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El juez juzgado

Baltasar Garzón, el “juez estrella” gran perseguidor de delitos que saltaron a primera línea de los medios de comunicación nacionales e internacionales, ha terminado él mismo siendo juzgado.  Como el personaje de una tragedia griega, el hombre que iluminó caminos oscuros del derecho nacional e internacional ha sido castigado por algunos de sus compañeros de judicatura con el peor delito que puede cometer un juez: prevaricación.  Hasta tres causas abiertas simultáneamente de las que una ya ha dictado sentencia, poniendo fin a una carrera inolvidable, llena de admiradores y también de peligrosos enemigos.

El 14 de mayo de 2010 Baltasar Garzón bajaría por última vez de las escaleras de la Audiencia Nacional mientras se emocionaba por los calurosos aplausos de los funcionarios de su juzgado.  Rodeado por las cámaras, el juez abandonaba el tribunal del que había sido instructor durante casi 22 años.  No volvería nunca, ya que la sentencia del Tribunal Supremo por haber ordenado las escuchas de la trama Gürtel, le inhabilitará durante once años.

Garzón saltó a la fama nacional por sus investigaciones del entorno terrorista etarra y por el caso Nécora de la mafia gallega. Después, hizo un muy criticado paréntesis para unirse al PSOE de González, pero decepcionado con el puesto que aquel le ofreció, volvió a la carrera judicial desde donde investigo la trama de los GAL en la que fueron condenados el exministro del Interior José Barrionuevo y su secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera.  Su caso más mediático, con el que saltó a la fama internacional, fue su orden de detención al dictador Augusto Pinochet en 1998. Esta actuación puso la primera piedra de la denominada Justicia Universal, que la Audiencia Nacional ejerce desde entonces para perseguir delitos de lesa humanidad como los cometidos en la base estadounidense de Guantánamo o por países como China, Ruanda y Guatemala.

El delito del que se le acusa es el de haber cometido prevaricación.  “Prevaricatio/onis: delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta una autoridad, un juez o un funcionario”, (definición RAE). “Para que se pueda considerar prevaricación, una autoridad, juez u otro funcionario público debe dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas que dicha resolución es injusta.  Para que este delito sea punible, debe ser cometido por el funcionario en el ejercició de sus competencias.  Se considera que el bien tutelado es la administración pública”.  No se trata de un delito muy común, tan sólo se han dado ocho casos en dieciseis años desde la entrada en vigor del actual Código Penal.

A pesar de que durante su carrera el Supremo había rechazado decenas de querellas contra él, en 2009 decidió abrirle tres procedimientos por autorizar las escuchas de los abogados de Gürtel en prisión con sus defendidos, por declararse competente en investigar los crímenes del franquismo y por no abstenerse de no admitir a trámite causas pendientes del Banco Santander y otras grandes empresas con causas pendientes en su juzgado.

Este es un pequeño resúmen de las tres causas contra él:

  1. Causa por investigar los crímenes del franquismo.  Según la acusación, dichos delitos estaban amnistiados, habían prescrito y no eran competencia de la Audiencia Nacional.  Sin embargo, según instituciones de derechos humanos como el Tribunal Penal Internacional, en ningún caso los crímenes contra la humanidad prescriben, siendo por otro lado insuficiente la ley de amnistía de 1977.  En la misma línea, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU ha remitido a las recomendaciones emitidas en 2009 por el Comité de Derechos Humanos, según la cual España debería revocar dicha ley de amnistía.  El caso además ha sido polémico por razones de procedimiento, como el hecho de que la única acusación sea la del sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, sin que hayan presentado cargos contra él ni el Ministerio Público, ni ninguna parte directamente perjudicada por sus actuaciones.  También ha habido dudas sobre la imparcialidad objetiva de los magistrados, ejemplificada en el hecho de que el juez Luciano Varela facilitara a la acusación de Manos Limpias y Falange Española varios intentos para cambiar la redacción de su acusación con el fin de poder admitirla a trámite.
  2. Rechazar una querella contra un banco que le financió.  El 28 de enero de 2010, también por unanimidad, el Supremo abre una causa para investigar al juez por presuntos delitos de prevaricación y cohecho por el dinero que solicitó personalmente y recibió del entonces BSCH, BBVA, Cepsa, Endesa y Telefónica para financiar actividades durante su estancia en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006.  El delito se abría cometido porque al reincorporarse a la Audiencia Nacional, Garzón recibió una querella dirigida contra el presidente del entonces BSCH, Emilio Botín, y otros directivos de la entidad que unos meses antes había entregado una importante aportación para organizar dos series de coloquios.  Sin abstenerse, Garzón inadmitió esa querella. De nuevo, el procedimiento ha dado que hablar, al ser Manuel Marchena, el que instruyó el caso, uno de los juzgadores del mismo. Si bien ha sido archivado por prescripción, se ha puesto en duda la actuación del juez, al no levantar en el auto la sospecha de que los hechos “eran indiciarios de un delito de cohecho impropio”. 
  3. Gürtel: intervenir las conversaciones abogado-imputado.  Tras más de un año de investigación, en febrero de 2009 el juez Baltasar Garzón destapa a la red Gürtel.  Se investiga a un entramado de empresas que logró contratos millonarios con Administraciones gobernadas por el PP. Garzón envía a prisión a Francisco Correa, cabecilla de la trama, a su primo Antoine Sánchez y al exsecretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo. Durante la instrucción del caso, el juez ordena intervenir las conversaciones que los principales dirigentes de la trama mantienen con sus abogados al entender que pueden estar tratando de ocultar “millones de euros” en el extranjero.  Es el delito por el cual finalmente ha sido condenado a 11 años de inhabilitación.  Al igual que las otras dos causas, ha estado salpicada de dudas en cuanto a su procedimiento: La Fiscalía del Supremo calificó en febrero de 2010 de “fraude de ley” la querella presentada por el abogado Ignacio Peláez, pero el Supremo la admitió a trámite de todas formas. El fiscal presentó entonces un recurso de súplica al tribunal contra la admisión de la querella que fue rechazado. En ese recurso, el ministerio público argumentaba que la intervención de las grabaciones había contado en todo momento con la autorización judicial necesaria y que además habían proporcionado datos clave sobre las actividades de blanqueo de capitales de los imputados.  La sentencia condenatoria afirma que se atentó injustificadamente contra el derecho de defensa, al no existir “datos de ninguna clase que indicaran que los letrados mencionados en los hechos probados estaban aprovechando el ejercicio de defensa para cometer nuevos delitos” En cuanto al hecho de que para ser considerado prevaricación el juez debe saber que dicha acción es injusta afirma que “la resolución no se reputa injusta porque el juez la considere así (…) Lo que importa es que lo acordado no es defendible en Derecho, ni podría llegarse a ello por alguno de los métodos de interpretación de las normas admitidos en Derecho”.  También hace referencia a la Ley Penitenciaria que regula los límites de confidencialidad de las comunicaciones de los presos con sus abogados, recordando que solo pueden aplicarse esos límites a los casos de terrorismo y previa orden del juez competente. 

La clave de la condena está en considerar que la actuación del juez no se debe a un error de interpretación, sino a un acto arbitrario. “La injusticia consistió en acoger una interpretación de la ley según la cual podía intervenir las comunicaciones entre el imputado preso y su letrado defensor basándose solamente en la existencia de indicios respecto a la actividad criminal del primero, sin considerar necesario que tales indicios afectaran a los letrados”.  Al obrar de este modo, Garzón se abría apartado de las doctrinas del Tribunal Constitucional y del Supremo, “sin que su opción interpretativa viniera acompañada de un mínimo razonamiento explicativo de las razones que la sustentaban”.  Sin embargo, en opinión de Francesc Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB, no se puede probar que la resolución de Garzón de ordenar las escuchas sea ilegal, por lo que el elemento objetivo de la prevaricación (que la resolución sea injusta) al no cumplirse, deja inoperante el elemento subjetivo (que lo haga a sabiendas); “La Ley General Penitenciaria, de aplicación al caso, establece en su artículo 51.2 que la comunicación entre el recluso y su abogado sólo puede ser interceptada “por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo”.  La interpretación de este precepto no es clara: puede considerarse que sólo permite la intervención en los supuestos de terrorismo o siempre que la autoridad judicial lo considere oportuno en cualquier tipo de delito.  (…) Por tanto, Garzón – de acuerdo con parte de la doctrina y con el respaldo de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, además de otras resoluciones de tribunales españoles – se acoge a la interpretación del artículo 51.2 de la ley penitenciaria según la cual un juez instructor, si lo cree conveniente, puede intervenir las comunicaciones entre abogado y recluso con la finalidad de proseguir su legítima labor investigadora, siempre que tal medida sea motivada y proporcionada a la finalidad que se pretende. No obstante, es cierto que Garzón se aparta de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en este punto, pero dicha jurisprudencia “no es vinculante”.  Joan Queralt catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona en palabras a Time: “No fue correcto ordenar las escuchas, pero cuando otros jueces hicieron lo mismo, sus casos fueron desestimados, pero no acusados de prevaricación.  Es como expulsar a un doctor porque uno de sus pacientes murió”.  “La prevaricación sólo es posible cuando la actuación del juez es completamente insostenible, sin ninguna posible explicación jurídica.  Es evidente que nunca puede darse este supuesto cuando la misma decisión ha sido avalada después por otro juez instructor, por la Fiscalía y por un magistrado en un voto particular y sólo se persigue a uno de ellos”, advierte Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal de la UAB.  Muchos juristas además se quejan de que esta condena puede dar al traste con la necesaria independencia de los jueces para investigar delitos de corrupción: “Lo que hay aquí es un mensaje para todos los jueces: cuidado con lo que hacéis porque si os saltáis el guión os arriesgáis a que se os considere prevaricadores”, advierte Jaume Asens, de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona.

Reacciones

Más allá de su validez jurídica, lo cierto es que la condena al juez Baltasar Garzón no es comprendida ni aceptada por gran parte de la sociedad española. El diario El País publicó un sondeo de Metroscopia que mostraba que un 61% de los encuestados pensaban que el popular juez estaba siendo objeto de una persecución.

Sin lugar a dudas, la causa contra Garzón que más polémica ha levantado ha sido la de los desaparecidos del franquismo. Decenas de miles de personas se han movilizado estos días en Madrid y otras ciudades españolas  contra la “impunidad del franquismo”.  Muchos de ellos no entienden que se quiera castigar al único juez que ha intentado enjuiciar dichos crímenes.

Human Rights Watch y otras ONG de derechos humanos hicieron un comunicado conjunto en el que afirmaban que “desde el inicio de la investigación por prevaricación contra el juez Garzón por este asunto, el Tribunal Supremo ha intentado mantener el proceso al margen del escrutinio internacional denegando la declaración de testigos expertos en derecho internacional durante el juicio”, además de advertir también del “nefasto precedente que esta visión del Tribunal Supremo supone para el acceso a la justicia de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y en general, para el comportamiento de los tribunales nacionales a nivel mundial (…) el procesamiento del juez Garzón por el delito de prevaricación, es por tanto un asunto que tiene implicaciones que trascienden a España”.

“España es hoy una brillante democracia, pero el juicio contra Garzón, que empezó la semana pasada, es un inquietante eco del pensamiento totalitario de la época franquista”, afirma New York Times en un editorial el 5 de febrero. “Garzón es quizás excesivamente ruidoso y a veces se extralimita, pero perseguirlo por indagar en los crímenes de la era franquista es una ofensa contra la justicia y la historia. El Tribunal Supremo español nunca debió aceptar el caso”, concluye.

“Aunque muchos observadores dentro y fuera de España entienden el porque de los cargos contra el juez, tanto el extraordinario tratamiento que ha recibido y el hecho de que este caso es uno de los tres que hay pendientes contra él, han convencido a muchos de que Garzón está siendo víctima de una caza de brujas”, publicó Time.

Durante estos días se ha cuestionado mucho a la instancia superior del poder judicial español.  Diversas voces se han defendido de las duras acusaciones afirmando que dichas críticas son irresponsables por cuestionar el funcionamiento de la institución de Justicia.  Almudena Bernabéu, abogada española que forma parte del CJA (Centro para la justicia y la responsabilidad de San Francisco que juzga casos de justicia internacional), y compañera de Garzón considera que los argumentos de los abogados en contra de la condena siempre respetaron la legislación

En cualquier caso, la sentencia no ayudará a la pobre valoración de una Justicia a la que un 50% de los ciudadanos confiesan tener poca confianza, según revela el IV Barómetro Externo de la Abogacía.

ACTUALIZACIÓN 27 DE FEBRERO 2012 

El Tribunal Supremo ha absuelto al exjuez Baltasar Garzón del delito de prevaricación por haber intentado abrir una investigación por los crímenes del franquismo. El alto tribunal considera que Garzón incurrió en un error, como es calificar los hechos como crímenes contra la humanidad y que de ahí cuelgan los demás errores cometidos por el exmagistrado, aunque esos errores no constituyen delito de prevaricación. Entre los errores citados en la sentencia, está que en España solo es posible realizar una investigación cuando existe una persona física a la que investigar y en este caso es obvio que todos los ministros de Franco que Garzón incluyó como presuntos imputados estaban ya muertos. También que con la legislación vigente no se podía declarar, como hizo Garzón, que los crímenes fueran crímenes contra la humanidad que es un concepto muy posterior. En realidad no es una grave crítica a Garzón, ya que la sentencia destaca que España tiene un concepto muy restrictivo del principio de legalidad. En cuanto a la ley de Amnistía, entiende el tribunal que es una ley que está vigente y que solo el Parlamento puede derogarla si lo desea, pero nunca los jueces.  Mas información aquí.

Fotografías: Antonio Jesús Pérez Fernández