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La derrota más dulce

Nunca una derrota supo tan dulce. A tres escaños del partido popular, los 47 del PSOE le brindan la oportunidad de gobernar con el apoyo de IU y sus 12 asientos.  Ninguna encuesta adelantaba este resultado que arroja interesantes interrogantes de futuro, al convertir a Andalucía, a la espera de que la coalición entre socialistas e IU se concrete, en un referente a la oposición al gobierno central del PP.

Las encuestas se equivocaron y la marea azul del PP se detuvo en Despeñaperros.  Con una participación preocupantemente baja (más de diez puntos por debajo que hace cuatro años), los andaluces dieron al PP un apoyo insuficiente para gobernar.  Con 50 escaños, se quedan lejos del umbral de los 55 que les hubiera dado la mayoría absoluta, imprescindible para gobernar ante la más que probable coalición de izquierda que formaran el PSOE e IU, que duplica con 12 su anterior registro y tendrá un gran protagonismo como pieza clave de gobierno.

Pero esta victoria insuficiente del PP lleva además aparejada una serie de consecuencias que superan el ámbito regional de Andalucía.  Así, esta victoria da un balón de oxigeno al PSOE del recién elegido Rubalcaba, que además de frenar la debacle socialista, mantiene una plaza fuerte y simbólica para los socialistas. El futuro del PSOE se juega en Andalucía, comunidad que se convierte en la alternativa de izquierdas al programa de ajustes y reformas patrocinado por Bruselas que deberá llevar a cabo Rajoy esta legislatura. Es también una ocasión de oro para IU, en franco crecimiento debido al trasvase de voto socialista.  Ahora tendrá la oportunidad de vender caro su apoyo, orientando políticas de gobierno, bajo la atenta mirada de sus votantes actuales y potenciales.

Por parte del PP, los resultados dejan en una delicada situación a Javier Arenas, quien en su cuarto intento y a pesar de ganar por primera vez en Andalucía, no va a poder gobernar la Junta. Y es más que probable que una parte de la oposición vaya a utilizar los resultados como si de un referéndum negativo a la política de Rajoy se tratase, con el agravante de la huelga general a pocos días vista, y unos Presupuestos Generales que prometen dar que hablar.

Es el tiempo de los analistas del día después.  En los próximos días oiremos todo tipo de explicaciones de porque las encuestas se equivocaron tanto.  Dirán que tal vez fue la reforma laboral, o bien los esperados recortes, los que han pasado factura en Andalucía.  Otros hablarán de la abstención de unos votantes que se confiaron ante la victoria, o de la movilización de la izquierda en una región donde el sector público es especialmente importante.  Sea como sea, los andaluces han votado lo que han querido, no lo que decían las encuestas y dejan por tanto una importante lección a quien la quiera ver para no confundir en lo sucesivo opinión pública con opinión publicada ni esta con la decisión final de los electores.

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Reforma laboral ¿Un falso dilema?

Un falso dilema se caracteriza por omitir las alternativas razonables sin argumentar dicha omisión. Y contraponer que ante la situación de crisis en la que se encuentran las empresas y el paro galopante sólo cabe flexibilizar la situación del trabajador, no sólo es negar que existen otros factores a tener en cuenta, sino que encierra algunas trampas y niega principios que creíamos consolidados.

 Escucha el comentario aquí:

http://www.ivoox.com/reforma-laboral-un-falso-dilema_md_1095013_1.mp3″

Reformar en tiempos de crisis

La reforma laboral que ha diseñado el nuevo Ejecutivo y que ha sido calificada por el mismo de “histórica”, es un instrumento que pretende cambiar el mercado laboral español para hacer ganar a las empresas españolas en competitividad. A su favor se afirma que brinda otros sistemas aparte del despido para que las empresas puedan ajustar las plantillas en tiempo de crisis. En su contra, que abarata el despido y debilita la capacidad de negociación de los trabajadores.  En lo que sí coinciden todos es en que dicha reforma por sí sola no creará empleo si no vuelve a crecer la economía, aquejada de una fuerte recesión.  En medio del debate, los sindicatos preparan movilizaciones, como la de este domingo 11 de marzo y una posible huelga general.

Aprobada por Decreto de Ley en Consejo de Ministros, y apoyada en el Congreso durante el día de ayer, la reforma es ya una realidad mientras comienza su tramitación como proyecto de ley.

Estos son los puntos más importantes de la misma. Para más detalle, puedes leer el Decreto de Medidas Urgentes para la Reforma Laboral aquí.  O lee el proyecto de ley en el BOE aquí.

  • La indemnización por despido improcedente se reduce de 45 a 33 días. La reforma laboral rebaja la indemnización por despido improcedente para los contratos indefinidos de 45 a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades en lugar de 42 como hasta ahora, si bien se respetarán los derechos adquiridos por los trabajadores que ya son fijos.
  • Ampliación de las causas del despido objetivo. El despido objetivo -que permite a las empresas echar a empleados por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción- mantiene la misma indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, pero se amplían las causas por las que la empresa puede hacer uso del mismo, así por ejemplo, la disminución persistente de ingresos durante tres trimestres consecutivos será motivo suficiente para recurrir al despido.
  • No hará falta autorización previa de la administración para los ERE. El Gobierno suprime la exigencia de autorización administrativa previa para las regulaciones de empleo, algo que sólo existe en España y Grecia.
  • Las empresas estarán obligadas a hacer plan de recolocación si despiden a más de 100 trabajadores. La reforma laboral incorpora la obligación para las empresas que despidan a más de 100 trabajadores de articular un plan de recolocación externa diseñado para un periodo de, al menos, seis meses.
  • Nuevo contrato indefinido para PYMES. El Gobierno crea un nuevo contrato indefinido para los autónomos y las PYMES con menos de 50 trabajadores, que incluye una deducción de 3.000 euros por la contratación de un primer trabajador menor de 30 años. Además, por primera vez el desempleado podrá compatibilizar voluntariamente el nuevo sueldo con el 25% de la prestación que recibe. Al mismo tiempo, para que el contrato sea “atractivo” para el empleador a éste se le deducirá el 50 % de la prestación que recibe su empleado por espacio de un año. El periodo de prueba será de un año.
  • Reorientación de las bonificaciones a la contratación. Se fomenta la contratación indefinida de los jóvenes menores de 30 años con hasta 3.600 euros, mientras que para los parados de larga duración la cifra será de hasta 4.500 euros.
    La bonificación en la cuota de la Seguridad Social de hasta 3.600 euros será para emplear a jóvenes de entre 16 y 30 años durante tres años: el primer año la bonificación será de 1.000 euros, el segundo será de 1.100 euros y el tercero de 1.200 euros.
    En el caso de los parados de larga duración mayores de 45 años deberán llevar desempleados al menos 12 meses de los 18 anteriores a la contratación. También será progresiva la bonificación: en cada uno de los tres años será de 1.300 euros, cantidad a la que se podrán sumar otros 1.500 euros si se trata de una mujer y trabaja en un sector en el que tengan poca representación.
  • Acaban los encadenamientos de contratos temporales indefinidamente. El Gobierno quiere acabar en esta reforma laboral con la dualidad por lo que se acaban los encadenamientos de contratos temporales que superen los 24 meses a partir del 31 de diciembre de 2012.
  • Derecho a 20 horas de formación anuales para todos los trabajadores. El Gobierno crea una cuenta de formación para cada trabajador que incluirá el derecho a 20 horas de formación anuales pagadas por su empresa. Los trabajadores con más de un año de antigüedad tendrán un permiso retribuido de 20 horas de formación al año pagadas por su empresa y vinculado al puesto de trabajo. Se permitirá además que los centros de formación acreditados ejecuten directamente los planes de formación.
  • Impulso de un contrato para la formación. Para reducir el elevado desempleo juvenil y evitar que los jóvenes abandonen tempranamente sus estudios, en la reforma laboral se impulsa un contrato para la formación y el aprendizaje. La edad máxima para acceder a este tipo de contrato se mantiene en 30 años hasta que la tasa de paro baje del 15%.
  • Las ETT podrán actuar como agencias de colocación. Las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) funcionarán también como agencias de colocación en colaboración con las oficinas públicas de empleo.
  • Negociación colectiva: La prórroga máxima de los convenios colectivos vencidos será de dos años. La reforma laboral pone fin a la ultraactividad indefinida de los convenios, es decir de su prórroga automática cuando vence, y establece que las partes deberán negociar un nuevo convenio en el plazo máximo de dos años, fecha en la que dejará de estar vigente.
    La reforma laboral contempla que si no se alcanzase un acuerdo entre los agentes sociales la empresa iría a la solución extrajudicial de conflictos y, en su caso, al arbitraje, manteniendo el principio de voluntariedad.
  • Los convenios de empresa tienen prioridad. Para ahondar en la flexibilidad interna de las empresas y evitar que el despido sea el último recurso al que tenga que recurrir un empresario en caso de circunstancias difíciles, la reforma introduce la prioridad de los convenios de empresa independientemente de lo que se pacte en convenios de nivel superior.
  • Las empresas con dificultades podrán ‘descolgarse’ del convenio. Se facilita a las empresas en dificultades que se puedan “descolgar” del convenio, es decir no cumplir con lo pactado por las partes.
  • Plan especial de la Inspección de Trabajo. Esta medida debe servir para combatir el fraude y la economía sumergida.
  • Los directivos de banca sancionados no recibirán indemnización por despido. Los directivos de entidades financieras que hayan sido apartados de su cargo mediante un expediente disciplinario no tendrán derecho a percibir indemnización alguna. Además, se limitan las indemnizaciones por cese de actividad de estos directivos.

Han dicho de la reforma…

“Lo que creemos que el gobierno ha buscado ahora es limitarse a proteger y ampliar el poder de decisión de las empresas españolas a costa de los derechos de los trabajadores, posiblemente en la previsión de que no va a ser capaz de mejorar las condiciones del entorno económico a corto y medio plazo y que lo que se avecina es por tanto, muchos más y peores nubarrones en el panorama económico”
 Juan Torres López, catedrático de economía de la Universidad de Sevilla y miembro de Attac España, enlace.

“Esta reforma acaba con muchos años de desprotección empresarial. En España el 70% u 80% de los despidos han sido improcedentes, cuando la situación económica no hay que justificarla. (…) Esta reforma establece mecanismos de flexibilidad para que el despido sea la última alternativa”
Miguel Ángel Lujua, presidente de Confebask enlace.

“Una reforma laboral genera o debe generar confianza. Cuando el empresario confía en la reforma, entonces, invierte en puestos de trabajo” (…) “La reforma laboral (por sí sola) no creará empleo. Para generar empleo neto, se necesita un crecimiento del PIB entre el 2-2,5% mínimo. Lo que no se producirá ni en 2012 ni en 2013. La atonía del consumo, la falta de productividad de nuestras empresas, la situación de recesión en que nos hallamos, la sorprendente estanflación en materia de IPC y el no fluir del crédito bancario a las empresas, marcan una muy negra perspectiva en cuanto a creación de empleo”.
Esteban Ceca Megan, socio director de Ceca Magán Abogados y vicepresidente de ASNALA enlace.

Antonio Sampere, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y Socio Coordinador del Área Laboral en Gómez-Acebo & Pombo, considera que esta situación refleja un fracaso del derecho del trabajo producto de la incapacidad de los interlocutores sociales para encontrar otras medidas. “además de buenas normas laborales serán necesarias, a su vez, unas buenas prácticas laborales donde se puedan lograr el apoyo de todos los interlocutores para que la reforma funcione”.

Andrés Boix Palop, profesor de Derecho Administrativo, opinó en su blog de El País que la reforma laboral ataca la negociación colectiva por dos vías: restringiendo la ultraactividad de los convenios (antes en ausencia de un nuevo convenio, cuando expiraba el que estaba en vigor, éste quedaba prorrogado y eso era un enorme acicate para que la nueva negociación hubiera de mejorar condiciones, pues rebajarlas era complicadísimo ya que en ausencia de acuerdo, sindicatos y trabajadores podían seguir disfrutando de las condiciones pactadas en el pasado), y por otra parte, porque amplía las posibilidades de “descuelgue” sectorial y empresarial (los casos en los que una empresa puede desmarcarse del convenio en vigor para la negociación en el seno de esa concreta empresa) al justificaros por cuestiones organizativas y de productividad. Boix considera que la combinación de estas dos medidas liquida la función de los convenios colectivos como mecanismos protectores del trabajador. “Si al expirar el convenio éste deja de ser obligatorio para las empresas y pueden contratar con total libertad eso llevará a los sindicatos a perder gran parte de su poder negociador frente a convenios que se quieran rehacer a la baja. Si además el descuelgue es tan fácil, la clave acaba siendo la negociación empresa por empresa, donde el trabajador es habitualmente más débil”.

El principal partido de la oposición, el PSOE ya ha anunciado que interpondrá un recurso al Constitucional si la reforma no cambia durante la tramitación parlamentaria.  Según los socialistas, las vulneraciones constitucionales serían al menos tres. Por un lado, la nueva figura del contrato para empresas de menos de 50 trabajadores con un periodo de prueba de un año. “Es un plazo para despedir libre y gratuitamente, y en la Carta Magna no cabe el despido libre sin causa justa”, ha señalado Soraya Rodríguez, portavoz del grupo socialista en el Congreso; “Aquí se estaría incumpliendo el artículo 35 de la Constitución” (derecho al trabajo). Por otro lado, la posibilidad de que el empresario cambie las condiciones de trabajo, en especial la cuantía salarial, comunicándolo con un plazo de siete días si esta modificación no afecta a más de 10 trabajadores, es algo que en su opinión iría en contra del artículo 37.1. (condiciones negociación colectiva).  En cuanto al artículo 15 (principio de igualdad), Soraya consideró como inconstitucional la imposición de un arbitraje obligatorio cuando el empresario y los representantes de los trabajadores no se pongan de acuerdo sobre los descuelgues de los convenios, ya que dicha solución, ha concluido, ya fue declarada inconstitucional en 1981 por el alto tribunal. 

El (t)error Amaiur

FAQS

¿Qué ventajas supone tener grupo propio?

  • Disponer de iniciativa parlamentaria,acceder a comisiones y hablar en plenos y sesiones de control
  • Más tiempo para hablar durante las intervenciones en la Cámara y mayores subvenciones
  • Más independencia para presentar proposiciones de ley, proposiciones no de ley y enmendar proyectos de ley – incluidas las enmiendas a la totalidad que sólo pueden ser presentadas por un grupo-.

Enlace: “Qué significa y qué ventajas tiene tener grupo parlamentario propio en el Congreso.” 20 minutos.

Requisitos

  • 15 diputados
  • También podrán aquellas formaciones que hayan conseguido 5 o más diputados y al menos el 15% de los votos en las circunscripciones en que se presentaron, o el 5% en el conjunto del estado.

La situación

  • UPyD ha obtenido 5 escaños y le faltaba un poco para llegar al 5% (tenía 4,69%).  Le permitieron que tomara prestado un escaño de otro partido para llegar a ese mínimo
  • Amaiur: 7 diputados y el 15% de votos en las tres provincias vascas, pero no en Navarra, donde se ha quedado cerca (14,86%).  No le han permitido tener grupo ni juntarse con otro escaño (quizás el de GaroaBai).

Algunos hechos

  • La Mesa del Congreso, con los 5 votos del PP y las abstenciones de PSOE y CiU rechazó la petición de Amaiur de tener grupo propio
  • Ademas de Amaiur, los grandes perjudicados son las formaciones que componen el Grupo Mixto: al ser el tiempo compartido en proporción a los escaños, BNG, ERC, CC, GaroaBai, FAC, UPN y Compromís apenas dispondrán de tiempo para intervenir en los plenos y presentar iniciativas.
  • Amaiur, es el partido más votado en el País Vasco en estas elecciones generales

Discrepancias en la interpretación del reglamento de la Cámara

  • Agustín Díaz Robledo entiende que el reglamento de la Cámara en su tenor literal, hace referencia al 15% considerando el total en todas las circunscripciones, no en cada una de ellas por separado,
  • También afirma que la decisión contradice otra regla jurídica, aplicada habitualmente por el Constitucional, de interpretar siempre las normas de la forma más favorable al ejercicio de los derechos fundamentales.  Según este principio, habría que elegir de las dos interpretaciones (15% en cada circunscripción o 15% en total), aquella que fuera más favorable al derecho de participación política contenido en el artículo 23 de la Constitución.

Algunos precedentes

  • ERC (2004): Se presentó en Valencia, no consiguió el 15% y se le concedió grupo
  • PNV (1986): Se le contabilizaron globalmente todos los votos obtenidos en las tres provincias vascas y en Navarra, a pesar de que en esta última consiguió sólo un 2% de los votos.

En torno al debate

Lo siguiente es mi opinión personal en torno al debate que enfrentó el pasado día 7 de noviembre

Como avanzaba este artículo de El País, se enfrentaban dos estilos comunicativos muy distintos:

Uno, el caracterizado por Rajoy, es más pausado, con uso de frases retóricas y juegos de palabras muy bien traídos.  Por el contrario, la costumbre de leer en exceso – particularmente grave en la intervención final mirando a cámara – es uno de sus puntos más débiles, ya que resta credibilidad a sus intervenciones.

Por su parte, Rubalcaba, cuenta con una buena capacidad dialéctica, basada en frases sintéticas bien pausadas dentro de un estilo didáctico y ordenado.  Por contra, posee ciertos tics como un gesto de los dedos como si introdujera una moneda en una ranura y la tendencia a encorvarse bajando la cabeza y encogiendo los hombros.

Con respecto a la realización  y a la presentación de Manuel Campo Vidal, ha habido críticas por considerarlo encorsetado y reducir la labor del moderador a dar paso a los tiempos de cada candidato y poco más. Para ser justos, habría que decir que así es como lo pactaron los partidos en largas negociaciones en las que se aseguraron de evitar cualquier tipo de sorpresa desagradable. Campo Vidal por su parte se defendió asegurando sobre este tipo de debates que “lo más difícil es conseguir que se hagan”.

¿Quién consiguió imponer su estilo y su agenda de temas en el tempo del debate?

Rajoy parece que consiguió llevar el debate a su terreno.  No tanto por lo que dijo sino por contrarrestar perfectamente las iniciativas de Rubalcaba, a quien identificó con el gobierno saliente – a este respecto los dos lápsus del líder del PP confundiendo a Rubalcaba con Rajoy fueron posiblemente premeditados – y dejando que Rubalcaba se quemara en una búsqueda del programa oculto del PP que no logró su objetivo.

Rubalcaba empezó bien, uso una táctica muy agresiva, pero fue perdiendo fuste en la medida en que Rajoy evadía una y otra vez sus preguntas.  Ahí creo que tenía que haber intentado otra cosa. No hacerlo convirtió indirectamente a Rajoy en protagonista absoluto y caracterizó a Rubalcaba como líder de la oposición a ojos de los espectadores.

Hubo además otros aspectos que me gustaría destacar:

  • Mientras Rajoy hablaba en primera persona del plural (nosotros), “mi partido y yo estamos preparados y tenemos experiencia; hemos hecho cosas en momentos difíciles”, refiriéndose a la imagen de “marca” de su partido en especial con referencia al equipo económico de Aznar en el 96, Rubalcaba intentaba distanciarse de cualquier mención al PSOE, algo que se hizo notorio en el speech final, cuando habla de su capacidad individual para actuar: “frente a las adversidades, sé reaccionar, no me arrugo, no me echo atrás” Creo que esto le penalizó, pues resulta más convincente y sólida una persona que habla en nombre de un equipo.
  • Llama la atención los temas que no se tocaron, probablemente por acuerdo entre los dos partidos: la corrupción, la situación en Europa, o el 15M y sus demandas, entre otros. Tampoco entiendo aquí que Rubalcaba no sacara a relucir el tema del final del terrorismo que es en parte una buena gestión suya al frente de Interior.   En cuanto al elemento personal, creo que ambos candidatos están lastrados por su pasado; habiendo ocupado puestos importantes en el gobierno son vistos por gran  parte de la audiencia como parte del establishment actual sin realmente muchas cosas nuevas que aportar. 
  • En el caso de Rubalcaba, el componente profesional sí es aprovechable, creo que la razón para no hacer valer su “curriculum” es, quizás, que está directamente relacionado con un gobierno del cual intenta desmarcarse a toda costa.
  •  En las habilidades comunicativas, Rubalcaba está mucho mejor que Rajoy, que no puede dejar de leer más de diez segundos, aunque el candidato socialista estuvo mal iluminado y se le ve nervioso en muchos momentos.
  • No quería dejar pasar aquí el error de Rubalcaba: “ahora el que miente es usted”

 Este momento y la mirada entre los dos podría resumir un debate que de tan controlado todos sentimos en parte que fue más interesante por lo que callaron los candidatos que por lo que efectivamente nos contaron.

Adios a las armas

Tras 43 años y 829 víctimas mortales, ETA comunicó el pasado día 20 “el cese definitivo de la actividad armada”.  La palabra “fin” figura con mayúsculas en la voz de casi todos los medios y políticos, aunque con matices, para referirse al triunfo del estado de derecho sobre el terrorismo.

“No son vascos, son asesinos” este era, entre otros, el grito de miles de personas en las calles aquel 12 de julio de 1997, después de que ETA asesinara tras cuarenta y ocho angustiosas horas de secuestro a Miguel Ángel Blanco.  Para muchos, aquí comenzó el principio del fin de ETA con la unión de las fuerzas democráticas, pero sobre todo, por las multitudinarias manifestaciones que, a cara descubierta, enfrentaban a la ciudadanía contra el terror de ETA.

14 años después, ETA hace pública la decisión de dejar las armas, ante una sociedad en plena crisis que recibe la noticia con alegría, pero también con cansancio y excepticismo.

¿Cómo hemos llegado aquí? La decadencia de la banda se produjo principalmente gracias a la acción policial y a la ilegalización del brazo político Batasuna.  De la eficacia policial podemos citar entre otros datos los 305 detenidos entre 2008 y 2010, y el continuo “descabezamiento” de la banda, que la colocó en una situación insostenible.

En cuanto a la ilegalización, refrendada primero por el Tribunal Constitucional y más tarde por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, tuvo lugar en 2003, un año después de que un comunicado de ETA considerase “objetivos militares” a todas las sedes y actos políticos de PSOE y PP, haciendo imposible la competencia electoral en pie de igualdad con un partido, Batasuna, cuyos concejales eran los únicos libres de amenaza.

Para que ETA dejara de matar debía ocurrir otro proceso: que su brazo político se distanciara del terrorismo, al comprobar la inutilidad de la vía armada para conseguir sus objetivos.

El detonante tendría lugar en 2006, con el atentado en la T4 de Barajas. Con él, ETA ponía fin a la última tregua y rompía completamente cualquier posibilidad de credibilidad en futuras negociaciones.  Pero no sólo eso: también marcaba el distanciamiento de la izquierda abertzale con la banda como reconoció Otegi en su alegato en la Audiencia Nacional el pasado 7 de julio.

Tras la ruptura de la tregua, en 2007 Arnaldo Otegi abrió un proceso de reflexión, con numerosas consultas con los partidos nacionalistas, e ideó un proyecto de polo soberanista: una coalición de partidos independentistas que lucharían mediante medios pacíficos y políticos.  Respaldado por Rufi Etxeberría y Rafael Díez Usabiaga, en noviembre la izquierda abertzale presenta en Alsasua y Venecia el documento Zutik Euskal Herria, que recoge su apuesta exclusiva por vías políticas y pacíficas.  Lo llevan a debate y en febrero de 2010 se aprueba por un voto mayoritario de las bases (80% a favor).

A partir de ahí, los abertzales inician una administración de los tiempos para convencer a ETA  de que cese la violencia.  Lo hacen a través de toda una elaborada escenificación en la que participan varios premios nobel capitaneados por el abogado sudafricano Brian Currin, mediador en los conflictos irlandés y surafricano.
En febrero de 2011 la izquierda abertzale sorprende con la presentación de los estatutos de un nuevo partido, Sortu, en los que rechaza expresamente la violencia de ETA  y plantea el reconocimiento de todas las víctimas del terrorismo.

En mayo recupera su presencia institucional a través de la coalición Bildu, que obtiene el mejor resultado histórico para la izquierda abertzale, el 25% de los votos.
A partir de este momento la izquierda abertzale se impone a ETA.  Decide montar la escenografía necesria para brindar a ETA la ocasión propicia de anunciar el cese definitivo de las armas: así que se recurre al movimiento social Lokarri y al Grupo Internacional de Contacto de Currin, para que organicen una Conferencia Internacional de San Sebastián del 17 de octubre cuya declaración la izquierda abertzale hace suya al día siguiente, sirviendo de esta manera en bandeja que ETA anuncie el cese definitivo.

Un final que, sin embargo, no todos contemplan de la misma manera.  Para el gobierno y otras fuerzas vascas es un triunfo de la democracia que no ha tenido que hacer concesiones. Para medios cercanos al PP (si bien Rajoy en este caso ha sido muy comedido), es un paso insuficiente ya que ETA ni anuncia la disolución (escenificada en la entrega de armas), ni pide perdón a las víctimas.  A este respecto periódicos como ABC o La Razón consideran inaceptable ciertos postulados del comunicado de ETA, que parece que abren la posibilidad de una negociación política, si bien muchos otros creen que es una simple fórmula para ocultar la derrota y abrir paso al acercamiento de presos, única medida que parece estar sobre la mesa hoy por hoy como contraprestación por el alto el fuego.

Por otro lado, como afirma Paul Ríos, coordinador de Lokarri, no resulta realista esperar que una banda armada reconozca abiertamente la inutilidad de cuarenta años de terrorismo y menos aun que pida perdón.  Es comprensible además que dicho perdón no sea posible o cuanto menos que sea competencia exclusiva de las víctimas el decidir si perdonan o no, y bajo que condiciones.

Muy criticada ha sido también la Conferencia de San Sebastián cuya declaración un cuanto tibia y con un lenguaje cercano al de la izquierda abertzale habla de “conflicto” “última confrontación armada de Europa” y hace una apelación a un posible diálogo para superar dicho conflicto, lo que ha encendido a los medios más conservadores, además de no contar con la presencia del partido que gobierna en País Vasco en estos momentos.  Sin embargo, la presencia de mediadores internacionales y de toda la puesta en escena parece que era necesaria para darle a ETA la ocasión de dejar las armas de una manera que justificarse ante su propia gente la decisión.  A este respecto la opinión mayoritaria es que a pesar del escepticismo y de que no gusta mucho del lenguaje y la parafernalia empleada, dicha Conferencia ha facilitado un objetivo que todos podemos suscribir: el fin de la violencia.

El impuesto deseado

El impuesto de patrimonio aprobado en consejo de ministros el pasado día 16 de septiembre, que gravará las rentas mayores de 700.000 euros, es una iniciativa loable, si bien quizás insuficiente dado el gran número de recursos que poseen las grandes rentas en nuestro país para minimizar o incluso evadir el pago de impuestos

“Dejad de mimar a los ricos”, dijo Warren Buffett, uno de los mayores millonarios de Estados Unidos, en una columna del New York Times, considerando que sólo habían gravado un 17,4% de sus ingresos, un porcentaje mucho más bajo que el de muchos de sus trabajadores que tributan entre un 33% y un 41%.

En nuestro país sucede algo parecido, dado que las rentas de capital no gravan lo mismo que las rentas de trabajo.  Es el caso del impuesto de la renta sobre las personas físicas, el más progresivo, pero que deja de serlo cuando se acerca a las rentas más altas, debido a que logicamente éstas consiguen ahorrar más y reinvertir, siendo los tipos de ahorro mucho más bajos que los de trabajo.  Así, rentas mayores a 600.000 euros proceden de ganancias patrimoniales que tributan entre el 19% y el 21% y solo un 28% de trabajo, que a ese nivel tributaría al 45% según afirma Juan Torres López, catedrático de economía aplicada.

Esta misma falta de progresividad se da en el impuesto sobre sociedades, que privilegia a las grandes empresas en perjuicio de las pequeñas y medianas, que son las que crean la inmensa mayor parte del empleo en España.

Además de las importantes desgravaciones que se producen por vivienda o invertir en pensiones privadas, las grandes fortunas encuentran formas mucho más ventajosas de tributación que el IRPF, por ejemplo creando sociedades que gestionen su patrimonio o a través de las Sicav: sociedades compuestas en teoría por 100 o más partícipes que tributan a un 1% por el Impuesto de Sociedades, frente al tipo general del 30%.

El aprovechamiento de las Sicav tiene lugar cuando en vez de funcionar como un fondo de inversión, son manejadas por una sola persona que de esta manera consigue diferir la tributación que debería pagar si fuera un particular, como bien explica Ramón Muñoz en su articulo.

Los economistas suelen coincidir en que la gran utilidad de este impuesto de patrimonio es la de ser un impuesto “chivato” que sirve sobre todo para destapar otras fuentes de renta más que la de proporcionar una gran fuente de recursos, (unos 1080 millones según las fuentes oficiales), o ser una medida de equidad tributaria.

La celeridad con la que, tras el amargo trance de la reforma constitucional, se ha dado vía libre a este impuesto (anteriormente dejado sin efecto por el PSOE en 2008) hace pensar en un fin eminentemente electoralista, que nos dejaría la paradoja de que, por primera vez, un impuesto pueda ser un argumento electoral a favor de un partido.

Más allá del “gesto” y de lo que este impuesto suponga para las malogradas arcas del estado, cabe repensar el sistema tributario actual en aras de una mayor progresividad y equidad, poniendo en marcha medidas efectivas para perseguir el elevado fraude fiscal, que si se atajase nos reportaría unos 80.000 millones de euros anuales.

Y sobre todo, para que no sigamos teniendo la sensación de que son las rentas medias y bajas las que están cargando con todo el peso de la crisis.

Una reforma controvertida

La enmienda de la Constitución con el fin de incluir un techo máximo de déficit que en el preacuerdo se ajusta al 0,4% del déficit estructural máximo de las Administraciones Públicas a partir de 2020, ha sido aprobada con los votos de PP y PSOE, que han pasado así una reforma muy polémica y que no ha tenido el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios ni de buena parte de la opinión pública, que considera que no debería haberse hecho una reforma de estas importancia sin convocar un referéndum.

En palabras del Gobierno y del principal partido de la oposición, la medida es necesaria para mandar un mensaje de firmeza y de confianza en el pago de la deuda a los mercados ante las posibles turbulencias que se avecinan de cara al otoño.

Sin embargo, esta idea no es compartida por algunos economistas, que consideran que el estado pierde así una herramienta de política fiscal, al limitar el gasto, típico motor de la economía en épocas de crisis y estancamiento por la falta de consumo. Además, pone en peligro el futuro del gasto social en el estado del bienestar en un momento de grave crisis, lo que puede ser muy contraproducente.  Como afirma Juan Torres López en su blog: “¿Qué adelantaría un país con tener estabilidad presupuestaria si al mismo tiempo carece del capital social y de las estructuras –físicas, educativas, sanitarias, sociales, culturales, relacionales o empresariales…- que son imprescindibles para que sus empresarios puedan crear riqueza y sus ciudadanos adquirir el imprescindible capital humano y el bienestar adecuado?”

La reforma fue gestionada por procedimiento de urgencia alcanzando la mayoría parlamentaria necesaria para su tramitación al Senado.  PSOE y PP consideran que dicho procedimiento venía contemplado en la Constitución y se justifica por la necesidad de aprobarla lo antes posible (antes del fin de la legislatura actual).

Por parte de los grupos contrarios, una enmienda de esta importancia debería tener una mayor legitimidad democrática contando con un mayor consenso de todos los grupos en el Congreso y convocando una consulta popular (referéndum).  Es, por ejemplo, la opinión de Ruben Martínez Dalmau, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia: “¿Quién puede, pues, legítimamente reformar una Constitución democrática? Si la Constitución no es otra cosa que la voluntad del poder constituyente, la respuesta a esta pregunta, desde el constitucionalismo democrático, no puede ser otra: sólo el pueblo puede modificar legítimamente su Constitución. Lo contrario es negar la naturaleza de la legitimidad del sistema democrático en el que creemos vivir”

Sin embargo, para el también catedrático Javier Pérez Royo se trataría de una necesidad para la supervivencia de la Unión Europea, y el inicio de reformas constitucionales en todos los países de la zona euro, cuyo precedente es la reforma constitucional alemana de 2009. “Puesto que no es posible todavía una Constitución Europea, hay que homogeneizar al menos las Constituciones de los distintos países en un tema tan decisivo como este.”, afirma.

Determinados especialistas consideran que es una medida que por sí sola no soluciona nada, ya que como dice José Manuel García-Margallo, vicepresidente de la comisión de asuntos económicos y monetarios del Parlamento Europeo: “se necesita un Gobierno económico, un presupuesto común, una cierta armonización fiscal, obligaciones comunes y un plan de choque para empezar a crecer”.  ya que si no se hace así podríamos asistir a la ruptura europea en dos, “un final que no interesa a nadie porque hasta los países que tienen sus cuentas más saneadas verían drásticamente mermadas sus exportaciones por la sobrevaloración de sus divisas y con su mercado natural, el europeo, gravemente debilitado. Eso sin contar con que los países europeos, aisladamente considerados, no tendrían peso alguno en los organismos internacionales que son los que deciden en este mundo globalizado”.

En el ambiente, espoleado especialmente por los partidos opositores y por movimientos afines del 15M se ha visto esta medida como una prueba más de una democracia con déficit no sólo presupuestario, sino también de representatividad.  Falta por ver también como puede afectar esto a las posibilidades del candidato socialista de cara a las elecciones del 20N, de cara a la posibilidad de remontar una diferencia que según los últimos sondeos estaba en trece puntos con respecto a Mariano Rajoy.