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Tomàs Delclós, nuevo Defensor del Lector de El País

El comité de redacción de El País ha elegido a Tomás Delclós como nuevo Defensor del Lector, Javier Moreno, director del diario, hizo oficial ayer su nombramiento, después de que Milagros Pérez Oliva se despidiera el domingo pasado en su columna. El nuevo Defensor se incorporó a El País en 1982 y en el 1988 fue nombrado redactor jefe de la redacción de Cataluña y más tarde subdirector de información de Cataluña. Desde 1999 se encargaba además de la edición de El País Digital y de Ciberpaís. Es licenciado en Derecho y Ciencias de la Información.

El Defensor del Lector, o de las audiencias, es una figura de autorregulación ética que se han dado algunos medios de comunicación para promover el ejercicio de un periodismo responsable y profesional. El cargo, comparable dentro del periodismo con el del ombudsman o “Defensor del Pueblo” pretende ser un intermediario entre las quejas de los lectores y el medio en el que ejerce su función. Es por tanto, una persona contratada específicamente para representar los intereses del público ante un medio y gestionar sus quejas particulares por coberturas y tratamientos periodísticos determinados. El defensor del lector puede ser un miembro activo de la redacción o una personalidad externa del periódico o revista, en cualquier caso con un elevado perfil de credibilidad y autoridad moral. Ateniéndonos a la definición que presenta en su página web la ONO (Organization of News Ombudsmen), sus funciones serían básicamente:  “recibir e investigar quejas de los lectores de periódicos o los oyentes o espectadores de la radio y televisión acerca de la precisión, el gusto, equidad, el equilibrio y la buena cobertura de noticias”. En la página web del País, se afirma que “la figura del Defensor del Lector fue creada por la Dirección de El País para garantizar los derechos de los lectores, atender a sus dudas, quejas y sugerencias sobre los contenidos del periódico, así como para vigilar que el tratamiento de las informaciones es acorde con las reglas éticas y profesionales del periodismo. Puede intervenir a instancia de cualquier lector o por iniciativa propia.”

La figura del Defensor del Lector aparece por primera vez en Japón en 1922 en el diario Asahi Shimbun, lo imita el diario Yomiuri Shimbun en 1938, y buena parte de los medios japoneses después de la Segunda Guerra Mundial.  En Estados Unidos aparece la figura del news ombudsman en 1967, en el periódico Louisville Courier-Journal.  En Europa, el Consejo de Prensa en Suecia creo en 1969 la figura del ombudsman para supervisar a toda la prensa de ese país. Desde entonces, variantes de esa figura se han extendido por todo el mundo.  En nuestro país, fue el diario El País el primero en incorporarla en 1985. Actualmente son siete los ombudsman españoles: Patricio Gutiérrez del Álamo, Defensor del oyente y telespectador de RTVA, Pep Colleldemont i Oliva, del periódico catalán El Punt, Elena Sánchez Caballero, Defensora del espectador, del oyente y del usuario de medios interactivos de RTVE, Carlos Pérez, Defensor de la audiencia de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Josep Rovirosa, Defensor del Lector de La Vanguardia, Eva Peruga, Defensora de Igualdad de El Periódico y el Defensor del Lector de El País. El abril del año pasado se reunieron por primera vez en el I Encuentro de Defensores del Lector, Espectador e Igualdad de los medios de comunicación españoles, organizado en Barcelona por El Periódico.

“Los médicos entierran sus errores; los periodistas los publicamos” así comienza un artículo que recomiendo fervientemente, donde Juan Carlos Núñez Bustillos traza un agudo retrato del Defensor del Lector “el papel del defensor no es el de un policía que persigue a los “infractores del oficio”, ni un juez que condena o absuelve, ni el de un profesor regañón que exhibe a quien se equivoca. Su trabajo es más bien el de un mediador y el de un facilitador del diálogo” Aunque su tarea es señalar errores y decir con claridad si el periódico falló o no y por qué, su espíritu es el de “aportar una reflexión permanente sobre la manera en que se ejerce el periodismo en ese medio y sobre las formas en que se puede hacer mejor” ya que cuando los periodistas o los medios reconocen sus errores, anteponiendo la verdad a su propio ego o prestigio profesional aquello acaba redundando en una mayor credibilidad y por ende en un mayor prestigio del medio y del periodista.  Como continúa Juan Carlos “los problemas más interesantes y complejos son aquellos que están en la frontera. Se presentan cuando no existe una sola respuesta posible al tema que se plantea porque se trata de asuntos que se juegan en el difuso límite entre lo correcto y lo incorrecto (…) ¿Vale la pena publicar una fotografía sangrienta que al mismo tiempo posee un claro valor informativo? ¿La libertad de un columnista para expresar sus opiniones es absoluta? ¿Cómo tratar el caso de una víctima para no volverla doble víctima? ¿Hay casos que justifiquen la publicación de un insulto?”

El estatuto del ombudsman así como el libro de estilo son las herramientas básicas del defensor para ejercer su trabajo con independencia y eficacia. A esto hay que añadirle la consulta con expertos o personas especializadas en el tema en los que se centran las consultas de los lectores. De acuerdo con la profesora Marialuz Vicondoa Álvarez, se podría decir que la estructura habitual de la columna sería la siguiente: queja del lector, respuesta del autor, puntos del libro de estilo que hagan referencia a la queja, opinión del experto, para concluir siempre con la exposición clara de la propia opinión del defensor.

Milagros Pérez Oliva, que comenzó en el cargo en febrero de 2009, ocupandolo durante tres de los cuatro años máximos permitidos por el Estatuto del País, nos ha dejado algunas columnas memorables, con interesantes observaciones sobre dilemas clásicos de la ética periodística como el uso de las fuentes anónimas  o el equilibrio entre imágenes sensacionalistas e informativas, u otros nuevos derivados del reto que supone Internet y la Web 2.0. como el bajo nivel que a veces reportan los comentarios llenos de descalificaciones, o las misteriosas “resurrecciones” de noticias y viejos artículos. Tampoco nos olvidamos de su ejemplar crítica al artículo “Chacón y compañía” publicado en el dominical en los días previos a la elección del Secretario General del PSOE y que causó polémica por su presunto partidismo.

No me resisto a rescatar aquí algunos extractos de su despedida en la que hace una defensa apasionada de la búsqueda de la independencia y de la verdad en el periodismo, ya que como afirma: “la verdad no es un compromiso entre sus diferentes versiones”,

 (…) Una visión cínica del periodismo sostiene que la verdad no existe. Que puede haber tantas verdades como interpretaciones de la realidad. Este planteamiento es una gran trampa. Creo que los periodistas hemos sido negligentes al descuidar la defensa de la verdad. Porque la verdad, en periodismo, existe. Al menos existe la verdad de los hechos, la verdad factual. Aquello que es cierto y es comprobable (…)

Defensa que desde aquí suscribo completamente.Y finalmente, y antes de terminar me gustaría lanzar una pregunta al aire ¿Cómo será la labor de los futuros Defensores del Lector en los medios digitales?

Bajando de la nube

El cierre de Megaupload, – popular sitio de almacenamiento que permitía subir y bajar archivos de Internet- ha desatado una ola de pánico entre otras páginas similares de descarga de archivos y ha reavivado el enconado debate entre partidarios y detractores de las descargas.  Más allá de posturas radicales presentes en cada bando, el tema implica muchos matices, como la justa retribución de los derechos de autor y el peligro de legislaciones intrusivas y foráneas sobre un territorio – Internet – que muchos consideran un espacio de libertad innegociable.

“El primer lugar de almacenaje del mundo” MegaUpload, la 13ª página más visitada del planeta, con un total de 180 millones de usuarios y con 135 millones de euros ganados sólo con publicidad, fue cerrada por el FBI al incurrir en presuntos delitos de fraude, infracción penal de derechos de la propiedad y blanqueo de dinero.

Para unos se trata de una intromisión inaceptable en el territorio del libre intercambio de información que representa Internet. Para otros, el merecido cierre de una página perteneciente al primer eslabón de lo que algunos llaman la “cadena de la piratería”  

¿Quién tiene razón? Probablemente y como en tantas otras ocasiones en la vida, todos tengan un poco y ninguno la tenga toda.  El tema es complejo, más de lo que parece a simple vista y empieza por considerar el propio funcionamiento de Internet, en el espacio que se ha denominado “la nube”.

¿Qué es la nube?

La nube o cloud computing es la posibilidad de subir datos, archivos a Internet.  También la capacidad de operar un programa desde una conexión de Internet sin necesidad de tenerlo instalado en el ordenador. Aunque el concepto le resulte nuevo, piense que todos la utilizamos a menudo.  Basta con que utilicemos nuestro correo electrónico y que adjuntemos en él por ejemplo una fotografía o cualquier documento para que, “por arte de magia”, dicho documento pase a estar disponible desde cualquier ordenador, en cualquier dispositivo de cualquier parte del mundo con acceso a Internet.  La fotografía ha dejado de pertenecernos, ha pasado de tener una sóla copia en nuestro disco duro para “subir” a la nube.  Puede que la foto real se encuentra ahora en una warehouse, conocido también como centros de datos o granjas de servidores.  No dejan de ser ordenadores, más potentes y desperdigados alrededor del mundo. A partir de ese momento es casi imposible saber donde se guarda la foto original, podría estar en París, Alemania o la India.  Sólo queda esperar que Google o Microsoft cuiden de ella. 

Sí, en efecto: la nube es Internet, es la propia esencia de la red de redes.

Pero no sólo su fotografía: la reducción de costes, la velocidad, el ahorro de infraestructuras y software…las empresas empiezan a aprovechar todas las posibilidades que les brinda “la nube”.  Así, entre un 25% y un 35% de las compañías españolas tienen ya algún tipo de apolicaciones en el cloud, según apunta Carlos Colell, de Softeng. Incluso las razonables dudas sobre seguridad y confidencialidad de los archivos está empezando a resolverse con meticulosos contratos bien regulados y protegidos, y con tecnologías cada vez más fiables.  Se trata de un sector de crecimiento emergente, que puede verse afectado sin embargo por la inseguridad jurídica que en la web generan determinadas actuaciones legales.

¿Qué es la SOPA?

En el corazón de las protestas en Internet se encuentra la nueva legislación estadounidense – aún en fase de aprobación – denominada SOPA (Stop Online Piracy Act), que plantea que la fiscalía pueda obtener una orden legal con la que obligar a los proveedores de acceso a Internet a bloquear cualquier sitio, sospechoso de contener enlaces a películas, series de televisión, videojuegos o cualquier otro contenido protegido por derechos de autor.  Quizás el punto más polémico está en que el plazo para acatar dicha orden, que sería de cinco días y sin necesidad de un juicio previo. Otra de sus provisiones incluye un mandato para que motores de búsqueda como Google retiren de sus resultados los vínculos a páginas que estén relacionadas con dichos sitios.

Las protestas ante la SOPA mantienen que se trata de una ley inconstitucional que facilitará la censura y supondrá un serio riesgo para la competitividad de las empresas estadounidenses, aislándolas en una burbuja del resto del mundo. La polémica ley ha generado de inmediato actos de protesta como el “apagón” de la Wikipedia y los más radicales ciber ataques de los “hacktivistas” de Annonymous.

El problema, y aquí volvemos a nuestra querida nube, es también de jurisdicción.  Imaginemos que Internet fuera un país, incluso que fuera Estados Unidos… ¿Dónde empezaría y dónde acabarían sus fronteras?

Para Paloma Llaneza, socia directora de Razona Legaltech, este tema ha generado una enorme preocupación al ser “un ejemplo de la universalización de la jurisdicción estadounidense a los asuntos de Internet, lo que nos deja al resto de los mortales en una indefensión de facto, pues pocos serán los que puedan personarse a defender sus derechos (los de los que almacenaban contenidos legítimos) ante una jurisdicción tan lejana y con costes legales tan elevados”  En el otro lado del espejo tenemos a “un juzgador estadounidense que, mientras ejerce los derechos de su industria en el extranjero, se niega a hacer efectivos los derechos de extranjeros en su territorio cuando las empresas con sede social en su jurisdicción infringen la legislación en muchos casos, de los países a los que dirigen sus negocios…Si Google o Facebook aceptaran someterse a las normas de protección de datos europeas cuando operan en Europa, veríamos cuán complicado es hacer viable un servicio así sujeto a nuestras limitaciones legales”.

Pero si Internet es una especie de tierra sin ley… ¿Quién defiende el legítimo derecho de los autores?

Alternativas legales, ilegales y P2P

Si hay algo que pone de manifiesto el cierre de MegaUpload es las dos posturas enfrentadas, ¿irreconciliables?, entre los que defienden los derechos de autor y los que defienden el derecho al libre intercambio de archivos sean estos propiedad intelectual o no.  O para decirlo más claramente: la discusión acerca de los derechos de autor y su retribución en la era de Internet.

Pero muchos sospechan que quizás ambas posturas no sean tan irreconciliables como se piensa, podría suceder que todos estuviesen hablando de lo mismo sin saberlo, o bien con diferentes palabras…

Derecho de autor no significa derecho de copia, algo que resulta obsoleto desde el advenimiento de Internet en el que las películas, música, libros, etc., ya no viajan en soporte físico, sino que se intercambian libremente por Internet, le guste a la industria o no.  Libre intercambio de archivos no significa vulneración sistemática de la propiedad o de la justa retribución de los autores, no pudiendo sostenerse en cualquier caso el que “porque lo hacen todos” está bien hecho.  También resulta frecuente la corrupción y la evasión de impuestos, y no por ello es justificable.

¿Qué hacer pues? Algo que parece destacar como una de las conclusiones  es que si MegaUpload ha funcionado – y no cabe duda de que así ha sido, viendo los enormes beneficios de su propietario – hay un posible y lucrativo modelo de negocio.  La gente quiere consumir películas y series de otra manera distinta, incluso pagando por ellas. Ya hay varios proyectos que buscan ser una alternativa legal, como Netflix y Lovefilm (de Amazon), y las españolas Wuaki, Youzee, ADNstream, Filmin, Canal + Yomvi o Filmotech.  El problema es que, en el caso de las plataformas españolas, el catálogo es reducido, con pocos estrenos y precios altos, en comparación con el estadounidense, más consolidado.  Para Enrique Dans, especialista en Internet y nuevas tecnologías, las páginas de descargas no son el problema, sino el síntoma, y están ahí porque hay un  mercado desatendido: “La verdadera respuesta es el mercado. Lo que hay que hacer es facilitar la aparición de páginas que ofrezcan un catálogo exhaustivo, una usabilidad exquisita, unas condiciones razonables y un precio disuasorio, mientras a la vez se trabajan las relaciones para que los usuarios dejen de ver a la industria como al enemigo más acérrimo. Se puede competir con lo gratis, por supuesto que se puede”

Lo que está claro es que nadie puede luchar contra el avance tecnológico y el cambio de paradigma.  Con páginas de descarga o sin ellas, los programas P2P de intercambio de ficheros de usuario a usuario, como Kazaa o eMule seguirán funcionando.  De la industria depende pues sacar el máximo partido a la enorme cantidad de personas deseosas de seguir escuchando música y viendo películas en Internet.