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La derrota más dulce

Nunca una derrota supo tan dulce. A tres escaños del partido popular, los 47 del PSOE le brindan la oportunidad de gobernar con el apoyo de IU y sus 12 asientos.  Ninguna encuesta adelantaba este resultado que arroja interesantes interrogantes de futuro, al convertir a Andalucía, a la espera de que la coalición entre socialistas e IU se concrete, en un referente a la oposición al gobierno central del PP.

Las encuestas se equivocaron y la marea azul del PP se detuvo en Despeñaperros.  Con una participación preocupantemente baja (más de diez puntos por debajo que hace cuatro años), los andaluces dieron al PP un apoyo insuficiente para gobernar.  Con 50 escaños, se quedan lejos del umbral de los 55 que les hubiera dado la mayoría absoluta, imprescindible para gobernar ante la más que probable coalición de izquierda que formaran el PSOE e IU, que duplica con 12 su anterior registro y tendrá un gran protagonismo como pieza clave de gobierno.

Pero esta victoria insuficiente del PP lleva además aparejada una serie de consecuencias que superan el ámbito regional de Andalucía.  Así, esta victoria da un balón de oxigeno al PSOE del recién elegido Rubalcaba, que además de frenar la debacle socialista, mantiene una plaza fuerte y simbólica para los socialistas. El futuro del PSOE se juega en Andalucía, comunidad que se convierte en la alternativa de izquierdas al programa de ajustes y reformas patrocinado por Bruselas que deberá llevar a cabo Rajoy esta legislatura. Es también una ocasión de oro para IU, en franco crecimiento debido al trasvase de voto socialista.  Ahora tendrá la oportunidad de vender caro su apoyo, orientando políticas de gobierno, bajo la atenta mirada de sus votantes actuales y potenciales.

Por parte del PP, los resultados dejan en una delicada situación a Javier Arenas, quien en su cuarto intento y a pesar de ganar por primera vez en Andalucía, no va a poder gobernar la Junta. Y es más que probable que una parte de la oposición vaya a utilizar los resultados como si de un referéndum negativo a la política de Rajoy se tratase, con el agravante de la huelga general a pocos días vista, y unos Presupuestos Generales que prometen dar que hablar.

Es el tiempo de los analistas del día después.  En los próximos días oiremos todo tipo de explicaciones de porque las encuestas se equivocaron tanto.  Dirán que tal vez fue la reforma laboral, o bien los esperados recortes, los que han pasado factura en Andalucía.  Otros hablarán de la abstención de unos votantes que se confiaron ante la victoria, o de la movilización de la izquierda en una región donde el sector público es especialmente importante.  Sea como sea, los andaluces han votado lo que han querido, no lo que decían las encuestas y dejan por tanto una importante lección a quien la quiera ver para no confundir en lo sucesivo opinión pública con opinión publicada ni esta con la decisión final de los electores.

Reformar en tiempos de crisis

La reforma laboral que ha diseñado el nuevo Ejecutivo y que ha sido calificada por el mismo de “histórica”, es un instrumento que pretende cambiar el mercado laboral español para hacer ganar a las empresas españolas en competitividad. A su favor se afirma que brinda otros sistemas aparte del despido para que las empresas puedan ajustar las plantillas en tiempo de crisis. En su contra, que abarata el despido y debilita la capacidad de negociación de los trabajadores.  En lo que sí coinciden todos es en que dicha reforma por sí sola no creará empleo si no vuelve a crecer la economía, aquejada de una fuerte recesión.  En medio del debate, los sindicatos preparan movilizaciones, como la de este domingo 11 de marzo y una posible huelga general.

Aprobada por Decreto de Ley en Consejo de Ministros, y apoyada en el Congreso durante el día de ayer, la reforma es ya una realidad mientras comienza su tramitación como proyecto de ley.

Estos son los puntos más importantes de la misma. Para más detalle, puedes leer el Decreto de Medidas Urgentes para la Reforma Laboral aquí.  O lee el proyecto de ley en el BOE aquí.

  • La indemnización por despido improcedente se reduce de 45 a 33 días. La reforma laboral rebaja la indemnización por despido improcedente para los contratos indefinidos de 45 a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades en lugar de 42 como hasta ahora, si bien se respetarán los derechos adquiridos por los trabajadores que ya son fijos.
  • Ampliación de las causas del despido objetivo. El despido objetivo -que permite a las empresas echar a empleados por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción- mantiene la misma indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, pero se amplían las causas por las que la empresa puede hacer uso del mismo, así por ejemplo, la disminución persistente de ingresos durante tres trimestres consecutivos será motivo suficiente para recurrir al despido.
  • No hará falta autorización previa de la administración para los ERE. El Gobierno suprime la exigencia de autorización administrativa previa para las regulaciones de empleo, algo que sólo existe en España y Grecia.
  • Las empresas estarán obligadas a hacer plan de recolocación si despiden a más de 100 trabajadores. La reforma laboral incorpora la obligación para las empresas que despidan a más de 100 trabajadores de articular un plan de recolocación externa diseñado para un periodo de, al menos, seis meses.
  • Nuevo contrato indefinido para PYMES. El Gobierno crea un nuevo contrato indefinido para los autónomos y las PYMES con menos de 50 trabajadores, que incluye una deducción de 3.000 euros por la contratación de un primer trabajador menor de 30 años. Además, por primera vez el desempleado podrá compatibilizar voluntariamente el nuevo sueldo con el 25% de la prestación que recibe. Al mismo tiempo, para que el contrato sea “atractivo” para el empleador a éste se le deducirá el 50 % de la prestación que recibe su empleado por espacio de un año. El periodo de prueba será de un año.
  • Reorientación de las bonificaciones a la contratación. Se fomenta la contratación indefinida de los jóvenes menores de 30 años con hasta 3.600 euros, mientras que para los parados de larga duración la cifra será de hasta 4.500 euros.
    La bonificación en la cuota de la Seguridad Social de hasta 3.600 euros será para emplear a jóvenes de entre 16 y 30 años durante tres años: el primer año la bonificación será de 1.000 euros, el segundo será de 1.100 euros y el tercero de 1.200 euros.
    En el caso de los parados de larga duración mayores de 45 años deberán llevar desempleados al menos 12 meses de los 18 anteriores a la contratación. También será progresiva la bonificación: en cada uno de los tres años será de 1.300 euros, cantidad a la que se podrán sumar otros 1.500 euros si se trata de una mujer y trabaja en un sector en el que tengan poca representación.
  • Acaban los encadenamientos de contratos temporales indefinidamente. El Gobierno quiere acabar en esta reforma laboral con la dualidad por lo que se acaban los encadenamientos de contratos temporales que superen los 24 meses a partir del 31 de diciembre de 2012.
  • Derecho a 20 horas de formación anuales para todos los trabajadores. El Gobierno crea una cuenta de formación para cada trabajador que incluirá el derecho a 20 horas de formación anuales pagadas por su empresa. Los trabajadores con más de un año de antigüedad tendrán un permiso retribuido de 20 horas de formación al año pagadas por su empresa y vinculado al puesto de trabajo. Se permitirá además que los centros de formación acreditados ejecuten directamente los planes de formación.
  • Impulso de un contrato para la formación. Para reducir el elevado desempleo juvenil y evitar que los jóvenes abandonen tempranamente sus estudios, en la reforma laboral se impulsa un contrato para la formación y el aprendizaje. La edad máxima para acceder a este tipo de contrato se mantiene en 30 años hasta que la tasa de paro baje del 15%.
  • Las ETT podrán actuar como agencias de colocación. Las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) funcionarán también como agencias de colocación en colaboración con las oficinas públicas de empleo.
  • Negociación colectiva: La prórroga máxima de los convenios colectivos vencidos será de dos años. La reforma laboral pone fin a la ultraactividad indefinida de los convenios, es decir de su prórroga automática cuando vence, y establece que las partes deberán negociar un nuevo convenio en el plazo máximo de dos años, fecha en la que dejará de estar vigente.
    La reforma laboral contempla que si no se alcanzase un acuerdo entre los agentes sociales la empresa iría a la solución extrajudicial de conflictos y, en su caso, al arbitraje, manteniendo el principio de voluntariedad.
  • Los convenios de empresa tienen prioridad. Para ahondar en la flexibilidad interna de las empresas y evitar que el despido sea el último recurso al que tenga que recurrir un empresario en caso de circunstancias difíciles, la reforma introduce la prioridad de los convenios de empresa independientemente de lo que se pacte en convenios de nivel superior.
  • Las empresas con dificultades podrán ‘descolgarse’ del convenio. Se facilita a las empresas en dificultades que se puedan “descolgar” del convenio, es decir no cumplir con lo pactado por las partes.
  • Plan especial de la Inspección de Trabajo. Esta medida debe servir para combatir el fraude y la economía sumergida.
  • Los directivos de banca sancionados no recibirán indemnización por despido. Los directivos de entidades financieras que hayan sido apartados de su cargo mediante un expediente disciplinario no tendrán derecho a percibir indemnización alguna. Además, se limitan las indemnizaciones por cese de actividad de estos directivos.

Han dicho de la reforma…

“Lo que creemos que el gobierno ha buscado ahora es limitarse a proteger y ampliar el poder de decisión de las empresas españolas a costa de los derechos de los trabajadores, posiblemente en la previsión de que no va a ser capaz de mejorar las condiciones del entorno económico a corto y medio plazo y que lo que se avecina es por tanto, muchos más y peores nubarrones en el panorama económico”
 Juan Torres López, catedrático de economía de la Universidad de Sevilla y miembro de Attac España, enlace.

“Esta reforma acaba con muchos años de desprotección empresarial. En España el 70% u 80% de los despidos han sido improcedentes, cuando la situación económica no hay que justificarla. (…) Esta reforma establece mecanismos de flexibilidad para que el despido sea la última alternativa”
Miguel Ángel Lujua, presidente de Confebask enlace.

“Una reforma laboral genera o debe generar confianza. Cuando el empresario confía en la reforma, entonces, invierte en puestos de trabajo” (…) “La reforma laboral (por sí sola) no creará empleo. Para generar empleo neto, se necesita un crecimiento del PIB entre el 2-2,5% mínimo. Lo que no se producirá ni en 2012 ni en 2013. La atonía del consumo, la falta de productividad de nuestras empresas, la situación de recesión en que nos hallamos, la sorprendente estanflación en materia de IPC y el no fluir del crédito bancario a las empresas, marcan una muy negra perspectiva en cuanto a creación de empleo”.
Esteban Ceca Megan, socio director de Ceca Magán Abogados y vicepresidente de ASNALA enlace.

Antonio Sampere, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y Socio Coordinador del Área Laboral en Gómez-Acebo & Pombo, considera que esta situación refleja un fracaso del derecho del trabajo producto de la incapacidad de los interlocutores sociales para encontrar otras medidas. “además de buenas normas laborales serán necesarias, a su vez, unas buenas prácticas laborales donde se puedan lograr el apoyo de todos los interlocutores para que la reforma funcione”.

Andrés Boix Palop, profesor de Derecho Administrativo, opinó en su blog de El País que la reforma laboral ataca la negociación colectiva por dos vías: restringiendo la ultraactividad de los convenios (antes en ausencia de un nuevo convenio, cuando expiraba el que estaba en vigor, éste quedaba prorrogado y eso era un enorme acicate para que la nueva negociación hubiera de mejorar condiciones, pues rebajarlas era complicadísimo ya que en ausencia de acuerdo, sindicatos y trabajadores podían seguir disfrutando de las condiciones pactadas en el pasado), y por otra parte, porque amplía las posibilidades de “descuelgue” sectorial y empresarial (los casos en los que una empresa puede desmarcarse del convenio en vigor para la negociación en el seno de esa concreta empresa) al justificaros por cuestiones organizativas y de productividad. Boix considera que la combinación de estas dos medidas liquida la función de los convenios colectivos como mecanismos protectores del trabajador. “Si al expirar el convenio éste deja de ser obligatorio para las empresas y pueden contratar con total libertad eso llevará a los sindicatos a perder gran parte de su poder negociador frente a convenios que se quieran rehacer a la baja. Si además el descuelgue es tan fácil, la clave acaba siendo la negociación empresa por empresa, donde el trabajador es habitualmente más débil”.

El principal partido de la oposición, el PSOE ya ha anunciado que interpondrá un recurso al Constitucional si la reforma no cambia durante la tramitación parlamentaria.  Según los socialistas, las vulneraciones constitucionales serían al menos tres. Por un lado, la nueva figura del contrato para empresas de menos de 50 trabajadores con un periodo de prueba de un año. “Es un plazo para despedir libre y gratuitamente, y en la Carta Magna no cabe el despido libre sin causa justa”, ha señalado Soraya Rodríguez, portavoz del grupo socialista en el Congreso; “Aquí se estaría incumpliendo el artículo 35 de la Constitución” (derecho al trabajo). Por otro lado, la posibilidad de que el empresario cambie las condiciones de trabajo, en especial la cuantía salarial, comunicándolo con un plazo de siete días si esta modificación no afecta a más de 10 trabajadores, es algo que en su opinión iría en contra del artículo 37.1. (condiciones negociación colectiva).  En cuanto al artículo 15 (principio de igualdad), Soraya consideró como inconstitucional la imposición de un arbitraje obligatorio cuando el empresario y los representantes de los trabajadores no se pongan de acuerdo sobre los descuelgues de los convenios, ya que dicha solución, ha concluido, ya fue declarada inconstitucional en 1981 por el alto tribunal. 

Siria: Dos preguntas

La situación siria ha entrado en un callejón sin salida. Cuando se cumple el primer aniversario del levantamiento popular inspirado en la primavera árabe de Túnez y Egipto, el régimen de el Assad está decidido a resistir a cualquier precio, no dudando en sacar la artillería pesada para aplastar las revueltas que tienen su epicentro en Homs. Mientras, la comunidad internacional asiste impotente debido en parte al veto de China y Rusia de cualquier intervención militar. ¿Hay algo más que se pueda hacer? ¿Llegarán a tiempo las fuerzas de la ONU de evitar una guerra civil, que algunos consideran que existe ya de facto?

“Siria no es una primavera. Siria es, sobre todo, un tablero en el que se libra una partida que afecta a toda la región. En un bando se encuentran Arabia Saudí, las monarquías del golfo y Turquía (además de EE UU y la UE); en el otro, el régimen de Bashar el Assad, Irán, Hezbolá y Hamás…”

Así comentaba Ramón Lobo la situación siria en su blog para mostrarnos el complejo entramado de intereses estratégicos que se ponen en juego en torno a la cuestión siria y que ponen en jaque cualquier tipo de solución unánime y pactada por parte de las partes implicadas. Para comprender bien las dificultades, es necesario conocer tanto la situación interna del país, con una revuelta que presenta muchas dudas, como la situación de los países de la región, ya que todos se juegan algo en el futuro de Siria.

Y es que la situación en Siria se puede sintetizar a grandes rasgos intentando responder a dos preguntas clave:

¿Cuándo se le podrá llamar guerra civil al levantamiento que está sufriendo Siria?

En Siria nos encontramos con dos rebeliones paralelas: por un lado, la resistencia pacífica que viene utilizando técnicas bien conocidas de desobediencia civil ya utilizadas en Túnez y Egipto, como  las manifestaciones fugaces y espontáneas en diferentes puntos del país, y por otro lado, la rebelión armada, compuesta en gran medida por desertores del ejército, organizada en torno al Ejército Libre Sirio (ELS). La segunda forma de rebelión, consecuencia de la insuficiencia de la primera para lograr sus objetivos, va ganando adeptos día a día y hace temer que en el país estalle una guerra civil abierta.  Otros consideran que esta guerra ya ha empezado.

Para comprender los riesgos que supone una guerra civil para el futuro de Siria, hemos de entender que se trata de un país cuya composición religiosa presenta una peligrosa falla entre chiíes y suníes, enfrentados por su diferente concepción del Islam.  Tenemos así a la minoría alauita (que es una secta chiita), en la que se apoya una élite militar y burocrática que es la que sostiene al régimen, frente a una mayoría suní que ahora se rebela.  A la minoría alauita en el poder se unen también las minorías cristianas y drusa que temen las represalias que puedan sufrir por parte de los sunitas si estos llegasen a derrocar el régimen.

¿Pero por qué tiene el poder esta minoría? Para responderlo hemos de remontarnos al final de la I Guerra Mundial, cuando Francia establece un protectorado sobre Siria.  Para asegurarse un mejor control del país, estimuló las tendencias separatistas llegando a crear un auténtico estado independiente alauí, que duraría hasta la II Guerra Mundial.  Con la independencia, los granjeros alauíes, al abrigo de la ideología laicista y panarabista del partido Baaz, se fueron haciendo con todos los resortes del poder, incluidos las fuerzas armadas y el servicio de inteligencia.  El Baaz se hizo con el poder en 1963, y en 1970, uno de sus dirigentes, el general alauí Hafed el Assad, padre del actual gobernante, conquistó la presidencia.  Los alauíes, que ya eran la minoría hegemónica en el país, afianzaron aún más su poder a través del pacto que estableció Hafed el Assad con la burguesía suní de Damasco y Alepo: los alauíes llevarían las riendas del estado y los comerciantes suníes se dedicarían a sus negocios.

Alauíes y cristianos sirios han convivido pacíficamente con la mayoría suní durante décadas.  Pero el que la revuelta contra el Assad esté mayoritariamente protagonizada por suníes, y que las minorías alauí y cristiana se mantengan en general al lado del presidente, presagia lo peor.  En Homs los barrios suníes y alauíes están separados por puestos de control y se han cometido docenas de asesinatos sectarios. Por otro lado, resulta significativo que Alepo y Damasco, las dos grandes ciudades donde la burguesía mercantil suní se ha beneficiado del régimen, han permanecido hasta hace poco al margen de las revueltas. 

¿Por qué no interviene militarmente la comunidad internacional?

Una respuesta sencilla haría mención al veto de China y Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero hay más: los intereses de los actores regionales – sunitas y chiitas – por ganar influencia en la zona, y el miedo de una parte importante de la comunidad internacional a que una intervención en siria acabe degenerando en una situación de caos insuperable. El precedente de la invasión de Irak tampoco ayuda.

La falla antes mencionada entre sunitas y chiitas en Siria es homologable con la que atraviesa todo el Oriente Próximo. De hecho, uno de los grandes miedos es que esta rivalidad presente en Siria se internacionalice con tropas de uno u otro bando, convirtiéndose en un conflicto regional de consecuencias imprevisibles.  La sombra de Irán es clave en estas percepciones. Desde el triunfo de la revolución islámica en 1979 que puso al mando al primer gobierno chií en un país musulmán, los dirigentes suníes del resto de países han mirado con recelo a su vecino persa. De ahí que la transferecia de poder en Irak consecuencia de la invasión estadounidense de 2003 haya causado temor en gran parte de los países árabes, que denunciaron que el nuevo liderazgo en Bagdad suponía la existencia de un “arco chií” que les daba continuidad geográfica desde Teherán hasta un Líbano dominado por Hezbolá, pasando por Siria. Irán, por su parte, acosado por sanciones internacionales debido a su programa nuclear, no está dispuesto a perder a uno de sus principales aliadosIgnacio Álvarez-Ossorio, profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Alicante y autor de Siria contemporánea, traza alguno de los principales intereses en juego por parte de los países de la región:

  • Arabia Saudí: pretende exportar su modelo ultraortodoxo de Islam wahhabí al resto del mundo árabe y recuperar el terreno perdido en las últimas décadas para condicionar la labor de los gobiernos islamistas recién elegidos en Túnez y Egipto.
  • Irán: su objetivo es conservar a toda costa “el arco chií” e incluso extenderlo a otros países del golfo con población chií, como Bahrein. En este sentido hay que entender su intento de finalizar un programa nuclear que le consolidaría como potencia regional además de ser un arma disuasoria frente a sus grandes enemigos: Arabia Saudí, EE UU e Israel.
  • Líbano: Hezbolá, ahora en el gobierno, ha expresado un apoyo sin fisuras al presidente sirio y asumido como propia la tesis de un complot internacional e islamista, fomentado por Arabia Saudí y otros reinos del Pérsico, con la connivencia de EE UU. Lo que más le preocupa es que la caida de el Assad y una eventual llegada al poder de los suníes, apoyada por Ankara y Riad le deje aislado, revitalizando de paso a la comunidad suní libanesa.
  • Turquía: quiere ganar peso en la región y convertirse en un referente ideológico para los nuevos movimientos islamistas con su modelo de “islamodemocracia”, aunque está por ver si dicho modelo es realmente exportable a países muy diferentes.

Por otra parte, el veto ruso-chino a la intervención en Siria no puede entenderse sin aludir a los intereses estratégicos y comerciales que ambos países tienen con Siria, como afirma Ramón Lobo. El régimen sirio es uno de los últimos aliados de Rusia, procedente de la Guerra Fría, y también uno de sus principales clientes. Tanto rusos como chinos vieron como una derrota que su abstención en el caso de Libia sirviera para cambiar el régimen de Gadaffi. Ni uno ni otro quiere, por otra parte, sentar un precedente que podría ser empleado en un futuro cercano para intervenir en otros países (léase Irán), ni allanar el camino a EE UU para que refuerce su posición en la región.  No obstante, Moscú está intentando liderar unas conversaciones de paz con la oposición, conversaciones que creemos, cada día se vuelven más complicadas.

En un interesantísimo debate en The Economist, dos especialistas en Oriente Próximo se preguntan si la intervención militar de la comunidad internacional hará más daño que bien, o si por el contrario, es la única manera de acabar con el sufrimiento de la población, obligando a el Assad a dejar el poder. Ed Husain, miembro del Consejo de Estudios del Medio Oriente que asesora al Ministerio de Relaciones Exteriores británico, se muestra en contra de la intervención ya que: “la intervención militar en Siria está mal concebida, es cortoplacista, contraproducente, y probablemente generará más muertes y masacres de las que detendrá. (…) Siria es el hogar de variados y numerosos sectas religiosas, tribus, grupos étnicos y rivalidades históricas. En contraste con los levantamientos en Yemen, Egipto y Libia, no hemos sido testigos de defecciones políticas y militares de alto nivel dentro del país. Y las ciudades más grandes de Siria como Damasco y Alepo, han permanecido hasta ahora en relativa calma. Cualesquiera sean las razones; el miedo de, o un apoyo a Bashar al-Assad, la oposición no ha logrado movilizar a grupos clave dentro de Siria que nos hagan pensar que el régimen está perdiendo el control.” Husain considera que la política exterior no puede someterse al impulso moral o a la indignación, ya que “en un intento por detener la matanza de miles de personas en Siria, la intervención militar corre el riesgo de desatar fuerzas que podría matar a millones. (…) Con cristianos y otras minorías huyendo en todo el Oriente Medio, ¿es lo más adecuado poner en el poder a una disfuncional oposición sunita?” Por contra, Shadi Hamid, director de investigación del Centro Brookings de Doha y miembro del Centro Saban para Políticas sobre Medio Oriente, considera que “Una amenaza militar creíble es la única cosa factible, en este momento, para alterar los cálculos del régimen de Assad, que sigue apostando a que la comunidad internacional no podrá reunir la voluntad para intervenir. Lo mismo vale para los rusos, que, por ahora, simplemente no están dispuestos a ejercer presión real sobre Assad.” Hamid opina además que la amenaza militar es la mejor garantía para que la diplomacia funcione, evitando la masacre que lleva meses produciéndose contra el pueblo sirio: “una amenaza militar creíble, seguida, si es necesario, del establecimiento de “zonas seguras”, es también la mejor baza para impulsar la diplomacia internacional y evitar un punto muerto sin fin, o, peor, una guerra civil que divida al país durante los próximos años”.

Como afirma Álvarez-Ossorio, abandonado por el mundo árabe, asfixiado por las sanciones internacionales y estrangulado por una profunda crisis económica, todo parece indicar que, a pesar del apoyo iraní y ruso, el régimen de el Assad tiene los días contados. El gran perjudicado será, una vez más, la población civil, que deberá pagar con sangre el fin de esta cruenta espera.

El juez juzgado

Baltasar Garzón, el “juez estrella” gran perseguidor de delitos que saltaron a primera línea de los medios de comunicación nacionales e internacionales, ha terminado él mismo siendo juzgado.  Como el personaje de una tragedia griega, el hombre que iluminó caminos oscuros del derecho nacional e internacional ha sido castigado por algunos de sus compañeros de judicatura con el peor delito que puede cometer un juez: prevaricación.  Hasta tres causas abiertas simultáneamente de las que una ya ha dictado sentencia, poniendo fin a una carrera inolvidable, llena de admiradores y también de peligrosos enemigos.

El 14 de mayo de 2010 Baltasar Garzón bajaría por última vez de las escaleras de la Audiencia Nacional mientras se emocionaba por los calurosos aplausos de los funcionarios de su juzgado.  Rodeado por las cámaras, el juez abandonaba el tribunal del que había sido instructor durante casi 22 años.  No volvería nunca, ya que la sentencia del Tribunal Supremo por haber ordenado las escuchas de la trama Gürtel, le inhabilitará durante once años.

Garzón saltó a la fama nacional por sus investigaciones del entorno terrorista etarra y por el caso Nécora de la mafia gallega. Después, hizo un muy criticado paréntesis para unirse al PSOE de González, pero decepcionado con el puesto que aquel le ofreció, volvió a la carrera judicial desde donde investigo la trama de los GAL en la que fueron condenados el exministro del Interior José Barrionuevo y su secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera.  Su caso más mediático, con el que saltó a la fama internacional, fue su orden de detención al dictador Augusto Pinochet en 1998. Esta actuación puso la primera piedra de la denominada Justicia Universal, que la Audiencia Nacional ejerce desde entonces para perseguir delitos de lesa humanidad como los cometidos en la base estadounidense de Guantánamo o por países como China, Ruanda y Guatemala.

El delito del que se le acusa es el de haber cometido prevaricación.  “Prevaricatio/onis: delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta una autoridad, un juez o un funcionario”, (definición RAE). “Para que se pueda considerar prevaricación, una autoridad, juez u otro funcionario público debe dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas que dicha resolución es injusta.  Para que este delito sea punible, debe ser cometido por el funcionario en el ejercició de sus competencias.  Se considera que el bien tutelado es la administración pública”.  No se trata de un delito muy común, tan sólo se han dado ocho casos en dieciseis años desde la entrada en vigor del actual Código Penal.

A pesar de que durante su carrera el Supremo había rechazado decenas de querellas contra él, en 2009 decidió abrirle tres procedimientos por autorizar las escuchas de los abogados de Gürtel en prisión con sus defendidos, por declararse competente en investigar los crímenes del franquismo y por no abstenerse de no admitir a trámite causas pendientes del Banco Santander y otras grandes empresas con causas pendientes en su juzgado.

Este es un pequeño resúmen de las tres causas contra él:

  1. Causa por investigar los crímenes del franquismo.  Según la acusación, dichos delitos estaban amnistiados, habían prescrito y no eran competencia de la Audiencia Nacional.  Sin embargo, según instituciones de derechos humanos como el Tribunal Penal Internacional, en ningún caso los crímenes contra la humanidad prescriben, siendo por otro lado insuficiente la ley de amnistía de 1977.  En la misma línea, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU ha remitido a las recomendaciones emitidas en 2009 por el Comité de Derechos Humanos, según la cual España debería revocar dicha ley de amnistía.  El caso además ha sido polémico por razones de procedimiento, como el hecho de que la única acusación sea la del sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, sin que hayan presentado cargos contra él ni el Ministerio Público, ni ninguna parte directamente perjudicada por sus actuaciones.  También ha habido dudas sobre la imparcialidad objetiva de los magistrados, ejemplificada en el hecho de que el juez Luciano Varela facilitara a la acusación de Manos Limpias y Falange Española varios intentos para cambiar la redacción de su acusación con el fin de poder admitirla a trámite.
  2. Rechazar una querella contra un banco que le financió.  El 28 de enero de 2010, también por unanimidad, el Supremo abre una causa para investigar al juez por presuntos delitos de prevaricación y cohecho por el dinero que solicitó personalmente y recibió del entonces BSCH, BBVA, Cepsa, Endesa y Telefónica para financiar actividades durante su estancia en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006.  El delito se abría cometido porque al reincorporarse a la Audiencia Nacional, Garzón recibió una querella dirigida contra el presidente del entonces BSCH, Emilio Botín, y otros directivos de la entidad que unos meses antes había entregado una importante aportación para organizar dos series de coloquios.  Sin abstenerse, Garzón inadmitió esa querella. De nuevo, el procedimiento ha dado que hablar, al ser Manuel Marchena, el que instruyó el caso, uno de los juzgadores del mismo. Si bien ha sido archivado por prescripción, se ha puesto en duda la actuación del juez, al no levantar en el auto la sospecha de que los hechos “eran indiciarios de un delito de cohecho impropio”. 
  3. Gürtel: intervenir las conversaciones abogado-imputado.  Tras más de un año de investigación, en febrero de 2009 el juez Baltasar Garzón destapa a la red Gürtel.  Se investiga a un entramado de empresas que logró contratos millonarios con Administraciones gobernadas por el PP. Garzón envía a prisión a Francisco Correa, cabecilla de la trama, a su primo Antoine Sánchez y al exsecretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo. Durante la instrucción del caso, el juez ordena intervenir las conversaciones que los principales dirigentes de la trama mantienen con sus abogados al entender que pueden estar tratando de ocultar “millones de euros” en el extranjero.  Es el delito por el cual finalmente ha sido condenado a 11 años de inhabilitación.  Al igual que las otras dos causas, ha estado salpicada de dudas en cuanto a su procedimiento: La Fiscalía del Supremo calificó en febrero de 2010 de “fraude de ley” la querella presentada por el abogado Ignacio Peláez, pero el Supremo la admitió a trámite de todas formas. El fiscal presentó entonces un recurso de súplica al tribunal contra la admisión de la querella que fue rechazado. En ese recurso, el ministerio público argumentaba que la intervención de las grabaciones había contado en todo momento con la autorización judicial necesaria y que además habían proporcionado datos clave sobre las actividades de blanqueo de capitales de los imputados.  La sentencia condenatoria afirma que se atentó injustificadamente contra el derecho de defensa, al no existir “datos de ninguna clase que indicaran que los letrados mencionados en los hechos probados estaban aprovechando el ejercicio de defensa para cometer nuevos delitos” En cuanto al hecho de que para ser considerado prevaricación el juez debe saber que dicha acción es injusta afirma que “la resolución no se reputa injusta porque el juez la considere así (…) Lo que importa es que lo acordado no es defendible en Derecho, ni podría llegarse a ello por alguno de los métodos de interpretación de las normas admitidos en Derecho”.  También hace referencia a la Ley Penitenciaria que regula los límites de confidencialidad de las comunicaciones de los presos con sus abogados, recordando que solo pueden aplicarse esos límites a los casos de terrorismo y previa orden del juez competente. 

La clave de la condena está en considerar que la actuación del juez no se debe a un error de interpretación, sino a un acto arbitrario. “La injusticia consistió en acoger una interpretación de la ley según la cual podía intervenir las comunicaciones entre el imputado preso y su letrado defensor basándose solamente en la existencia de indicios respecto a la actividad criminal del primero, sin considerar necesario que tales indicios afectaran a los letrados”.  Al obrar de este modo, Garzón se abría apartado de las doctrinas del Tribunal Constitucional y del Supremo, “sin que su opción interpretativa viniera acompañada de un mínimo razonamiento explicativo de las razones que la sustentaban”.  Sin embargo, en opinión de Francesc Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB, no se puede probar que la resolución de Garzón de ordenar las escuchas sea ilegal, por lo que el elemento objetivo de la prevaricación (que la resolución sea injusta) al no cumplirse, deja inoperante el elemento subjetivo (que lo haga a sabiendas); “La Ley General Penitenciaria, de aplicación al caso, establece en su artículo 51.2 que la comunicación entre el recluso y su abogado sólo puede ser interceptada “por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo”.  La interpretación de este precepto no es clara: puede considerarse que sólo permite la intervención en los supuestos de terrorismo o siempre que la autoridad judicial lo considere oportuno en cualquier tipo de delito.  (…) Por tanto, Garzón – de acuerdo con parte de la doctrina y con el respaldo de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, además de otras resoluciones de tribunales españoles – se acoge a la interpretación del artículo 51.2 de la ley penitenciaria según la cual un juez instructor, si lo cree conveniente, puede intervenir las comunicaciones entre abogado y recluso con la finalidad de proseguir su legítima labor investigadora, siempre que tal medida sea motivada y proporcionada a la finalidad que se pretende. No obstante, es cierto que Garzón se aparta de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en este punto, pero dicha jurisprudencia “no es vinculante”.  Joan Queralt catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona en palabras a Time: “No fue correcto ordenar las escuchas, pero cuando otros jueces hicieron lo mismo, sus casos fueron desestimados, pero no acusados de prevaricación.  Es como expulsar a un doctor porque uno de sus pacientes murió”.  “La prevaricación sólo es posible cuando la actuación del juez es completamente insostenible, sin ninguna posible explicación jurídica.  Es evidente que nunca puede darse este supuesto cuando la misma decisión ha sido avalada después por otro juez instructor, por la Fiscalía y por un magistrado en un voto particular y sólo se persigue a uno de ellos”, advierte Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal de la UAB.  Muchos juristas además se quejan de que esta condena puede dar al traste con la necesaria independencia de los jueces para investigar delitos de corrupción: “Lo que hay aquí es un mensaje para todos los jueces: cuidado con lo que hacéis porque si os saltáis el guión os arriesgáis a que se os considere prevaricadores”, advierte Jaume Asens, de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona.

Reacciones

Más allá de su validez jurídica, lo cierto es que la condena al juez Baltasar Garzón no es comprendida ni aceptada por gran parte de la sociedad española. El diario El País publicó un sondeo de Metroscopia que mostraba que un 61% de los encuestados pensaban que el popular juez estaba siendo objeto de una persecución.

Sin lugar a dudas, la causa contra Garzón que más polémica ha levantado ha sido la de los desaparecidos del franquismo. Decenas de miles de personas se han movilizado estos días en Madrid y otras ciudades españolas  contra la “impunidad del franquismo”.  Muchos de ellos no entienden que se quiera castigar al único juez que ha intentado enjuiciar dichos crímenes.

Human Rights Watch y otras ONG de derechos humanos hicieron un comunicado conjunto en el que afirmaban que “desde el inicio de la investigación por prevaricación contra el juez Garzón por este asunto, el Tribunal Supremo ha intentado mantener el proceso al margen del escrutinio internacional denegando la declaración de testigos expertos en derecho internacional durante el juicio”, además de advertir también del “nefasto precedente que esta visión del Tribunal Supremo supone para el acceso a la justicia de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y en general, para el comportamiento de los tribunales nacionales a nivel mundial (…) el procesamiento del juez Garzón por el delito de prevaricación, es por tanto un asunto que tiene implicaciones que trascienden a España”.

“España es hoy una brillante democracia, pero el juicio contra Garzón, que empezó la semana pasada, es un inquietante eco del pensamiento totalitario de la época franquista”, afirma New York Times en un editorial el 5 de febrero. “Garzón es quizás excesivamente ruidoso y a veces se extralimita, pero perseguirlo por indagar en los crímenes de la era franquista es una ofensa contra la justicia y la historia. El Tribunal Supremo español nunca debió aceptar el caso”, concluye.

“Aunque muchos observadores dentro y fuera de España entienden el porque de los cargos contra el juez, tanto el extraordinario tratamiento que ha recibido y el hecho de que este caso es uno de los tres que hay pendientes contra él, han convencido a muchos de que Garzón está siendo víctima de una caza de brujas”, publicó Time.

Durante estos días se ha cuestionado mucho a la instancia superior del poder judicial español.  Diversas voces se han defendido de las duras acusaciones afirmando que dichas críticas son irresponsables por cuestionar el funcionamiento de la institución de Justicia.  Almudena Bernabéu, abogada española que forma parte del CJA (Centro para la justicia y la responsabilidad de San Francisco que juzga casos de justicia internacional), y compañera de Garzón considera que los argumentos de los abogados en contra de la condena siempre respetaron la legislación

En cualquier caso, la sentencia no ayudará a la pobre valoración de una Justicia a la que un 50% de los ciudadanos confiesan tener poca confianza, según revela el IV Barómetro Externo de la Abogacía.

ACTUALIZACIÓN 27 DE FEBRERO 2012 

El Tribunal Supremo ha absuelto al exjuez Baltasar Garzón del delito de prevaricación por haber intentado abrir una investigación por los crímenes del franquismo. El alto tribunal considera que Garzón incurrió en un error, como es calificar los hechos como crímenes contra la humanidad y que de ahí cuelgan los demás errores cometidos por el exmagistrado, aunque esos errores no constituyen delito de prevaricación. Entre los errores citados en la sentencia, está que en España solo es posible realizar una investigación cuando existe una persona física a la que investigar y en este caso es obvio que todos los ministros de Franco que Garzón incluyó como presuntos imputados estaban ya muertos. También que con la legislación vigente no se podía declarar, como hizo Garzón, que los crímenes fueran crímenes contra la humanidad que es un concepto muy posterior. En realidad no es una grave crítica a Garzón, ya que la sentencia destaca que España tiene un concepto muy restrictivo del principio de legalidad. En cuanto a la ley de Amnistía, entiende el tribunal que es una ley que está vigente y que solo el Parlamento puede derogarla si lo desea, pero nunca los jueces.  Mas información aquí.

Fotografías: Antonio Jesús Pérez Fernández

Bajando de la nube

El cierre de Megaupload, – popular sitio de almacenamiento que permitía subir y bajar archivos de Internet- ha desatado una ola de pánico entre otras páginas similares de descarga de archivos y ha reavivado el enconado debate entre partidarios y detractores de las descargas.  Más allá de posturas radicales presentes en cada bando, el tema implica muchos matices, como la justa retribución de los derechos de autor y el peligro de legislaciones intrusivas y foráneas sobre un territorio – Internet – que muchos consideran un espacio de libertad innegociable.

“El primer lugar de almacenaje del mundo” MegaUpload, la 13ª página más visitada del planeta, con un total de 180 millones de usuarios y con 135 millones de euros ganados sólo con publicidad, fue cerrada por el FBI al incurrir en presuntos delitos de fraude, infracción penal de derechos de la propiedad y blanqueo de dinero.

Para unos se trata de una intromisión inaceptable en el territorio del libre intercambio de información que representa Internet. Para otros, el merecido cierre de una página perteneciente al primer eslabón de lo que algunos llaman la “cadena de la piratería”  

¿Quién tiene razón? Probablemente y como en tantas otras ocasiones en la vida, todos tengan un poco y ninguno la tenga toda.  El tema es complejo, más de lo que parece a simple vista y empieza por considerar el propio funcionamiento de Internet, en el espacio que se ha denominado “la nube”.

¿Qué es la nube?

La nube o cloud computing es la posibilidad de subir datos, archivos a Internet.  También la capacidad de operar un programa desde una conexión de Internet sin necesidad de tenerlo instalado en el ordenador. Aunque el concepto le resulte nuevo, piense que todos la utilizamos a menudo.  Basta con que utilicemos nuestro correo electrónico y que adjuntemos en él por ejemplo una fotografía o cualquier documento para que, “por arte de magia”, dicho documento pase a estar disponible desde cualquier ordenador, en cualquier dispositivo de cualquier parte del mundo con acceso a Internet.  La fotografía ha dejado de pertenecernos, ha pasado de tener una sóla copia en nuestro disco duro para “subir” a la nube.  Puede que la foto real se encuentra ahora en una warehouse, conocido también como centros de datos o granjas de servidores.  No dejan de ser ordenadores, más potentes y desperdigados alrededor del mundo. A partir de ese momento es casi imposible saber donde se guarda la foto original, podría estar en París, Alemania o la India.  Sólo queda esperar que Google o Microsoft cuiden de ella. 

Sí, en efecto: la nube es Internet, es la propia esencia de la red de redes.

Pero no sólo su fotografía: la reducción de costes, la velocidad, el ahorro de infraestructuras y software…las empresas empiezan a aprovechar todas las posibilidades que les brinda “la nube”.  Así, entre un 25% y un 35% de las compañías españolas tienen ya algún tipo de apolicaciones en el cloud, según apunta Carlos Colell, de Softeng. Incluso las razonables dudas sobre seguridad y confidencialidad de los archivos está empezando a resolverse con meticulosos contratos bien regulados y protegidos, y con tecnologías cada vez más fiables.  Se trata de un sector de crecimiento emergente, que puede verse afectado sin embargo por la inseguridad jurídica que en la web generan determinadas actuaciones legales.

¿Qué es la SOPA?

En el corazón de las protestas en Internet se encuentra la nueva legislación estadounidense – aún en fase de aprobación – denominada SOPA (Stop Online Piracy Act), que plantea que la fiscalía pueda obtener una orden legal con la que obligar a los proveedores de acceso a Internet a bloquear cualquier sitio, sospechoso de contener enlaces a películas, series de televisión, videojuegos o cualquier otro contenido protegido por derechos de autor.  Quizás el punto más polémico está en que el plazo para acatar dicha orden, que sería de cinco días y sin necesidad de un juicio previo. Otra de sus provisiones incluye un mandato para que motores de búsqueda como Google retiren de sus resultados los vínculos a páginas que estén relacionadas con dichos sitios.

Las protestas ante la SOPA mantienen que se trata de una ley inconstitucional que facilitará la censura y supondrá un serio riesgo para la competitividad de las empresas estadounidenses, aislándolas en una burbuja del resto del mundo. La polémica ley ha generado de inmediato actos de protesta como el “apagón” de la Wikipedia y los más radicales ciber ataques de los “hacktivistas” de Annonymous.

El problema, y aquí volvemos a nuestra querida nube, es también de jurisdicción.  Imaginemos que Internet fuera un país, incluso que fuera Estados Unidos… ¿Dónde empezaría y dónde acabarían sus fronteras?

Para Paloma Llaneza, socia directora de Razona Legaltech, este tema ha generado una enorme preocupación al ser “un ejemplo de la universalización de la jurisdicción estadounidense a los asuntos de Internet, lo que nos deja al resto de los mortales en una indefensión de facto, pues pocos serán los que puedan personarse a defender sus derechos (los de los que almacenaban contenidos legítimos) ante una jurisdicción tan lejana y con costes legales tan elevados”  En el otro lado del espejo tenemos a “un juzgador estadounidense que, mientras ejerce los derechos de su industria en el extranjero, se niega a hacer efectivos los derechos de extranjeros en su territorio cuando las empresas con sede social en su jurisdicción infringen la legislación en muchos casos, de los países a los que dirigen sus negocios…Si Google o Facebook aceptaran someterse a las normas de protección de datos europeas cuando operan en Europa, veríamos cuán complicado es hacer viable un servicio así sujeto a nuestras limitaciones legales”.

Pero si Internet es una especie de tierra sin ley… ¿Quién defiende el legítimo derecho de los autores?

Alternativas legales, ilegales y P2P

Si hay algo que pone de manifiesto el cierre de MegaUpload es las dos posturas enfrentadas, ¿irreconciliables?, entre los que defienden los derechos de autor y los que defienden el derecho al libre intercambio de archivos sean estos propiedad intelectual o no.  O para decirlo más claramente: la discusión acerca de los derechos de autor y su retribución en la era de Internet.

Pero muchos sospechan que quizás ambas posturas no sean tan irreconciliables como se piensa, podría suceder que todos estuviesen hablando de lo mismo sin saberlo, o bien con diferentes palabras…

Derecho de autor no significa derecho de copia, algo que resulta obsoleto desde el advenimiento de Internet en el que las películas, música, libros, etc., ya no viajan en soporte físico, sino que se intercambian libremente por Internet, le guste a la industria o no.  Libre intercambio de archivos no significa vulneración sistemática de la propiedad o de la justa retribución de los autores, no pudiendo sostenerse en cualquier caso el que “porque lo hacen todos” está bien hecho.  También resulta frecuente la corrupción y la evasión de impuestos, y no por ello es justificable.

¿Qué hacer pues? Algo que parece destacar como una de las conclusiones  es que si MegaUpload ha funcionado – y no cabe duda de que así ha sido, viendo los enormes beneficios de su propietario – hay un posible y lucrativo modelo de negocio.  La gente quiere consumir películas y series de otra manera distinta, incluso pagando por ellas. Ya hay varios proyectos que buscan ser una alternativa legal, como Netflix y Lovefilm (de Amazon), y las españolas Wuaki, Youzee, ADNstream, Filmin, Canal + Yomvi o Filmotech.  El problema es que, en el caso de las plataformas españolas, el catálogo es reducido, con pocos estrenos y precios altos, en comparación con el estadounidense, más consolidado.  Para Enrique Dans, especialista en Internet y nuevas tecnologías, las páginas de descargas no son el problema, sino el síntoma, y están ahí porque hay un  mercado desatendido: “La verdadera respuesta es el mercado. Lo que hay que hacer es facilitar la aparición de páginas que ofrezcan un catálogo exhaustivo, una usabilidad exquisita, unas condiciones razonables y un precio disuasorio, mientras a la vez se trabajan las relaciones para que los usuarios dejen de ver a la industria como al enemigo más acérrimo. Se puede competir con lo gratis, por supuesto que se puede”

Lo que está claro es que nadie puede luchar contra el avance tecnológico y el cambio de paradigma.  Con páginas de descarga o sin ellas, los programas P2P de intercambio de ficheros de usuario a usuario, como Kazaa o eMule seguirán funcionando.  De la industria depende pues sacar el máximo partido a la enorme cantidad de personas deseosas de seguir escuchando música y viendo películas en Internet.

Las tres guerras de Irán

En los últimos días Irán amenaza con cerrar el estrecho de Ormuz, por donde pasa una cuarta parte de las importaciones mundiales de petróleo. Es la respuesta del régimen de los ayatolás a las nuevas sanciones de Estados Unidos y la UE, y se enmarca en un contexto de máxima tensión donde se juegan tres partidas simultáneas y solapadas: la diplomática, la económica, y la más oscura de los servicios secretos.

Las cosas se complican en Teherán.  La república islámica afronta nuevas sanciones como resultado de sus planes de seguir con su programa nuclear.  No parecen importar las promesas del régimen de que dicho programa sólo persigue fines pacíficos, ni los datos de servicios secretos que aseguran que todavía queda tiempo para que Irán cuente con su propia bomba nuclear.  Estados Unidos primero y la Unión Europea después, van consiguiendo sumar a más países al bloqueo económico. Algunos, sin embargo, se preguntan si el endurecimiento de las sanciones es la mejor solución para lidiar con el régimen iranio.

Según informa New York Times, la administración Obama habría mantenido contactos con el líder supremo Alí Jamenei, con el fín de dejarle claro que un bloqueo del estrecho de Ormuz – punto estratégico que conecta el Golfo de Persia con el Golfo de Omán, y por donde pasa el 40% de la producción petrolera mundial – supondría una “línea roja” que no están dispuestos a tolerar.  Hay que decir que dicho estrecho mide entre 60 y 100 kilómetros de anchura, por lo que es extremadamente fácil de cerrar, si bien no está claro si dicho bloqueo podría interesar al régimen iraní, que paradójicamente podría ser uno de los principales afectados del mismo.

fuenteGlobedia

Lo que en cualquier caso parece claro es que nos encontramos ante un episodio más de un conflicto; la guerra entre Irán y el resto del mundo, con Estados Unidos y la UE a la cabeza, que se juega en tres terrenos de juego:

La guerra diplomática

El Consejo de Seguridad de la ONU ha adoptado entre 2006 y 2010 seis resoluciones sobre Irán, de las cuales cuatro promulgaban sanciones en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, relativo a “casos de amenaza de la paz, ruptura de la paz y actos de agresión”.  Teherán se negó a suspender sus actividades de enriquecimiento de uranio, con lo que las sanciones fueron creciendo de una resolución a otra.  En la última, la del 9 de junio de 2010 (1929) contó con la oposición de Turquía y Brasil, que votaron en contra por estar a favor de una vía que intensificase el diálogo con Teherán, sobre la base de permitir ciertas contrapartidas como la compra de combustible para un pequeño reactor de investigación.  Sin embargo, la resolución salió adelante e incluso consiguió el apoyo de China y Rusia, tradicionalmente reacios a sancionar a Irán. 

En el terreno regional y en el marco de su lucha por la supremacía en Próximo Oriente, no hay que olvidar que la mal llamada primavera árabe y sus efectos inciertos sobre el régimen sirio de Al Assad, podrían dejar sin uno de sus principales aliados a Irán, en un momento clave en su pulso con Occidente, y de creciente desprestigio ante su población, tras el fraude electoral de 2009.

En Estados Unidos, Obama, embarcado en plena precampaña electoral, es acusado por unos de “blando” y por otros de haber cerrado la vía negociadora demasiado pronto, dejando en un “todo o nada” las posibilidades de resolución pacífica del conflicto con Irán, en palabras de Trita Parsi recogidas por The Economist. También hay quienes consideran que no se ha hecho lo suficiente para contactar con el movimiento verde en oposición a Ahmadineyad. Para ser justos, habría que reconocer que, a diferencia de lo ocurrido en Egipto con la revuelta contra Mubarak, Estados Unidos apenas posee influencia sobre el terreno en Irán, donde el sentimiento antiamericano es muy fuerte y un apoyo suyo declarado podría debilitar a la oposición en vez de ayudarla.

 La guerra económica

Las sanciones internacionales contra Irán se focalizan en sectores clave como defensa (embargo de compras iraníes de armamento, restricciones de viajar a personalidades iraníes relacionadas con el programa nuclear), financiero (congelación de fondos a entidades y personalidades, prohibición de inversiones) y del petróleo (trabas a las importaciones y exportaciones).

Desde finales de 2011, Estados Unidos viene promoviendo una campaña cuyo objetivo claro es neutralizar el peso de Irán como exportador de petróleo, además de prepararse para un eventual cese del suministro iraní. 

La UE por su parte, está adoptando estos días un acuerdo para prohibir la mayoría de transacciones con el Banco Central de Irán. Además, los 27 han decidido pactar un embargo sin precedentes sobre las exportaciones de petróeo iraní a Europa.  Se trataría de un duro golpe, ya que Europa es el principal cliente de Irán.  Dicho embargo, de concretarse, entraría en vigor el 1 de julio.

La pretensión de estas sanciones era, y sigue siendo, desestabilizar al régimen iraní obligándole ante la precaria situación económica producida por las sanciones, a rectificar para mantener el favor de su pueblo, especialmente descontento desde 2009 por el fraude electoral en la reelección de Ahmadineyad.   Sin embargo, también es posible que esto no suceda y que la población reaccione ante las duras sanciones estadounidenses posicionándose incondicionalmente al lado de los suyos, al considerarlos víctimas de un injusto boicot internacional.

La guerra secreta

El asesinato de un científico nuclear en Irán, el quinto desde 2007, es un episodio más de una guerra subrepticia por retrasar  las posibilidades de que el régimen iraní desarrolle finalmente “la bomba”.  Dentro de estos ataques se incluiría el virus informático stuxnet, y numerosas y no aclaradas explosiones en bases militares, una de las cuales acabó con la vida del oficial responsable del desarrollo balístico iraní.

Como afirma el Telegraph, no parece que estos sucesos sean casuales, sino que la sofisticación de los mismos recuerdan el sello de los servicios de espionaje de Occidente.  Como ejemplo, el caso de Ahmadi-Roshan, en el que una pequeña bomba magnética colocada por un ciclista en su coche, diseñada para matar a sus ocupantes causando el mínimo daño alrededor, recuerda a un sistema ya utilizado por los servicios de inteligencia aliados en la Segunda Guerra Mundial.

Además, resulta interesante la hipótesis que sostienen algunos analistas como Javier Valenzuela de que el ala más radical de Israel desearía implicar a Estados Unidos en un ataque contra Irán. En línea con esta tesis, tenemos una noticia recogida en Foreign Policy de que miembros del Mossad se hicieron pasar por agentes de la CIA con el fin de recultar a nuevos agentes en operaciones contra la República Islámica. En el mundo del espionaje, el utilizar una falsa nacionalidad se conoce como “falsa bandera”, táctica en la que el Mossad es especialista.

Egipto: Una revolución inacabada

Nueve meses después de la histórica revolución que derrocó a Hosni Mubarak, Egipto renueva los fantasmas de una revolución no terminada.  La plaza de Tahrir volvió a bullir a pocos días de las primeras elecciones democráticas mientras los ciudadanos se enfrentan a un futuro lleno de incógnitas y a la tutela de dos poderes de facto: el ejército y los Hermanos Musulmanes.

Después de las manifestaciones en Tahrir que acabaron con una dura represión y más de 39 muertos según fuentes oficiales, pocos esperaban que unas elecciones cuyo desarrollo pocos entienden y organizadas de forma caótica, fueran a tener el éxito que han demostrado, alcanzando en las ciudades donde se convocaron el 70% de la participación.

Y es que, pese a las muchas dudas que asaltan a una revolución que el ejército pretende guiar y los Hermanos Musulmanes capitalizar, la gente en Egipto desea vislumbrar el final de el largo tunel de represión y falta de libertades sufrido tras sesenta años de dictadura militar.  No parece importar tanto cómo se llegue, sino que se consiga llegar.

Sin embargo, el peligro cierto de que por el camino se caigan algunas de las reivindicaciones de Tahrir, lleva a muchos a desconfiar de la voluntad de Mohamed Tantaui, mariscal jefe de las fuerzas armadas, de ceder el poder en junio de 2012, una vez sea elegido por las urnas el presidente de Egipto, en la última fase del proceso constituyente que hoy se abre.

La razón para estas sospechas está en un documento presentado a principios de noviembre, que contenía la idea de que el ejército mantendría en el nuevo estado su independencia y prerrogativas supraconstitucionales, lo que le convertiría de hecho en un cuarto poder sin necesidad de rendir cuentas al Parlamento en cuanto a su presupuesto o en cuanto a cuestiones militares como la declaración de la guerra.  Sería, pues, un árbitro de los gobiernos, algo parecido al papel del ejército en la Turquía a comienzos de siglo, en la doctrina que se conoció como Kemalismo. Por su parte, en un reciente informe, Amnistía Internacional ha criticado duramente al consejo militar, afirmando que desde la caída de Mubarak las violaciones de derechos humanos y los juicios injustos no han hecho sino aumentar.

La otra gran incógnita es el papel que estarán llamados a realizar los Hermanos Musulmanes en el futuro, después de que casi todas las quinielas les supongan ganadores por amplia mayoría en las elecciones.  Es importante destacar que con dicha mayoría en la Asamblea Popular serán ellos los principales encargados de redactar una nueva constitución y será entonces cuando se podrá saber hasta donde llegan sus aspiraciones democráticas.  Al respecto, los islamistas han intentado tranquilizar, afirmando que no desean más religión que la que ya contemplaba la constitución, y que defenderán un estado láico, si bien, gobernado por la sharia, o ley islámica, lo cual no deja de ser un contrasentido.

En cualquier caso, las elecciones avanzan en una extraña simbiosis entre un ejército que necesita a los Hermanos Musulmanes y a los islamistas más moderados para justificar ante las minorías cristianas y láicas su papel de protector, y unos islamistas que necesitan al ejército para que el largo y complicado proceso electoral se complete con éxito, sabedores de que las urnas les otorgarán el poder político.  Entre tanto, el mundo observa con atención a un país que, dependiendo del giro que tome, puede cambiar por completo el equilibrio de fuerzas en un área tan inestable como es Oriente Próximo.

Una victoria anunciada

Las encuestas venían avisando desde hace meses que la distancia entre el PP de Rajoy y el PSOE de Rubalcaba era insalvable.  Con el mejor resultado de su historia para el PP y el peor para PSOE, se abre un nuevo periodo en el que los ciudadanos han entregado un gran poder y con ello, una gran responsabilidad al lider popular.  Tendrá que enfrentarla con un estrecho margen de maniobra en el exterior y un enorme en el interior. En frente, un PSOE devastado y un congreso fragmentado con más grupos parlamentarios que nunca desde la transición.

Hablar de éxito o de fracaso es, en este caso, la distancia que separa las calles Ferraz de Génova. ¿Éxito del PP, o derrota del PSOE? Seguramente ambas cosas.  Pero sin quitar mérito a la contundente victoria del PP, no hay que subestimar en el resultado el voto del castigo debido al tremendo desgaste al que se ha visto sometido el ejecutivo socialista en especial en el último año y medio, en el que las durísimas políticas de ajustes y la escandalosa cifra de cinco millones de parados han sepultado cualquier posibilidad de que Alfredo Pérez Rubalcaba pudiera no ya acercarse al PP, sino impedir una mayoría absoluta que estaba cantada desde hace tiempo.

El PP ha aumentado en 32 sus diputados con respecto a 2008, pero su gran victoria no es sólo el haber conseguido aumentar el número mágico de 183 escaños del 2000, sino la tremenda caida del PSOE que pierde la friolera de 59 escaños, o dicho de otro modo: 4.315.455 votos menos que en 2008.

El PSOE ha perdido votos en todas las direcciones: la abstención ha subido dos puntos; Izquierda Unida ha contado con unos 710.864 votos más que en 2008, pasando de 2 a 11 en diputados, y el partido de Rosa Díez, UPyD, pasa de 1 a 5 diputados, con otros 834.163 votos más que en la anterior legislatura.

Algunos datos interesantes en esta primera hora del nuevo mapa político son los siguientes:

  • Fragmentación del Congreso: al menos seis grupos parlamentarios propios (UPyD no lo consigue por muy poco), al que hay que sumar un grupo mixto formado por otras siete formaciones, lo que supone la cámara baja más plural de la historia de la democracia.
  • Amaiur gana las elecciones en País Vasco y CiU en Cataluña. En el caso de la coalición abertzale, la posibilidad de que ganen las elecciones vascas de 2013 en medio de las gestiones del fin del terrorismo, será un asunto complicado para el futuro gobierno de Rajoy.  En el caso de CiU, es la primera vez que el partido nacionalista gana en Cataluña en unas generales, lo cual consigue en medio de una polémica política de recortes.  Es, además, un varapalo para Carme Chacón ante su posibles intenciones sucesorias al frente del PSOE.
  • Vuelta de tuerca en Andalucía. El PP gana por primera vez en unas generales en el tradicional feudo socialista, pasando de 25 a 33 diputados, justo al contrario que el PSOE, que retrocede de 36 a 25. Algo a tener muy en cuenta con unas elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina, que tendrán lugar en marzo del año que viene.

Rajoy quiso dejar claro que está decidido a gobernar para todos los españoles y a dirigir un cambio “sin milagros“.  Quiso evitar la euforia, poniéndose a trabajar para que el traspaso de poderes se realice cuanto antes en medio de una situación que, ante la presión de los mercados, es más que complicada. Según establece en el Real Decreto de Convocatoria de elecciones aprobado en septiembre, las nuevas Cortes Generales se constituirán el 13 de diciembre, y el primer Consejo de Ministros del nuevo Ejecutivo podría celebrarse el día 23 del mismo mes.

Gran poder pero estrecho margen

En lo que resulta toda una paradoja, Rajoy y el PP contarán con más poder del que dispusiera ningún partido desde el PSOE de González de 1982, al disponer no solo de una gran mayoría parlamentaria, sino también autonómica y provincial. Pero esta gran  fuerza interna contrasta con la más que delicada coyuntura económica, marcada por la crisis de la deuda y la debilidad de la economía española, asomándose a otra recesión y teniendo que cumplir con los requisitos de déficit pactados con la Unión Europea (UE) -un 6 % este año, un 4,4 % en 2012 y un 3 % en 2013- que no le dejarán mucho margen de maniobra.

La “inmolación” de Rubalcaba

Tras la derrota, Rubalcaba no pudo más que agradecer a sus votantes la confianza y anunciar un futuro congreso extraordinario del PSOE para decidir el futuro del partido.  Algo que el secretario general Rodríguez Zapatero ha confirmado hoy para febrero del año próximo.  También quiso culpar de la severa derrota a la crisis.

Muchas dudas quedan ahora sobre el futuro de un PSOE devastado y sin un liderazgo claro con el que ejercer la oposición al todo poderoso PP surgido de este 20N.  Además de la previsible y larga travesía del desierto, el partido tiene ahora una crisis de liderazgo sin que ni Rubalcaba ni Chacón hayan salido muy bien parados en los últimos meses.  Con respecto al hasta ayer candidato socialista, surgen dudas de qué razones le llevaron a enfrentarse a la que más que probable y dura derrota socialista en las generales. ¿Fue el deseo de ofrecer un último servicio a su partido, sacrificándose para que el posible nuevo candidato saliera sin la losa de la derrota de ayer?, ¿O tal vez un convencimiento real de que podía evitar la mayoría absoluta del PP? Esta pregunta se agudiza ante el apresurado anuncio del congreso del PSOE en febrero. Como afirma José Antonio Sorolla en su artículo, el resultado final es que “los socialistas están ahora mismo sin poder, sin estrategia, sin programa y sin candidatos.

15M (II): …al puente de Brooklyn y más allá.

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El 15O ha demostrado con la multitudinaria movilización en más de ochenta ciudades españolas y en capitales de todo el mundo una excelente salud. Mientras surgen dudas acerca de los siguientes pasos que debe tomar el 15M, uno de sus “hijos”, Occupy Wall Street avanza con fuerza en el centro simbólico donde se gestó la crisis actual, siendo asesorado por activistas españoles con experiencia en la acampada de Sol.

Una gran demostración de fuerza, así, en general recibía la prensa mundial el éxito de la convocatoria del 15O.  Un necesario revulsivo sin duda para los indignados que afrontaban desde el final del verano y de las marchas que recorrieron toda la geografía española para converger en Madrid una necesaria revitalización, que tras las fallidas movilizaciones anteriores contra la reforma de la Constitución era más necesaria que nunca. 

Una vez pasada la resaca de la marcha global, vuelven, a la espera del gobierno que surja del 20N, las presiones y críticas para que el 15M se institucionalice, bien formando un partido propio que pueda concurrir e interactuar con los otros, bien con su asociación con partidos minoritarios que coinciden en algunas de las reclamaciones del movimiento. 

Pero no parece que esta vaya a ser, de momento, la deriva del 15M.  Desde los múltiples foros del que dispone se ha hablado estos días de la abstención, el voto nulo, voto en blanco… Por otra parte, a partir del 15O con la ocupación del Hotel Madrid, se está extendiendo el uso de edificios abandonados para dar cobijo a familias desahuciadas y para fines sociales, actos de ocupación que, sin embargo, no todos comparten.  El 15M es, en opinión de muchos indignados, una bandera bajo la cual personas con ideologías muy diversas salen a luchar, por lo que ni aprueba ni desaprueba las acciones que puedan llevar a cabo determinados grupos. 

Mientras, el mes de octubre ha sido intenso al otro lado del Atlántico.  Un movimiento autónomo pero inspirado en el de los indignados españoles  – Occupy Wall Street – está en el ojo del huracán por tomar como base la pequeña plaza Zucotti, ahora rebautizada como Liberty Square, en el barrio que ha sido el corazón del sistema financiero que colapsó la economía en 2009.

Unas protestas que se ha ido propagando por todo el país norteamericano, especialmente a raíz de la intervención policial que acabó con más de 500 detenidos en el Puente de Brooklyn, lo que no hizo sino aumentar las adhesiones al igual que ocurriera en nuestro país al intentar las fuerzas del orden desalojar las acampadas de Madrid o Barcelona.

Mónica, periodista en paro de 25 años, es, junto con otra decena de españoles una de las asesoras de esta acampada.  “la misión de los españoles ha sido asesorarles para que no pierdan tiempo cometiendo los mismos errores que nosotros.  Uno de los errores fue dejar que aquellos con más ego cogieran protagonismo en los medios.  Por eso, en la plaza de Wall Street no hay portavoces sino facilitadores”, que no están autorizados a dar opiniones, sino solo datos.

Esta acampada, y todas las surgidas en ciudades norteamericanas, ha hecho famosa la frase “somos el 99%”.  Otra de sus virtudes ha sido el mostrar una organización de alta eficacia, brindando alimentación, atención sanitaria, abrigo y ocio a todo el que quisiera acercarse, en una sociedad donde todo esto cuesta dinero.  Como ejemplo de ese ambiente solidario están los micrófonos humanos: como la normativa impedía el uso de megáfonos en la plaza Zucotti, la persona que hablaba en la Asamblea esperaba hasta que los demás repitieran sucesivamente su mensaje y fuera entendido por todos los oyentes.

Sin embargo, al cierre de esta edición, Occupy Wall Street ha sido desalojado de la plaza donde acampaba. Los indignados de Estados Unidos buscan nuevas estrategias con las que poder influir en la agenda pública de su país.  Algunos, incluso, consideran que el haber sido expulsados por el alcalde de Nueva York, les ayuda a revitalizar un movimiento que, al igual que sucediera con la acampada de sol, estaba empezando a estancarse en la acampada, un medio que corría el peligro de transformarse en un fin en sí mismo.

¿Cuál será el futuro? El panorama que dibuja el más que previsible cambio de gobierno, y la necesidad de definir unas líneas de acción comunes son dos de los interrogantes que el 15M deberá despejar en los próximos meses. En juego, no sólo su influencia mediática y social, sino también su propia supervivencia.

Adios a las armas

Tras 43 años y 829 víctimas mortales, ETA comunicó el pasado día 20 “el cese definitivo de la actividad armada”.  La palabra “fin” figura con mayúsculas en la voz de casi todos los medios y políticos, aunque con matices, para referirse al triunfo del estado de derecho sobre el terrorismo.

“No son vascos, son asesinos” este era, entre otros, el grito de miles de personas en las calles aquel 12 de julio de 1997, después de que ETA asesinara tras cuarenta y ocho angustiosas horas de secuestro a Miguel Ángel Blanco.  Para muchos, aquí comenzó el principio del fin de ETA con la unión de las fuerzas democráticas, pero sobre todo, por las multitudinarias manifestaciones que, a cara descubierta, enfrentaban a la ciudadanía contra el terror de ETA.

14 años después, ETA hace pública la decisión de dejar las armas, ante una sociedad en plena crisis que recibe la noticia con alegría, pero también con cansancio y excepticismo.

¿Cómo hemos llegado aquí? La decadencia de la banda se produjo principalmente gracias a la acción policial y a la ilegalización del brazo político Batasuna.  De la eficacia policial podemos citar entre otros datos los 305 detenidos entre 2008 y 2010, y el continuo “descabezamiento” de la banda, que la colocó en una situación insostenible.

En cuanto a la ilegalización, refrendada primero por el Tribunal Constitucional y más tarde por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, tuvo lugar en 2003, un año después de que un comunicado de ETA considerase “objetivos militares” a todas las sedes y actos políticos de PSOE y PP, haciendo imposible la competencia electoral en pie de igualdad con un partido, Batasuna, cuyos concejales eran los únicos libres de amenaza.

Para que ETA dejara de matar debía ocurrir otro proceso: que su brazo político se distanciara del terrorismo, al comprobar la inutilidad de la vía armada para conseguir sus objetivos.

El detonante tendría lugar en 2006, con el atentado en la T4 de Barajas. Con él, ETA ponía fin a la última tregua y rompía completamente cualquier posibilidad de credibilidad en futuras negociaciones.  Pero no sólo eso: también marcaba el distanciamiento de la izquierda abertzale con la banda como reconoció Otegi en su alegato en la Audiencia Nacional el pasado 7 de julio.

Tras la ruptura de la tregua, en 2007 Arnaldo Otegi abrió un proceso de reflexión, con numerosas consultas con los partidos nacionalistas, e ideó un proyecto de polo soberanista: una coalición de partidos independentistas que lucharían mediante medios pacíficos y políticos.  Respaldado por Rufi Etxeberría y Rafael Díez Usabiaga, en noviembre la izquierda abertzale presenta en Alsasua y Venecia el documento Zutik Euskal Herria, que recoge su apuesta exclusiva por vías políticas y pacíficas.  Lo llevan a debate y en febrero de 2010 se aprueba por un voto mayoritario de las bases (80% a favor).

A partir de ahí, los abertzales inician una administración de los tiempos para convencer a ETA  de que cese la violencia.  Lo hacen a través de toda una elaborada escenificación en la que participan varios premios nobel capitaneados por el abogado sudafricano Brian Currin, mediador en los conflictos irlandés y surafricano.
En febrero de 2011 la izquierda abertzale sorprende con la presentación de los estatutos de un nuevo partido, Sortu, en los que rechaza expresamente la violencia de ETA  y plantea el reconocimiento de todas las víctimas del terrorismo.

En mayo recupera su presencia institucional a través de la coalición Bildu, que obtiene el mejor resultado histórico para la izquierda abertzale, el 25% de los votos.
A partir de este momento la izquierda abertzale se impone a ETA.  Decide montar la escenografía necesria para brindar a ETA la ocasión propicia de anunciar el cese definitivo de las armas: así que se recurre al movimiento social Lokarri y al Grupo Internacional de Contacto de Currin, para que organicen una Conferencia Internacional de San Sebastián del 17 de octubre cuya declaración la izquierda abertzale hace suya al día siguiente, sirviendo de esta manera en bandeja que ETA anuncie el cese definitivo.

Un final que, sin embargo, no todos contemplan de la misma manera.  Para el gobierno y otras fuerzas vascas es un triunfo de la democracia que no ha tenido que hacer concesiones. Para medios cercanos al PP (si bien Rajoy en este caso ha sido muy comedido), es un paso insuficiente ya que ETA ni anuncia la disolución (escenificada en la entrega de armas), ni pide perdón a las víctimas.  A este respecto periódicos como ABC o La Razón consideran inaceptable ciertos postulados del comunicado de ETA, que parece que abren la posibilidad de una negociación política, si bien muchos otros creen que es una simple fórmula para ocultar la derrota y abrir paso al acercamiento de presos, única medida que parece estar sobre la mesa hoy por hoy como contraprestación por el alto el fuego.

Por otro lado, como afirma Paul Ríos, coordinador de Lokarri, no resulta realista esperar que una banda armada reconozca abiertamente la inutilidad de cuarenta años de terrorismo y menos aun que pida perdón.  Es comprensible además que dicho perdón no sea posible o cuanto menos que sea competencia exclusiva de las víctimas el decidir si perdonan o no, y bajo que condiciones.

Muy criticada ha sido también la Conferencia de San Sebastián cuya declaración un cuanto tibia y con un lenguaje cercano al de la izquierda abertzale habla de “conflicto” “última confrontación armada de Europa” y hace una apelación a un posible diálogo para superar dicho conflicto, lo que ha encendido a los medios más conservadores, además de no contar con la presencia del partido que gobierna en País Vasco en estos momentos.  Sin embargo, la presencia de mediadores internacionales y de toda la puesta en escena parece que era necesaria para darle a ETA la ocasión de dejar las armas de una manera que justificarse ante su propia gente la decisión.  A este respecto la opinión mayoritaria es que a pesar del escepticismo y de que no gusta mucho del lenguaje y la parafernalia empleada, dicha Conferencia ha facilitado un objetivo que todos podemos suscribir: el fin de la violencia.