza de miles de personas en Siria, la intervención militar corre el riesgo de desatar fuerzas que podría matar a millones. (…) Con cristianos y otras minorías huyendo en todo el Oriente Medio, ¿es lo más adecuado poner en el poder a una disfuncional oposición sunita?” Por contra, Shadi Hamid, director de investigación del Centro Brookings de Doha y miembro del Centro Saban para Políticas sobre Medio Oriente, considera que “Una amenaza militar creíble es la única cosa factible, en este momento, para alterar los cálculos del régimen de Assad, que sigue apostando a que la comunidad internacional no podrá reunir la voluntad para intervenir. Lo mismo vale para los rusos, que, por ahora, simplemente no están dispuestos a ejercer presión real sobre Assad.” Hamid opina además que la amenaza militar es la mejor garantía para que la diplomacia funcione, evitando la masacre que lleva meses produciéndose contra el pueblo sirio: “una amenaza militar creíble, seguida, si es necesario, del establecimiento de “zonas seguras”, es también la mejor baza para impulsar la diplomacia internacional y evitar un punto muerto sin fin, o, peor, una guerra civil que divida al país durante los próximos años”.

Como afirma Álvarez-Ossorio, abandonado por el mundo árabe, asfixiado por las sanciones internacionales y estrangulado por una profunda crisis económica, todo parece indicar que, a pesar del apoyo iraní y ruso, el régimen de el Assad tiene los días contados. El gran perjudicado será, una vez más, la población civil, que deberá pagar con sangre el fin de esta cruenta espera.

El juez juzgado

Baltasar Garzón, el “juez estrella” gran perseguidor de delitos que saltaron a primera línea de los medios de comunicación nacionales e internacionales, ha terminado él mismo siendo juzgado.  Como el personaje de una tragedia griega, el hombre que iluminó caminos oscuros del derecho nacional e internacional ha sido castigado por algunos de sus compañeros de judicatura con el peor delito que puede cometer un juez: prevaricación.  Hasta tres causas abiertas simultáneamente de las que una ya ha dictado sentencia, poniendo fin a una carrera inolvidable, llena de admiradores y también de peligrosos enemigos.

El 14 de mayo de 2010 Baltasar Garzón bajaría por última vez de las escaleras de la Audiencia Nacional mientras se emocionaba por los calurosos aplausos de los funcionarios de su juzgado.  Rodeado por las cámaras, el juez abandonaba el tribunal del que había sido instructor durante casi 22 años.  No volvería nunca, ya que la sentencia del Tribunal Supremo por haber ordenado las escuchas de la trama Gürtel, le inhabilitará durante once años.

Garzón saltó a la fama nacional por sus investigaciones del entorno terrorista etarra y por el caso Nécora de la mafia gallega. Después, hizo un muy criticado paréntesis para unirse al PSOE de González, pero decepcionado con el puesto que aquel le ofreció, volvió a la carrera judicial desde donde investigo la trama de los GAL en la que fueron condenados el exministro del Interior José Barrionuevo y su secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera.  Su caso más mediático, con el que saltó a la fama internacional, fue su orden de detención al dictador Augusto Pinochet en 1998. Esta actuación puso la primera piedra de la denominada Justicia Universal, que la Audiencia Nacional ejerce desde entonces para perseguir delitos de lesa humanidad como los cometidos en la base estadounidense de Guantánamo o por países como China, Ruanda y Guatemala.

El delito del que se le acusa es el de haber cometido prevaricación.  “Prevaricatio/onis: delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta una autoridad, un juez o un funcionario”, (definición RAE). “Para que se pueda considerar prevaricación, una autoridad, juez u otro funcionario público debe dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas que dicha resolución es injusta.  Para que este delito sea punible, debe ser cometido por el funcionario en el ejercició de sus competencias.  Se considera que el bien tutelado es la administración pública”.  No se trata de un delito muy común, tan sólo se han dado ocho casos en dieciseis años desde la entrada en vigor del actual Código Penal.

A pesar de que durante su carrera el Supremo había rechazado decenas de querellas contra él, en 2009 decidió abrirle tres procedimientos por autorizar las escuchas de los abogados de Gürtel en prisión con sus defendidos, por declararse competente en investigar los crímenes del franquismo y por no abstenerse de no admitir a trámite causas pendientes del Banco Santander y otras grandes empresas con causas pendientes en su juzgado.

Este es un pequeño resúmen de las tres causas contra él:

  1. Causa por investigar los crímenes del franquismo.  Según la acusación, dichos delitos estaban amnistiados, habían prescrito y no eran competencia de la Audiencia Nacional.  Sin embargo, según instituciones de derechos humanos como el Tribunal Penal Internacional, en ningún caso los crímenes contra la humanidad prescriben, siendo por otro lado insuficiente la ley de amnistía de 1977.  En la misma línea, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU ha remitido a las recomendaciones emitidas en 2009 por el Comité de Derechos Humanos, según la cual España debería revocar dicha ley de amnistía.  El caso además ha sido polémico por razones de procedimiento, como el hecho de que la única acusación sea la del sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, sin que hayan presentado cargos contra él ni el Ministerio Público, ni ninguna parte directamente perjudicada por sus actuaciones.  También ha habido dudas sobre la imparcialidad objetiva de los magistrados, ejemplificada en el hecho de que el juez Luciano Varela facilitara a la acusación de Manos Limpias y Falange Española varios intentos para cambiar la redacción de su acusación con el fin de poder admitirla a trámite.
  2. Rechazar una querella contra un banco que le financió.  El 28 de enero de 2010, también por unanimidad, el Supremo abre una causa para investigar al juez por presuntos delitos de prevaricación y cohecho por el dinero que solicitó personalmente y recibió del entonces BSCH, BBVA, Cepsa, Endesa y Telefónica para financiar actividades durante su estancia en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006.  El delito se abría cometido porque al reincorporarse a la Audiencia Nacional, Garzón recibió una querella dirigida contra el presidente del entonces BSCH, Emilio Botín, y otros directivos de la entidad que unos meses antes había entregado una importante aportación para organizar dos series de coloquios.  Sin abstenerse, Garzón inadmitió esa querella. De nuevo, el procedimiento ha dado que hablar, al ser Manuel Marchena, el que instruyó el caso, uno de los juzgadores del mismo. Si bien ha sido archivado por prescripción, se ha puesto en duda la actuación del juez, al no levantar en el auto la sospecha de que los hechos “eran indiciarios de un delito de cohecho impropio”. 
  3. Gürtel: intervenir las conversaciones abogado-imputado.  Tras más de un año de investigación, en febrero de 2009 el juez Baltasar Garzón destapa a la red Gürtel.  Se investiga a un entramado de empresas que logró contratos millonarios con Administraciones gobernadas por el PP. Garzón envía a prisión a Francisco Correa, cabecilla de la trama, a su primo Antoine Sánchez y al exsecretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo. Durante la instrucción del caso, el juez ordena intervenir las conversaciones que los principales dirigentes de la trama mantienen con sus abogados al entender que pueden estar tratando de ocultar “millones de euros” en el extranjero.  Es el delito por el cual finalmente ha sido condenado a 11 años de inhabilitación.  Al igual que las otras dos causas, ha estado salpicada de dudas en cuanto a su procedimiento: La Fiscalía del Supremo calificó en febrero de 2010 de “fraude de ley” la querella presentada por el abogado Ignacio Peláez, pero el Supremo la admitió a trámite de todas formas. El fiscal presentó entonces un recurso de súplica al tribunal contra la admisión de la querella que fue rechazado. En ese recurso, el ministerio público argumentaba que la intervención de las grabaciones había contado en todo momento con la autorización judicial necesaria y que además habían proporcionado datos clave sobre las actividades de blanqueo de capitales de los imputados.  La sentencia condenatoria afirma que se atentó injustificadamente contra el derecho de defensa, al no existir “datos de ninguna clase que indicaran que los letrados mencionados en los hechos probados estaban aprovechando el ejercicio de defensa para cometer nuevos delitos” En cuanto al hecho de que para ser considerado prevaricación el juez debe saber que dicha acción es injusta afirma que “la resolución no se reputa injusta porque el juez la considere así (…) Lo que importa es que lo acordado no es defendible en Derecho, ni podría llegarse a ello por alguno de los métodos de interpretación de las normas admitidos en Derecho”.  También hace referencia a la Ley Penitenciaria que regula los límites de confidencialidad de las comunicaciones de los presos con sus abogados, recordando que solo pueden aplicarse esos límites a los casos de terrorismo y previa orden del juez competente. 

La clave de la condena está en considerar que la actuación del juez no se debe a un error de interpretación, sino a un acto arbitrario. “La injusticia consistió en acoger una interpretación de la ley según la cual podía intervenir las comunicaciones entre el imputado preso y su letrado defensor basándose solamente en la existencia de indicios respecto a la actividad criminal del primero, sin considerar necesario que tales indicios afectaran a los letrados”.  Al obrar de este modo, Garzón se abría apartado de las doctrinas del Tribunal Constitucional y del Supremo, “sin que su opción interpretativa viniera acompañada de un mínimo razonamiento explicativo de las razones que la sustentaban”.  Sin embargo, en opinión de Francesc Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB, no se puede probar que la resolución de Garzón de ordenar las escuchas sea ilegal, por lo que el elemento objetivo de la prevaricación (que la resolución sea injusta) al no cumplirse, deja inoperante el elemento subjetivo (que lo haga a sabiendas); “La Ley General Penitenciaria, de aplicación al caso, establece en su artículo 51.2 que la comunicación entre el recluso y su abogado sólo puede ser interceptada “por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo”.  La interpretación de este precepto no es clara: puede considerarse que sólo permite la intervención en los supuestos de terrorismo o siempre que la autoridad judicial lo considere oportuno en cualquier tipo de delito.  (…) Por tanto, Garzón – de acuerdo con parte de la doctrina y con el respaldo de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, además de otras resoluciones de tribunales españoles – se acoge a la interpretación del artículo 51.2 de la ley penitenciaria según la cual un juez instructor, si lo cree conveniente, puede intervenir las comunicaciones entre abogado y recluso con la finalidad de proseguir su legítima labor investigadora, siempre que tal medida sea motivada y proporcionada a la finalidad que se pretende. No obstante, es cierto que Garzón se aparta de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en este punto, pero dicha jurisprudencia “no es vinculante”.  Joan Queralt catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona en palabras a Time: “No fue correcto ordenar las escuchas, pero cuando otros jueces hicieron lo mismo, sus casos fueron desestimados, pero no acusados de prevaricación.  Es como expulsar a un doctor porque uno de sus pacientes murió”.  “La prevaricación sólo es posible cuando la actuación del juez es completamente insostenible, sin ninguna posible explicación jurídica.  Es evidente que nunca puede darse este supuesto cuando la misma decisión ha sido avalada después por otro juez instructor, por la Fiscalía y por un magistrado en un voto particular y sólo se persigue a uno de ellos”, advierte Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal de la UAB.  Muchos juristas además se quejan de que esta condena puede dar al traste con la necesaria independencia de los jueces para investigar delitos de corrupción: “Lo que hay aquí es un mensaje para todos los jueces: cuidado con lo que hacéis porque si os saltáis el guión os arriesgáis a que se os considere prevaricadores”, advierte Jaume Asens, de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona.

Reacciones

Más allá de su validez jurídica, lo cierto es que la condena al juez Baltasar Garzón no es comprendida ni aceptada por gran parte de la sociedad española. El diario El País publicó un sondeo de Metroscopia que mostraba que un 61% de los encuestados pensaban que el popular juez estaba siendo objeto de una persecución.

Sin lugar a dudas, la causa contra Garzón que más polémica ha levantado ha sido la de los desaparecidos del franquismo. Decenas de miles de personas se han movilizado estos días en Madrid y otras ciudades españolas  contra la “impunidad del franquismo”.  Muchos de ellos no entienden que se quiera castigar al único juez que ha intentado enjuiciar dichos crímenes.

Human Rights Watch y otras ONG de derechos humanos hicieron un comunicado conjunto en el que afirmaban que “desde el inicio de la investigación por prevaricación contra el juez Garzón por este asunto, el Tribunal Supremo ha intentado mantener el proceso al margen del escrutinio internacional denegando la declaración de testigos expertos en derecho internacional durante el juicio”, además de advertir también del “nefasto precedente que esta visión del Tribunal Supremo supone para el acceso a la justicia de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y en general, para el comportamiento de los tribunales nacionales a nivel mundial (…) el procesamiento del juez Garzón por el delito de prevaricación, es por tanto un asunto que tiene implicaciones que trascienden a España”.

“España es hoy una brillante democracia, pero el juicio contra Garzón, que empezó la semana pasada, es un inquietante eco del pensamiento totalitario de la época franquista”, afirma New York Times en un editorial el 5 de febrero. “Garzón es quizás excesivamente ruidoso y a veces se extralimita, pero perseguirlo por indagar en los crímenes de la era franquista es una ofensa contra la justicia y la historia. El Tribunal Supremo español nunca debió aceptar el caso”, concluye.

“Aunque muchos observadores dentro y fuera de España entienden el porque de los cargos contra el juez, tanto el extraordinario tratamiento que ha recibido y el hecho de que este caso es uno de los tres que hay pendientes contra él, han convencido a muchos de que Garzón está siendo víctima de una caza de brujas”, publicó Time.

Durante estos días se ha cuestionado mucho a la instancia superior del poder judicial español.  Diversas voces se han defendido de las duras acusaciones afirmando que dichas críticas son irresponsables por cuestionar el funcionamiento de la institución de Justicia.  Almudena Bernabéu, abogada española que forma parte del CJA (Centro para la justicia y la responsabilidad de San Francisco que juzga casos de justicia internacional), y compañera de Garzón considera que los argumentos de los abogados en contra de la condena siempre respetaron la legislación

En cualquier caso, la sentencia no ayudará a la pobre valoración de una Justicia a la que un 50% de los ciudadanos confiesan tener poca confianza, según revela el IV Barómetro Externo de la Abogacía.

ACTUALIZACIÓN 27 DE FEBRERO 2012 

El Tribunal Supremo ha absuelto al exjuez Baltasar Garzón del delito de prevaricación por haber intentado abrir una investigación por los crímenes del franquismo. El alto tribunal considera que Garzón incurrió en un error, como es calificar los hechos como crímenes contra la humanidad y que de ahí cuelgan los demás errores cometidos por el exmagistrado, aunque esos errores no constituyen delito de prevaricación. Entre los errores citados en la sentencia, está que en España solo es posible realizar una investigación cuando existe una persona física a la que investigar y en este caso es obvio que todos los ministros de Franco que Garzón incluyó como presuntos imputados estaban ya muertos. También que con la legislación vigente no se podía declarar, como hizo Garzón, que los crímenes fueran crímenes contra la humanidad que es un concepto muy posterior. En realidad no es una grave crítica a Garzón, ya que la sentencia destaca que España tiene un concepto muy restrictivo del principio de legalidad. En cuanto a la ley de Amnistía, entiende el tribunal que es una ley que está vigente y que solo el Parlamento puede derogarla si lo desea, pero nunca los jueces.  Mas información aquí.

Fotografías: Antonio Jesús Pérez Fernández

La caja de Pandora

La foto muestra las labores de exhumación de las 17 rosas de Guillena (Sevilla), 17 mujeres que fueron vejadas y fusiladas durante la Guerra Civil por ser familiares de milicianos republicanos y cuyos cuerpos quedaron ocultos hasta hace poco en una fosa en el cementerio de la localidad vecina de Gerena.

Dichas labores están generando una grandísima expectación, al punto de que los profesores del instituto de Gerena, colindante con el cementerio, llevan a sus alumnos a que observen las tareas arqueológicas y les dan clases in situ sobre quiénes eran estas mujeres y por qué están en esa fosa.

Para algunos, la recuperación de la memoria histórica tiene el propósito de hacer justicia, de encontrar a familiares desaparecidos, de no dejar impunes los delitos cometidos antes y después de la guerra civil.  Para otros, no sirve más que para reabrir viejas heridas, recordar los viejos rencores que con el paso de los años han ido quedando en el olvido.

Para estos últimos se trataría de abrir una caja de Pandora, que mejor debería permanecer cerrada…

Pandora, de singular belleza, fue el regalo envenenado que Zeus le hizo a Prometeo por haber robado el fuego y dárselo a los mortales.  El hermano de Prometeo no hizo caso de las advertencias de aquel y se enamoró perdidamente de la joven, que traía consigo una misteriosa caja, provista de tapadera.  La caja no debía abrirse bajo ningún concepto, pues contenía todos los males capaces de contaminar el mundo de desgracias, y también todos los bienes.  Uno de los bienes era la esperanza, consuelo del que sufre, que también permanecía encerrada en la caja.  Y es que, por aquel entonces, cuentan que la vida humana no conocía enfermedades, locuras, vicios o pobreza, aunque tampoco nobles sentimientos.

Pero Pandora no pudo resistir la curiosidad, abrió un día la caja dejando escapar así todos los males que, rápidamente, poblaron el mundo.  Cuentan que, por el contrario, los bienes subieron al Olimpo y se quedaron allí, junto a los dioses.

Todos menos uno, pues asustada, Pandora cerró la caja de golpe, dejando atrapada en el fondo de ella a la esperanza, tan necesaria desde entonces para superar los males que afligen al ser humano.

Bajando de la nube

El cierre de Megaupload, – popular sitio de almacenamiento que permitía subir y bajar archivos de Internet- ha desatado una ola de pánico entre otras páginas similares de descarga de archivos y ha reavivado el enconado debate entre partidarios y detractores de las descargas.  Más allá de posturas radicales presentes en cada bando, el tema implica muchos matices, como la justa retribución de los derechos de autor y el peligro de legislaciones intrusivas y foráneas sobre un territorio – Internet – que muchos consideran un espacio de libertad innegociable.

“El primer lugar de almacenaje del mundo” MegaUpload, la 13ª página más visitada del planeta, con un total de 180 millones de usuarios y con 135 millones de euros ganados sólo con publicidad, fue cerrada por el FBI al incurrir en presuntos delitos de fraude, infracción penal de derechos de la propiedad y blanqueo de dinero.

Para unos se trata de una intromisión inaceptable en el territorio del libre intercambio de información que representa Internet. Para otros, el merecido cierre de una página perteneciente al primer eslabón de lo que algunos llaman la “cadena de la piratería”  

¿Quién tiene razón? Probablemente y como en tantas otras ocasiones en la vida, todos tengan un poco y ninguno la tenga toda.  El tema es complejo, más de lo que parece a simple vista y empieza por considerar el propio funcionamiento de Internet, en el espacio que se ha denominado “la nube”.

¿Qué es la nube?

La nube o cloud computing es la posibilidad de subir datos, archivos a Internet.  También la capacidad de operar un programa desde una conexión de Internet sin necesidad de tenerlo instalado en el ordenador. Aunque el concepto le resulte nuevo, piense que todos la utilizamos a menudo.  Basta con que utilicemos nuestro correo electrónico y que adjuntemos en él por ejemplo una fotografía o cualquier documento para que, “por arte de magia”, dicho documento pase a estar disponible desde cualquier ordenador, en cualquier dispositivo de cualquier parte del mundo con acceso a Internet.  La fotografía ha dejado de pertenecernos, ha pasado de tener una sóla copia en nuestro disco duro para “subir” a la nube.  Puede que la foto real se encuentra ahora en una warehouse, conocido también como centros de datos o granjas de servidores.  No dejan de ser ordenadores, más potentes y desperdigados alrededor del mundo. A partir de ese momento es casi imposible saber donde se guarda la foto original, podría estar en París, Alemania o la India.  Sólo queda esperar que Google o Microsoft cuiden de ella. 

Sí, en efecto: la nube es Internet, es la propia esencia de la red de redes.

Pero no sólo su fotografía: la reducción de costes, la velocidad, el ahorro de infraestructuras y software…las empresas empiezan a aprovechar todas las posibilidades que les brinda “la nube”.  Así, entre un 25% y un 35% de las compañías españolas tienen ya algún tipo de apolicaciones en el cloud, según apunta Carlos Colell, de Softeng. Incluso las razonables dudas sobre seguridad y confidencialidad de los archivos está empezando a resolverse con meticulosos contratos bien regulados y protegidos, y con tecnologías cada vez más fiables.  Se trata de un sector de crecimiento emergente, que puede verse afectado sin embargo por la inseguridad jurídica que en la web generan determinadas actuaciones legales.

¿Qué es la SOPA?

En el corazón de las protestas en Internet se encuentra la nueva legislación estadounidense – aún en fase de aprobación – denominada SOPA (Stop Online Piracy Act), que plantea que la fiscalía pueda obtener una orden legal con la que obligar a los proveedores de acceso a Internet a bloquear cualquier sitio, sospechoso de contener enlaces a películas, series de televisión, videojuegos o cualquier otro contenido protegido por derechos de autor.  Quizás el punto más polémico está en que el plazo para acatar dicha orden, que sería de cinco días y sin necesidad de un juicio previo. Otra de sus provisiones incluye un mandato para que motores de búsqueda como Google retiren de sus resultados los vínculos a páginas que estén relacionadas con dichos sitios.

Las protestas ante la SOPA mantienen que se trata de una ley inconstitucional que facilitará la censura y supondrá un serio riesgo para la competitividad de las empresas estadounidenses, aislándolas en una burbuja del resto del mundo. La polémica ley ha generado de inmediato actos de protesta como el “apagón” de la Wikipedia y los más radicales ciber ataques de los “hacktivistas” de Annonymous.

El problema, y aquí volvemos a nuestra querida nube, es también de jurisdicción.  Imaginemos que Internet fuera un país, incluso que fuera Estados Unidos… ¿Dónde empezaría y dónde acabarían sus fronteras?

Para Paloma Llaneza, socia directora de Razona Legaltech, este tema ha generado una enorme preocupación al ser “un ejemplo de la universalización de la jurisdicción estadounidense a los asuntos de Internet, lo que nos deja al resto de los mortales en una indefensión de facto, pues pocos serán los que puedan personarse a defender sus derechos (los de los que almacenaban contenidos legítimos) ante una jurisdicción tan lejana y con costes legales tan elevados”  En el otro lado del espejo tenemos a “un juzgador estadounidense que, mientras ejerce los derechos de su industria en el extranjero, se niega a hacer efectivos los derechos de extranjeros en su territorio cuando las empresas con sede social en su jurisdicción infringen la legislación en muchos casos, de los países a los que dirigen sus negocios…Si Google o Facebook aceptaran someterse a las normas de protección de datos europeas cuando operan en Europa, veríamos cuán complicado es hacer viable un servicio así sujeto a nuestras limitaciones legales”.

Pero si Internet es una especie de tierra sin ley… ¿Quién defiende el legítimo derecho de los autores?

Alternativas legales, ilegales y P2P

Si hay algo que pone de manifiesto el cierre de MegaUpload es las dos posturas enfrentadas, ¿irreconciliables?, entre los que defienden los derechos de autor y los que defienden el derecho al libre intercambio de archivos sean estos propiedad intelectual o no.  O para decirlo más claramente: la discusión acerca de los derechos de autor y su retribución en la era de Internet.

Pero muchos sospechan que quizás ambas posturas no sean tan irreconciliables como se piensa, podría suceder que todos estuviesen hablando de lo mismo sin saberlo, o bien con diferentes palabras…

Derecho de autor no significa derecho de copia, algo que resulta obsoleto desde el advenimiento de Internet en el que las películas, música, libros, etc., ya no viajan en soporte físico, sino que se intercambian libremente por Internet, le guste a la industria o no.  Libre intercambio de archivos no significa vulneración sistemática de la propiedad o de la justa retribución de los autores, no pudiendo sostenerse en cualquier caso el que “porque lo hacen todos” está bien hecho.  También resulta frecuente la corrupción y la evasión de impuestos, y no por ello es justificable.

¿Qué hacer pues? Algo que parece destacar como una de las conclusiones  es que si MegaUpload ha funcionado – y no cabe duda de que así ha sido, viendo los enormes beneficios de su propietario – hay un posible y lucrativo modelo de negocio.  La gente quiere consumir películas y series de otra manera distinta, incluso pagando por ellas. Ya hay varios proyectos que buscan ser una alternativa legal, como Netflix y Lovefilm (de Amazon), y las españolas Wuaki, Youzee, ADNstream, Filmin, Canal + Yomvi o Filmotech.  El problema es que, en el caso de las plataformas españolas, el catálogo es reducido, con pocos estrenos y precios altos, en comparación con el estadounidense, más consolidado.  Para Enrique Dans, especialista en Internet y nuevas tecnologías, las páginas de descargas no son el problema, sino el síntoma, y están ahí porque hay un  mercado desatendido: “La verdadera respuesta es el mercado. Lo que hay que hacer es facilitar la aparición de páginas que ofrezcan un catálogo exhaustivo, una usabilidad exquisita, unas condiciones razonables y un precio disuasorio, mientras a la vez se trabajan las relaciones para que los usuarios dejen de ver a la industria como al enemigo más acérrimo. Se puede competir con lo gratis, por supuesto que se puede”

Lo que está claro es que nadie puede luchar contra el avance tecnológico y el cambio de paradigma.  Con páginas de descarga o sin ellas, los programas P2P de intercambio de ficheros de usuario a usuario, como Kazaa o eMule seguirán funcionando.  De la industria depende pues sacar el máximo partido a la enorme cantidad de personas deseosas de seguir escuchando música y viendo películas en Internet.