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Reforma laboral ¿Un falso dilema?

Un falso dilema se caracteriza por omitir las alternativas razonables sin argumentar dicha omisión. Y contraponer que ante la situación de crisis en la que se encuentran las empresas y el paro galopante sólo cabe flexibilizar la situación del trabajador, no sólo es negar que existen otros factores a tener en cuenta, sino que encierra algunas trampas y niega principios que creíamos consolidados.

 Escucha el comentario aquí:

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Reformar en tiempos de crisis

La reforma laboral que ha diseñado el nuevo Ejecutivo y que ha sido calificada por el mismo de “histórica”, es un instrumento que pretende cambiar el mercado laboral español para hacer ganar a las empresas españolas en competitividad. A su favor se afirma que brinda otros sistemas aparte del despido para que las empresas puedan ajustar las plantillas en tiempo de crisis. En su contra, que abarata el despido y debilita la capacidad de negociación de los trabajadores.  En lo que sí coinciden todos es en que dicha reforma por sí sola no creará empleo si no vuelve a crecer la economía, aquejada de una fuerte recesión.  En medio del debate, los sindicatos preparan movilizaciones, como la de este domingo 11 de marzo y una posible huelga general.

Aprobada por Decreto de Ley en Consejo de Ministros, y apoyada en el Congreso durante el día de ayer, la reforma es ya una realidad mientras comienza su tramitación como proyecto de ley.

Estos son los puntos más importantes de la misma. Para más detalle, puedes leer el Decreto de Medidas Urgentes para la Reforma Laboral aquí.  O lee el proyecto de ley en el BOE aquí.

  • La indemnización por despido improcedente se reduce de 45 a 33 días. La reforma laboral rebaja la indemnización por despido improcedente para los contratos indefinidos de 45 a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades en lugar de 42 como hasta ahora, si bien se respetarán los derechos adquiridos por los trabajadores que ya son fijos.
  • Ampliación de las causas del despido objetivo. El despido objetivo -que permite a las empresas echar a empleados por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción- mantiene la misma indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, pero se amplían las causas por las que la empresa puede hacer uso del mismo, así por ejemplo, la disminución persistente de ingresos durante tres trimestres consecutivos será motivo suficiente para recurrir al despido.
  • No hará falta autorización previa de la administración para los ERE. El Gobierno suprime la exigencia de autorización administrativa previa para las regulaciones de empleo, algo que sólo existe en España y Grecia.
  • Las empresas estarán obligadas a hacer plan de recolocación si despiden a más de 100 trabajadores. La reforma laboral incorpora la obligación para las empresas que despidan a más de 100 trabajadores de articular un plan de recolocación externa diseñado para un periodo de, al menos, seis meses.
  • Nuevo contrato indefinido para PYMES. El Gobierno crea un nuevo contrato indefinido para los autónomos y las PYMES con menos de 50 trabajadores, que incluye una deducción de 3.000 euros por la contratación de un primer trabajador menor de 30 años. Además, por primera vez el desempleado podrá compatibilizar voluntariamente el nuevo sueldo con el 25% de la prestación que recibe. Al mismo tiempo, para que el contrato sea “atractivo” para el empleador a éste se le deducirá el 50 % de la prestación que recibe su empleado por espacio de un año. El periodo de prueba será de un año.
  • Reorientación de las bonificaciones a la contratación. Se fomenta la contratación indefinida de los jóvenes menores de 30 años con hasta 3.600 euros, mientras que para los parados de larga duración la cifra será de hasta 4.500 euros.
    La bonificación en la cuota de la Seguridad Social de hasta 3.600 euros será para emplear a jóvenes de entre 16 y 30 años durante tres años: el primer año la bonificación será de 1.000 euros, el segundo será de 1.100 euros y el tercero de 1.200 euros.
    En el caso de los parados de larga duración mayores de 45 años deberán llevar desempleados al menos 12 meses de los 18 anteriores a la contratación. También será progresiva la bonificación: en cada uno de los tres años será de 1.300 euros, cantidad a la que se podrán sumar otros 1.500 euros si se trata de una mujer y trabaja en un sector en el que tengan poca representación.
  • Acaban los encadenamientos de contratos temporales indefinidamente. El Gobierno quiere acabar en esta reforma laboral con la dualidad por lo que se acaban los encadenamientos de contratos temporales que superen los 24 meses a partir del 31 de diciembre de 2012.
  • Derecho a 20 horas de formación anuales para todos los trabajadores. El Gobierno crea una cuenta de formación para cada trabajador que incluirá el derecho a 20 horas de formación anuales pagadas por su empresa. Los trabajadores con más de un año de antigüedad tendrán un permiso retribuido de 20 horas de formación al año pagadas por su empresa y vinculado al puesto de trabajo. Se permitirá además que los centros de formación acreditados ejecuten directamente los planes de formación.
  • Impulso de un contrato para la formación. Para reducir el elevado desempleo juvenil y evitar que los jóvenes abandonen tempranamente sus estudios, en la reforma laboral se impulsa un contrato para la formación y el aprendizaje. La edad máxima para acceder a este tipo de contrato se mantiene en 30 años hasta que la tasa de paro baje del 15%.
  • Las ETT podrán actuar como agencias de colocación. Las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) funcionarán también como agencias de colocación en colaboración con las oficinas públicas de empleo.
  • Negociación colectiva: La prórroga máxima de los convenios colectivos vencidos será de dos años. La reforma laboral pone fin a la ultraactividad indefinida de los convenios, es decir de su prórroga automática cuando vence, y establece que las partes deberán negociar un nuevo convenio en el plazo máximo de dos años, fecha en la que dejará de estar vigente.
    La reforma laboral contempla que si no se alcanzase un acuerdo entre los agentes sociales la empresa iría a la solución extrajudicial de conflictos y, en su caso, al arbitraje, manteniendo el principio de voluntariedad.
  • Los convenios de empresa tienen prioridad. Para ahondar en la flexibilidad interna de las empresas y evitar que el despido sea el último recurso al que tenga que recurrir un empresario en caso de circunstancias difíciles, la reforma introduce la prioridad de los convenios de empresa independientemente de lo que se pacte en convenios de nivel superior.
  • Las empresas con dificultades podrán ‘descolgarse’ del convenio. Se facilita a las empresas en dificultades que se puedan “descolgar” del convenio, es decir no cumplir con lo pactado por las partes.
  • Plan especial de la Inspección de Trabajo. Esta medida debe servir para combatir el fraude y la economía sumergida.
  • Los directivos de banca sancionados no recibirán indemnización por despido. Los directivos de entidades financieras que hayan sido apartados de su cargo mediante un expediente disciplinario no tendrán derecho a percibir indemnización alguna. Además, se limitan las indemnizaciones por cese de actividad de estos directivos.

Han dicho de la reforma…

“Lo que creemos que el gobierno ha buscado ahora es limitarse a proteger y ampliar el poder de decisión de las empresas españolas a costa de los derechos de los trabajadores, posiblemente en la previsión de que no va a ser capaz de mejorar las condiciones del entorno económico a corto y medio plazo y que lo que se avecina es por tanto, muchos más y peores nubarrones en el panorama económico”
 Juan Torres López, catedrático de economía de la Universidad de Sevilla y miembro de Attac España, enlace.

“Esta reforma acaba con muchos años de desprotección empresarial. En España el 70% u 80% de los despidos han sido improcedentes, cuando la situación económica no hay que justificarla. (…) Esta reforma establece mecanismos de flexibilidad para que el despido sea la última alternativa”
Miguel Ángel Lujua, presidente de Confebask enlace.

“Una reforma laboral genera o debe generar confianza. Cuando el empresario confía en la reforma, entonces, invierte en puestos de trabajo” (…) “La reforma laboral (por sí sola) no creará empleo. Para generar empleo neto, se necesita un crecimiento del PIB entre el 2-2,5% mínimo. Lo que no se producirá ni en 2012 ni en 2013. La atonía del consumo, la falta de productividad de nuestras empresas, la situación de recesión en que nos hallamos, la sorprendente estanflación en materia de IPC y el no fluir del crédito bancario a las empresas, marcan una muy negra perspectiva en cuanto a creación de empleo”.
Esteban Ceca Megan, socio director de Ceca Magán Abogados y vicepresidente de ASNALA enlace.

Antonio Sampere, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y Socio Coordinador del Área Laboral en Gómez-Acebo & Pombo, considera que esta situación refleja un fracaso del derecho del trabajo producto de la incapacidad de los interlocutores sociales para encontrar otras medidas. “además de buenas normas laborales serán necesarias, a su vez, unas buenas prácticas laborales donde se puedan lograr el apoyo de todos los interlocutores para que la reforma funcione”.

Andrés Boix Palop, profesor de Derecho Administrativo, opinó en su blog de El País que la reforma laboral ataca la negociación colectiva por dos vías: restringiendo la ultraactividad de los convenios (antes en ausencia de un nuevo convenio, cuando expiraba el que estaba en vigor, éste quedaba prorrogado y eso era un enorme acicate para que la nueva negociación hubiera de mejorar condiciones, pues rebajarlas era complicadísimo ya que en ausencia de acuerdo, sindicatos y trabajadores podían seguir disfrutando de las condiciones pactadas en el pasado), y por otra parte, porque amplía las posibilidades de “descuelgue” sectorial y empresarial (los casos en los que una empresa puede desmarcarse del convenio en vigor para la negociación en el seno de esa concreta empresa) al justificaros por cuestiones organizativas y de productividad. Boix considera que la combinación de estas dos medidas liquida la función de los convenios colectivos como mecanismos protectores del trabajador. “Si al expirar el convenio éste deja de ser obligatorio para las empresas y pueden contratar con total libertad eso llevará a los sindicatos a perder gran parte de su poder negociador frente a convenios que se quieran rehacer a la baja. Si además el descuelgue es tan fácil, la clave acaba siendo la negociación empresa por empresa, donde el trabajador es habitualmente más débil”.

El principal partido de la oposición, el PSOE ya ha anunciado que interpondrá un recurso al Constitucional si la reforma no cambia durante la tramitación parlamentaria.  Según los socialistas, las vulneraciones constitucionales serían al menos tres. Por un lado, la nueva figura del contrato para empresas de menos de 50 trabajadores con un periodo de prueba de un año. “Es un plazo para despedir libre y gratuitamente, y en la Carta Magna no cabe el despido libre sin causa justa”, ha señalado Soraya Rodríguez, portavoz del grupo socialista en el Congreso; “Aquí se estaría incumpliendo el artículo 35 de la Constitución” (derecho al trabajo). Por otro lado, la posibilidad de que el empresario cambie las condiciones de trabajo, en especial la cuantía salarial, comunicándolo con un plazo de siete días si esta modificación no afecta a más de 10 trabajadores, es algo que en su opinión iría en contra del artículo 37.1. (condiciones negociación colectiva).  En cuanto al artículo 15 (principio de igualdad), Soraya consideró como inconstitucional la imposición de un arbitraje obligatorio cuando el empresario y los representantes de los trabajadores no se pongan de acuerdo sobre los descuelgues de los convenios, ya que dicha solución, ha concluido, ya fue declarada inconstitucional en 1981 por el alto tribunal.