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Reformar en tiempos de crisis

La reforma laboral que ha diseñado el nuevo Ejecutivo y que ha sido calificada por el mismo de “histórica”, es un instrumento que pretende cambiar el mercado laboral español para hacer ganar a las empresas españolas en competitividad. A su favor se afirma que brinda otros sistemas aparte del despido para que las empresas puedan ajustar las plantillas en tiempo de crisis. En su contra, que abarata el despido y debilita la capacidad de negociación de los trabajadores.  En lo que sí coinciden todos es en que dicha reforma por sí sola no creará empleo si no vuelve a crecer la economía, aquejada de una fuerte recesión.  En medio del debate, los sindicatos preparan movilizaciones, como la de este domingo 11 de marzo y una posible huelga general.

Aprobada por Decreto de Ley en Consejo de Ministros, y apoyada en el Congreso durante el día de ayer, la reforma es ya una realidad mientras comienza su tramitación como proyecto de ley.

Estos son los puntos más importantes de la misma. Para más detalle, puedes leer el Decreto de Medidas Urgentes para la Reforma Laboral aquí.  O lee el proyecto de ley en el BOE aquí.

  • La indemnización por despido improcedente se reduce de 45 a 33 días. La reforma laboral rebaja la indemnización por despido improcedente para los contratos indefinidos de 45 a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades en lugar de 42 como hasta ahora, si bien se respetarán los derechos adquiridos por los trabajadores que ya son fijos.
  • Ampliación de las causas del despido objetivo. El despido objetivo -que permite a las empresas echar a empleados por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción- mantiene la misma indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, pero se amplían las causas por las que la empresa puede hacer uso del mismo, así por ejemplo, la disminución persistente de ingresos durante tres trimestres consecutivos será motivo suficiente para recurrir al despido.
  • No hará falta autorización previa de la administración para los ERE. El Gobierno suprime la exigencia de autorización administrativa previa para las regulaciones de empleo, algo que sólo existe en España y Grecia.
  • Las empresas estarán obligadas a hacer plan de recolocación si despiden a más de 100 trabajadores. La reforma laboral incorpora la obligación para las empresas que despidan a más de 100 trabajadores de articular un plan de recolocación externa diseñado para un periodo de, al menos, seis meses.
  • Nuevo contrato indefinido para PYMES. El Gobierno crea un nuevo contrato indefinido para los autónomos y las PYMES con menos de 50 trabajadores, que incluye una deducción de 3.000 euros por la contratación de un primer trabajador menor de 30 años. Además, por primera vez el desempleado podrá compatibilizar voluntariamente el nuevo sueldo con el 25% de la prestación que recibe. Al mismo tiempo, para que el contrato sea “atractivo” para el empleador a éste se le deducirá el 50 % de la prestación que recibe su empleado por espacio de un año. El periodo de prueba será de un año.
  • Reorientación de las bonificaciones a la contratación. Se fomenta la contratación indefinida de los jóvenes menores de 30 años con hasta 3.600 euros, mientras que para los parados de larga duración la cifra será de hasta 4.500 euros.
    La bonificación en la cuota de la Seguridad Social de hasta 3.600 euros será para emplear a jóvenes de entre 16 y 30 años durante tres años: el primer año la bonificación será de 1.000 euros, el segundo será de 1.100 euros y el tercero de 1.200 euros.
    En el caso de los parados de larga duración mayores de 45 años deberán llevar desempleados al menos 12 meses de los 18 anteriores a la contratación. También será progresiva la bonificación: en cada uno de los tres años será de 1.300 euros, cantidad a la que se podrán sumar otros 1.500 euros si se trata de una mujer y trabaja en un sector en el que tengan poca representación.
  • Acaban los encadenamientos de contratos temporales indefinidamente. El Gobierno quiere acabar en esta reforma laboral con la dualidad por lo que se acaban los encadenamientos de contratos temporales que superen los 24 meses a partir del 31 de diciembre de 2012.
  • Derecho a 20 horas de formación anuales para todos los trabajadores. El Gobierno crea una cuenta de formación para cada trabajador que incluirá el derecho a 20 horas de formación anuales pagadas por su empresa. Los trabajadores con más de un año de antigüedad tendrán un permiso retribuido de 20 horas de formación al año pagadas por su empresa y vinculado al puesto de trabajo. Se permitirá además que los centros de formación acreditados ejecuten directamente los planes de formación.
  • Impulso de un contrato para la formación. Para reducir el elevado desempleo juvenil y evitar que los jóvenes abandonen tempranamente sus estudios, en la reforma laboral se impulsa un contrato para la formación y el aprendizaje. La edad máxima para acceder a este tipo de contrato se mantiene en 30 años hasta que la tasa de paro baje del 15%.
  • Las ETT podrán actuar como agencias de colocación. Las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) funcionarán también como agencias de colocación en colaboración con las oficinas públicas de empleo.
  • Negociación colectiva: La prórroga máxima de los convenios colectivos vencidos será de dos años. La reforma laboral pone fin a la ultraactividad indefinida de los convenios, es decir de su prórroga automática cuando vence, y establece que las partes deberán negociar un nuevo convenio en el plazo máximo de dos años, fecha en la que dejará de estar vigente.
    La reforma laboral contempla que si no se alcanzase un acuerdo entre los agentes sociales la empresa iría a la solución extrajudicial de conflictos y, en su caso, al arbitraje, manteniendo el principio de voluntariedad.
  • Los convenios de empresa tienen prioridad. Para ahondar en la flexibilidad interna de las empresas y evitar que el despido sea el último recurso al que tenga que recurrir un empresario en caso de circunstancias difíciles, la reforma introduce la prioridad de los convenios de empresa independientemente de lo que se pacte en convenios de nivel superior.
  • Las empresas con dificultades podrán ‘descolgarse’ del convenio. Se facilita a las empresas en dificultades que se puedan “descolgar” del convenio, es decir no cumplir con lo pactado por las partes.
  • Plan especial de la Inspección de Trabajo. Esta medida debe servir para combatir el fraude y la economía sumergida.
  • Los directivos de banca sancionados no recibirán indemnización por despido. Los directivos de entidades financieras que hayan sido apartados de su cargo mediante un expediente disciplinario no tendrán derecho a percibir indemnización alguna. Además, se limitan las indemnizaciones por cese de actividad de estos directivos.

Han dicho de la reforma…

“Lo que creemos que el gobierno ha buscado ahora es limitarse a proteger y ampliar el poder de decisión de las empresas españolas a costa de los derechos de los trabajadores, posiblemente en la previsión de que no va a ser capaz de mejorar las condiciones del entorno económico a corto y medio plazo y que lo que se avecina es por tanto, muchos más y peores nubarrones en el panorama económico”
 Juan Torres López, catedrático de economía de la Universidad de Sevilla y miembro de Attac España, enlace.

“Esta reforma acaba con muchos años de desprotección empresarial. En España el 70% u 80% de los despidos han sido improcedentes, cuando la situación económica no hay que justificarla. (…) Esta reforma establece mecanismos de flexibilidad para que el despido sea la última alternativa”
Miguel Ángel Lujua, presidente de Confebask enlace.

“Una reforma laboral genera o debe generar confianza. Cuando el empresario confía en la reforma, entonces, invierte en puestos de trabajo” (…) “La reforma laboral (por sí sola) no creará empleo. Para generar empleo neto, se necesita un crecimiento del PIB entre el 2-2,5% mínimo. Lo que no se producirá ni en 2012 ni en 2013. La atonía del consumo, la falta de productividad de nuestras empresas, la situación de recesión en que nos hallamos, la sorprendente estanflación en materia de IPC y el no fluir del crédito bancario a las empresas, marcan una muy negra perspectiva en cuanto a creación de empleo”.
Esteban Ceca Megan, socio director de Ceca Magán Abogados y vicepresidente de ASNALA enlace.

Antonio Sampere, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y Socio Coordinador del Área Laboral en Gómez-Acebo & Pombo, considera que esta situación refleja un fracaso del derecho del trabajo producto de la incapacidad de los interlocutores sociales para encontrar otras medidas. “además de buenas normas laborales serán necesarias, a su vez, unas buenas prácticas laborales donde se puedan lograr el apoyo de todos los interlocutores para que la reforma funcione”.

Andrés Boix Palop, profesor de Derecho Administrativo, opinó en su blog de El País que la reforma laboral ataca la negociación colectiva por dos vías: restringiendo la ultraactividad de los convenios (antes en ausencia de un nuevo convenio, cuando expiraba el que estaba en vigor, éste quedaba prorrogado y eso era un enorme acicate para que la nueva negociación hubiera de mejorar condiciones, pues rebajarlas era complicadísimo ya que en ausencia de acuerdo, sindicatos y trabajadores podían seguir disfrutando de las condiciones pactadas en el pasado), y por otra parte, porque amplía las posibilidades de “descuelgue” sectorial y empresarial (los casos en los que una empresa puede desmarcarse del convenio en vigor para la negociación en el seno de esa concreta empresa) al justificaros por cuestiones organizativas y de productividad. Boix considera que la combinación de estas dos medidas liquida la función de los convenios colectivos como mecanismos protectores del trabajador. “Si al expirar el convenio éste deja de ser obligatorio para las empresas y pueden contratar con total libertad eso llevará a los sindicatos a perder gran parte de su poder negociador frente a convenios que se quieran rehacer a la baja. Si además el descuelgue es tan fácil, la clave acaba siendo la negociación empresa por empresa, donde el trabajador es habitualmente más débil”.

El principal partido de la oposición, el PSOE ya ha anunciado que interpondrá un recurso al Constitucional si la reforma no cambia durante la tramitación parlamentaria.  Según los socialistas, las vulneraciones constitucionales serían al menos tres. Por un lado, la nueva figura del contrato para empresas de menos de 50 trabajadores con un periodo de prueba de un año. “Es un plazo para despedir libre y gratuitamente, y en la Carta Magna no cabe el despido libre sin causa justa”, ha señalado Soraya Rodríguez, portavoz del grupo socialista en el Congreso; “Aquí se estaría incumpliendo el artículo 35 de la Constitución” (derecho al trabajo). Por otro lado, la posibilidad de que el empresario cambie las condiciones de trabajo, en especial la cuantía salarial, comunicándolo con un plazo de siete días si esta modificación no afecta a más de 10 trabajadores, es algo que en su opinión iría en contra del artículo 37.1. (condiciones negociación colectiva).  En cuanto al artículo 15 (principio de igualdad), Soraya consideró como inconstitucional la imposición de un arbitraje obligatorio cuando el empresario y los representantes de los trabajadores no se pongan de acuerdo sobre los descuelgues de los convenios, ya que dicha solución, ha concluido, ya fue declarada inconstitucional en 1981 por el alto tribunal. 

La marea verde

Durante la pasada semana se han producido huelgas y movilizaciones convocadas por los sindicatos CC OO, UGT, ANPE, CSIF y Stesi en protesta por los recortes en educación  que afectan a los profesores de enseñanza pública de diferentes comunidades autónomas, en especial en Madrid, Galicia, Castilla La Mancha y Navarra.  Dichos recortes se concretan en el aumento de horas lectivas lo que en opinión de los docentes repercutirá en la calidad de la enseñanza y en la contratación de profesores interinos.  

La “marea verde” denominada así por las camisetas de ese color que suelen llevar los movilizados con el lema “escuela pública, de tod@s para tod@s” se ha manifestado en contra de las medidas anunciadas por la Comunidad de Madrid para contener el gasto, publicadas en las instrucciones del inicio de curso en la página de la CAM.

No ha sido, sin embargo, la única comunidad afectada por recortes.  Al paso de 18 a 20 horas lectivas en Madrid hay que sumar el anuncio en Castilla La Mancha de pasar de 18 a 20 horas semanales en secundaria y de 23 a 25 horas en educación infantil.  En el caso de Galicia los profesores de primaria pasarán de 21 a 25 horas lectivas.  En otras comunidades se han producido ajustes parecidos y algunas no han aumentado las horas lectivas, pero sí los alumnos por aula.  Además está el caso de que este año, en el conjunto de España, un 70% de las plazas no se ha ofertado en las oposiciones, por el 30% máximo fijado por el estado, según explicó Nicolás Fernández, el presidente nacional del ANPE, el sindicato independiente de profesores.

La crisis económica y la necesidad de reducir el déficit son las razones argumentadas por los defensores de los recortes.  En el caso de Madrid, la Consejería de Educación espera ahorrar con esta medida unos 80 millones de euros.

Por su parte, los opositores a estas medidas de ahorro piensan que el aumento de las horas lectivas afectará a la calidad de la educación porque se hará en detrimento de otras actividades: menos clases de apoyo, desdobles, refuerzos y menos tiempo en general para preparar las lecciones, según explicó el presidente de la CEAPA, principal federación de padres de alumnos.

¿Son éstas medidas necesarias?  A principios de mes unas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid encendieron el ambiente, al dar a entender que los profesores trabajaban veinte horas tan sólo, si bien más tarde rectificó asegurando que había querido decir “horas lectivas” ya que la jornada de trabajo es de 37,5 horas semanales. 

No fue la única declaración polémica, ya que dos semanas después, dejó caer que “hay fases de la educación que no tendrían por que ser obligatorias y gratuitas”  Horas después, rectificó en su perfil de twitter dando a entender que se refería a los máster, si bien hay que decir que éstos últimos no son gratuitos si no en todo caso subvencionados.

La huelga fue secundada en los dos primeros días (lunes y martes 21 y 22) por cerca de un 80% de profesores llamados a huelga, según cifras de los sindicatos, cifra mucho más reducida según fuentes del consistorio, que reconocieron en torno a un 43% el seguimiento de la huelga.  Miércoles y jueves se siguieron produciendo movilizaciones pero con mucho menor seguimiento, dado que sólo eran convocadas por CCOO.

En cuanto a movilizaciones, se contaron por miles de personas en el centro de Madrid,(aquí el baile de cifras es más grande todavía: 90.000 sindicatos, frente a 15.000 de la policía), y varios centenares en las provincias más afectadas.

Respecto a los recortes, su inevitabilidad o no y a la huelga de profesores, la opinión mayoritaria entre el profesorado parece ser que se trata de una medida que busca reducir el número de contrataciones de interinos (unos 3.000 menos según cálculos del ANPE en Madrid), dentro de una política de descrédito de lo público y desgravaciones a la escuela privada.  Es una medida por tanto, más política que económica pues a lo que la comunidad se pueda ahorrar en profesorado habría que restar el salario por desempleo de los profesores no contratados, entre otros gastos.

También hay quien considera que una reducción de gastos no tiene que llevar implícita una bajada de la calidad de la enseñanza, y que resulta irresponsable dar a entender esto por parte de los manifestantes, como afirma Julio Carabaña, catedrático de sociología en la Universidad Complutense que formó parte del ministerio de educación en los años ochenta.  Es también la opinión mayoritaria de quienes creen que se trata de una huelga con un componente eminentemente político en contra de los gobiernos del PP y de cara a la campaña por las elecciones generales.

Es, sin embargo, una opinión general que no hay mayor inversión que la educación, que si no hay más remedio que recortar, habría que intentar que la educación fuera de las partidas intocables, dada la importancia que tiene en el desarrollo de un país que además, está azotado por una crisis en gran medida estructural, de modelo productivo. Filósofos como Jose Antonio Marina o el catedrático de pedagogía Francisco Imbernón que cita Juan Antonio Aunión en su reportaje, consideran que recortar en educación ahora es un suicidio colectivo, pan para hoy y hambre para mañana.

En cuanto a la necesidad y la eficacia del gasto en educación no creo que se ponga en duda.  Pero además de invertir es importante estar seguro de que se invierte bien.  Iniciativas concretas como tutores y grupos de refuerzos en primaria y secundaria ofrecen tanto buenos resultados académicos como de retorno de la inversión.  Son justo estas las medidas que más se van a resentir por los recortes de profesores interinos.

Por de pronto, la marea verde seguirá.  Los sindicatos han convocado tres nuevos días de huelga para la educación secundaria en los días 4, 5 y 20 de octubre.  A la espera de que se reabra la mesa sectorial, los sindicatos volverán a reunirse el día 10 de octubre para valorar la incidencia de las jornadas de huelga y reforzar, en caso de que la consejería no tienda su mano a la negociación, el calendario de movilizaciones.

Es de esperar que tanto una como otra parte puedan llegar a un acuerdo sobre unas bases justas y que no se utilice este tema para hacer leña ni de la enseñanza ni de los profesores, a quienes sin duda hay que exigirles, pero también darles recursos y medios para que hagan valer su profesionalidad, y sobre todo, no rebajar su autoridad.  Es mucho lo que nos jugamos todos y al fin y al cabo y como dice Marina “para educar a un niño, hace falta la tribu entera”

El impuesto deseado

El impuesto de patrimonio aprobado en consejo de ministros el pasado día 16 de septiembre, que gravará las rentas mayores de 700.000 euros, es una iniciativa loable, si bien quizás insuficiente dado el gran número de recursos que poseen las grandes rentas en nuestro país para minimizar o incluso evadir el pago de impuestos

“Dejad de mimar a los ricos”, dijo Warren Buffett, uno de los mayores millonarios de Estados Unidos, en una columna del New York Times, considerando que sólo habían gravado un 17,4% de sus ingresos, un porcentaje mucho más bajo que el de muchos de sus trabajadores que tributan entre un 33% y un 41%.

En nuestro país sucede algo parecido, dado que las rentas de capital no gravan lo mismo que las rentas de trabajo.  Es el caso del impuesto de la renta sobre las personas físicas, el más progresivo, pero que deja de serlo cuando se acerca a las rentas más altas, debido a que logicamente éstas consiguen ahorrar más y reinvertir, siendo los tipos de ahorro mucho más bajos que los de trabajo.  Así, rentas mayores a 600.000 euros proceden de ganancias patrimoniales que tributan entre el 19% y el 21% y solo un 28% de trabajo, que a ese nivel tributaría al 45% según afirma Juan Torres López, catedrático de economía aplicada.

Esta misma falta de progresividad se da en el impuesto sobre sociedades, que privilegia a las grandes empresas en perjuicio de las pequeñas y medianas, que son las que crean la inmensa mayor parte del empleo en España.

Además de las importantes desgravaciones que se producen por vivienda o invertir en pensiones privadas, las grandes fortunas encuentran formas mucho más ventajosas de tributación que el IRPF, por ejemplo creando sociedades que gestionen su patrimonio o a través de las Sicav: sociedades compuestas en teoría por 100 o más partícipes que tributan a un 1% por el Impuesto de Sociedades, frente al tipo general del 30%.

El aprovechamiento de las Sicav tiene lugar cuando en vez de funcionar como un fondo de inversión, son manejadas por una sola persona que de esta manera consigue diferir la tributación que debería pagar si fuera un particular, como bien explica Ramón Muñoz en su articulo.

Los economistas suelen coincidir en que la gran utilidad de este impuesto de patrimonio es la de ser un impuesto “chivato” que sirve sobre todo para destapar otras fuentes de renta más que la de proporcionar una gran fuente de recursos, (unos 1080 millones según las fuentes oficiales), o ser una medida de equidad tributaria.

La celeridad con la que, tras el amargo trance de la reforma constitucional, se ha dado vía libre a este impuesto (anteriormente dejado sin efecto por el PSOE en 2008) hace pensar en un fin eminentemente electoralista, que nos dejaría la paradoja de que, por primera vez, un impuesto pueda ser un argumento electoral a favor de un partido.

Más allá del “gesto” y de lo que este impuesto suponga para las malogradas arcas del estado, cabe repensar el sistema tributario actual en aras de una mayor progresividad y equidad, poniendo en marcha medidas efectivas para perseguir el elevado fraude fiscal, que si se atajase nos reportaría unos 80.000 millones de euros anuales.

Y sobre todo, para que no sigamos teniendo la sensación de que son las rentas medias y bajas las que están cargando con todo el peso de la crisis.

Una reforma controvertida

La enmienda de la Constitución con el fin de incluir un techo máximo de déficit que en el preacuerdo se ajusta al 0,4% del déficit estructural máximo de las Administraciones Públicas a partir de 2020, ha sido aprobada con los votos de PP y PSOE, que han pasado así una reforma muy polémica y que no ha tenido el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios ni de buena parte de la opinión pública, que considera que no debería haberse hecho una reforma de estas importancia sin convocar un referéndum.

En palabras del Gobierno y del principal partido de la oposición, la medida es necesaria para mandar un mensaje de firmeza y de confianza en el pago de la deuda a los mercados ante las posibles turbulencias que se avecinan de cara al otoño.

Sin embargo, esta idea no es compartida por algunos economistas, que consideran que el estado pierde así una herramienta de política fiscal, al limitar el gasto, típico motor de la economía en épocas de crisis y estancamiento por la falta de consumo. Además, pone en peligro el futuro del gasto social en el estado del bienestar en un momento de grave crisis, lo que puede ser muy contraproducente.  Como afirma Juan Torres López en su blog: “¿Qué adelantaría un país con tener estabilidad presupuestaria si al mismo tiempo carece del capital social y de las estructuras –físicas, educativas, sanitarias, sociales, culturales, relacionales o empresariales…- que son imprescindibles para que sus empresarios puedan crear riqueza y sus ciudadanos adquirir el imprescindible capital humano y el bienestar adecuado?”

La reforma fue gestionada por procedimiento de urgencia alcanzando la mayoría parlamentaria necesaria para su tramitación al Senado.  PSOE y PP consideran que dicho procedimiento venía contemplado en la Constitución y se justifica por la necesidad de aprobarla lo antes posible (antes del fin de la legislatura actual).

Por parte de los grupos contrarios, una enmienda de esta importancia debería tener una mayor legitimidad democrática contando con un mayor consenso de todos los grupos en el Congreso y convocando una consulta popular (referéndum).  Es, por ejemplo, la opinión de Ruben Martínez Dalmau, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia: “¿Quién puede, pues, legítimamente reformar una Constitución democrática? Si la Constitución no es otra cosa que la voluntad del poder constituyente, la respuesta a esta pregunta, desde el constitucionalismo democrático, no puede ser otra: sólo el pueblo puede modificar legítimamente su Constitución. Lo contrario es negar la naturaleza de la legitimidad del sistema democrático en el que creemos vivir”

Sin embargo, para el también catedrático Javier Pérez Royo se trataría de una necesidad para la supervivencia de la Unión Europea, y el inicio de reformas constitucionales en todos los países de la zona euro, cuyo precedente es la reforma constitucional alemana de 2009. “Puesto que no es posible todavía una Constitución Europea, hay que homogeneizar al menos las Constituciones de los distintos países en un tema tan decisivo como este.”, afirma.

Determinados especialistas consideran que es una medida que por sí sola no soluciona nada, ya que como dice José Manuel García-Margallo, vicepresidente de la comisión de asuntos económicos y monetarios del Parlamento Europeo: “se necesita un Gobierno económico, un presupuesto común, una cierta armonización fiscal, obligaciones comunes y un plan de choque para empezar a crecer”.  ya que si no se hace así podríamos asistir a la ruptura europea en dos, “un final que no interesa a nadie porque hasta los países que tienen sus cuentas más saneadas verían drásticamente mermadas sus exportaciones por la sobrevaloración de sus divisas y con su mercado natural, el europeo, gravemente debilitado. Eso sin contar con que los países europeos, aisladamente considerados, no tendrían peso alguno en los organismos internacionales que son los que deciden en este mundo globalizado”.

En el ambiente, espoleado especialmente por los partidos opositores y por movimientos afines del 15M se ha visto esta medida como una prueba más de una democracia con déficit no sólo presupuestario, sino también de representatividad.  Falta por ver también como puede afectar esto a las posibilidades del candidato socialista de cara a las elecciones del 20N, de cara a la posibilidad de remontar una diferencia que según los últimos sondeos estaba en trece puntos con respecto a Mariano Rajoy.