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El impuesto deseado

El impuesto de patrimonio aprobado en consejo de ministros el pasado día 16 de septiembre, que gravará las rentas mayores de 700.000 euros, es una iniciativa loable, si bien quizás insuficiente dado el gran número de recursos que poseen las grandes rentas en nuestro país para minimizar o incluso evadir el pago de impuestos

“Dejad de mimar a los ricos”, dijo Warren Buffett, uno de los mayores millonarios de Estados Unidos, en una columna del New York Times, considerando que sólo habían gravado un 17,4% de sus ingresos, un porcentaje mucho más bajo que el de muchos de sus trabajadores que tributan entre un 33% y un 41%.

En nuestro país sucede algo parecido, dado que las rentas de capital no gravan lo mismo que las rentas de trabajo.  Es el caso del impuesto de la renta sobre las personas físicas, el más progresivo, pero que deja de serlo cuando se acerca a las rentas más altas, debido a que logicamente éstas consiguen ahorrar más y reinvertir, siendo los tipos de ahorro mucho más bajos que los de trabajo.  Así, rentas mayores a 600.000 euros proceden de ganancias patrimoniales que tributan entre el 19% y el 21% y solo un 28% de trabajo, que a ese nivel tributaría al 45% según afirma Juan Torres López, catedrático de economía aplicada.

Esta misma falta de progresividad se da en el impuesto sobre sociedades, que privilegia a las grandes empresas en perjuicio de las pequeñas y medianas, que son las que crean la inmensa mayor parte del empleo en España.

Además de las importantes desgravaciones que se producen por vivienda o invertir en pensiones privadas, las grandes fortunas encuentran formas mucho más ventajosas de tributación que el IRPF, por ejemplo creando sociedades que gestionen su patrimonio o a través de las Sicav: sociedades compuestas en teoría por 100 o más partícipes que tributan a un 1% por el Impuesto de Sociedades, frente al tipo general del 30%.

El aprovechamiento de las Sicav tiene lugar cuando en vez de funcionar como un fondo de inversión, son manejadas por una sola persona que de esta manera consigue diferir la tributación que debería pagar si fuera un particular, como bien explica Ramón Muñoz en su articulo.

Los economistas suelen coincidir en que la gran utilidad de este impuesto de patrimonio es la de ser un impuesto “chivato” que sirve sobre todo para destapar otras fuentes de renta más que la de proporcionar una gran fuente de recursos, (unos 1080 millones según las fuentes oficiales), o ser una medida de equidad tributaria.

La celeridad con la que, tras el amargo trance de la reforma constitucional, se ha dado vía libre a este impuesto (anteriormente dejado sin efecto por el PSOE en 2008) hace pensar en un fin eminentemente electoralista, que nos dejaría la paradoja de que, por primera vez, un impuesto pueda ser un argumento electoral a favor de un partido.

Más allá del “gesto” y de lo que este impuesto suponga para las malogradas arcas del estado, cabe repensar el sistema tributario actual en aras de una mayor progresividad y equidad, poniendo en marcha medidas efectivas para perseguir el elevado fraude fiscal, que si se atajase nos reportaría unos 80.000 millones de euros anuales.

Y sobre todo, para que no sigamos teniendo la sensación de que son las rentas medias y bajas las que están cargando con todo el peso de la crisis.